El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha condenado este martes a veinte años de prisión a Mohamed Alí Abd al Rahman, alias Alí Kushaib, por crímenes de guerra y contra la humanidad perpetrados en Darfur (Sudán) desde 2003. El convicto, de 76 años, lideraba las milicias árabes yanyaweed, aliadas del expresidente sudanés Omar al Bashir, y es la primera persona penalizada por una violencia que persiste en un país devastado por una guerra civil que se prolongó hasta 2020, pero sumido todavía en una crisis humanitaria.
Los crímenes juzgados se cometieron entre agosto de 2003 y marzo de 2004 en Darfur, cuando el Gobierno sudanés y sus aliadas, las milicias yanyaweed, lanzaron una serie de ataques coordinados contra las comunidades fur, zaghawa y masalit, consideradas partidarias de una rebelión contra las autoridades. Este martes, durante la lectura de la sentencia, la presidenta de la sala, la jueza Joanna Korner, ha dicho que Abd-Al-Rahman “no solo dio las órdenes que se tradujeron en crímenes”, en gran medida contra los miembros de los fur. También él perpetró personalmente algunos de los delitos, “utilizando un hacha que llevaba consigo”.
En octubre pasado, los jueces lo hallaron culpable y se retiraron luego para establecer los años de cárcel ahora impuesta. En noviembre, la Fiscalía del TPI solicitó cadena perpetua para el procesado, y el fiscal Julian Nicholls mencionó el hacha. Es más, lo calificó de “asesino con hacha”. Lo llamó a su vez “criminal entusiasta, enérgico y eficaz”. El TPI contempla una pena máxima de 30 años de prisión, pero los jueces tienen la facultad de aumentarla a perpetua en casos de extrema gravedad.
Entre los 27 cargos de crímenes de guerra y contra la humanidad que pesaban en contra de Abd al Rahman, se le considera culpable, como autor directo, de asesinato y tortura, persecución y atentados contra la dignidad. Además, como coautor, junto con esas milicias y el Gobierno de Sudán, del asesinato, intento de asesinato y tortura de al menos 200 detenidos. También incitó a cometer violaciones, saqueos, destrucción de propiedades y traslado forzoso, “y sometió a hombres, mujeres y niños a un sufrimiento severo”, según los fiscales.
Naciones Unidas calcula que al menos 300.000 personas perecieron y hubo 2,5 millones de desplazados en el conflicto de Darfur. A lo largo del juicio han prestado declaración 74 testigos, 54 de ellos llamados por la Fiscalía. Se autorizó además el testimonio de 1.591 víctimas a través de un equipo de representantes legales, que relataban las atrocidades perpetradas por los yanyaweed a las órdenes del ahora condenado.
El conflicto de Darfur estalló en 2003, cuando rebeldes de la población negra africana se lanzaron contra el Gobierno sudanés por considerar que marginaba ese territorio, situado al oeste del país. Las autoridades movilizaron entonces a las milicias árabes yanyaweed, y la violencia desatada ha sido calificada de genocidio por Estados Unidos, aunque no por la ONU. En 2023, volvió la tensión al país entre las denominadas Fuerzas de Apoyo Rápido —paramilitares y herederas de las yanyaweed— y el ejército. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), han muerto al menos 40.000 personas y hay 12 millones de desplazados.
El caso de Abd al Rahman es el primero remitido al tribunal por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que ha sido juzgado, ya que Sudán no forma parte del TPI. El condenado se entregó voluntariamente en la República Centroafricana en junio de 2020, y cumplirá la pena en uno de los 16 países —entre ellos España— que han firmado acuerdos con el TPI a este efecto.
