El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, declaró el 2 de noviembre que su país va a reconstruir “con mayor capacidad” las instalaciones nucleares destruidas por los bombardeos israelíes y estadounidenses de junio. Resulta tentador desestimar sus palabras como otra bravuconada del régimen islamista. Sin embargo, son la confirmación de que, en el debate de la oligarquía gobernante sobre cómo preservar su poder tras aquella humillación, el líder supremo, Alí Jameneí, ha optado por mantener el statu quo.
La guerra de junio pilló a los dirigentes iraníes por sorpresa. También expuso la debilidad del sistema surgido de la revolución de 1979. No solo arruinó la costosa apuesta por la disuasión nuclear de Jameneí, sino que arrebató a sus militares el control del espacio aéreo y puso en entredicho a sus servicios de seguridad infiltrados por espías israelíes. La subsiguiente discusión sobre qué hacer para salvaguardar el régimen traspasó los muros de la Oficina del Líder.
Durante el verano, partidarios y contrarios de entablar nuevas negociaciones con Estados Unidos (y, en definitiva, renunciar al enriquecimiento de uranio que les exige la Administración Trump) expusieron sus argumentos en diversos foros. Unos, pragmáticos, argumentaban que la recuperación económica del país necesitaba el levantamiento de las sanciones, algo inalcanzable sin el acuerdo de Washington. Otros, defensores a ultranza del programa atómico, subrayaban la falta de fruto de concesiones anteriores.
Pezeshkian, un moderado en el sistema iraní, se alineó con los negociadores al criticar a quienes rechazaban ese diálogo. “¿Qué quieren hacer, construir otras plantas nucleares para que nos las destruyan de nuevo?”, planteó en una reunión con responsables de medios de comunicación locales, en la que también admitió su falta de autoridad para emprenderlo sin el visto bueno del líder supremo.
El giro de 180º que representan sus declaraciones del 2 de noviembre durante una visita a la sede de la Agencia de la Energía Atómica de Irán indica que Jameneí, la máxima autoridad política, militar y espiritual del país, ha cerrado el debate a favor del ala dura. De hecho, el 20 de octubre, en su primera aparición pública tras dos meses de ausencia, el líder supremo, de 86 años, mantuvo su habitual tono desafiante al rechazar la diplomacia con EE UU y ensalzar las capacidades bélicas de su país, como si nada hubiera pasado. “¿Qué autoridad tienen los estadounidenses para dictar lo que un país debe o no debe hacer si tiene una industria nuclear?”, cuestionó.
Enmarcar el objetivo de una eventual negociación como una imposición de la otra parte refleja su conocida desconfianza hacia Washington. Al mismo tiempo, supone un jarro de agua fría para los iraníes que, deseosos de salir del aislamiento que acogota su economía, aguardaban algún gesto que les diera esperanza.
Ninguna sorpresa. Su inflexibilidad ha sido la norma durante los 36 años que lleva al frente de la República Islámica, en especial en lo relativo a normalizar relaciones con EE UU. El pasado martes, con motivo del 46º aniversario de la toma de la Embajada estadounidense en Teherán, Jameneí condicionó cualquier cooperación con este país a que “corte completamente su apoyo al régimen sionista, desmantele sus bases militares en la región y deje de interferir en los asuntos iraníes”. Empecinado en los principios revolucionarios y temeroso de que la mínima reforma política acabe con el régimen, se ha encastillado. Resulta difícil que vaya a obtener un resultado distinto repitiendo la misma fórmula.
