Tetsuya Yamagami, el hombre que en 2022 mató a tiros con un arma de fuego casera al ex primer ministro japonés Shinzo Abe mientras este daba un mitin en la calle, ha sido condenado este miércoles a cadena perpetua. La sentencia ha calificado de “viles y extremadamente crueles” unos hechos que conmocionaron al país y al mundo.
Abe, quizá el político japonés más popular de las últimas décadas, había dejado la jefatura del Gobierno casi dos años antes por motivos de salud, pero seguía participando en la vida pública. Cuando el 8 de julio de 2022 fue tiroteado en la ciudad de Nara, al oeste del país, tenía 67 años.
Durante el juicio, Yamagami admitió haber sido el autor del magnicidio, pero su defensa pidió que la pena de prisión no superase los 20 años y que se le diese la posibilidad de reintegrarse en la sociedad. Sus abogados presentaron a Yamagami como víctima a su vez de un grupo religioso, y señalaron que su trágica infancia fue lo que le llevó a matar a Abe, según ha recogido la agencia nipona Kyodo.
La Fiscalía, en cambio, reclamaba la prisión perpetua argumentando la brutalidad del ataque, a plena luz del día, contra una figura pública indefensa, la premeditación del crimen —para el que Yamagami se preparó fabricando más de 10 armas—, el amplio impacto social y la irracionalidad del motivo, ya que Abe no había causado directamente daño financiero a su familia.
El acusado, de 45 años y exmiembro de las Fuerzas de Autodefensa Marítimas de Japón, afirmó en las sesiones del juicio que guardaba rencor hacia la Iglesia de la Unificación, una secta cristiana de origen coreano, porque su familia sufrió la ruina financiera debido a las grandes donaciones que su madre hizo al grupo religioso, por un total de 100 millones de yenes (unos 540.000 euros). El hermano mayor de Yamagami, que padecía linfoma, no pudo permitirse el tratamiento y se suicidó en 2015.
El condenado alegó que creía que Abe estaba “en el centro de la participación política de la Iglesia de la Unificación” en Japón, una secta que durante décadas ha prestado apoyo electoral al partido del primer ministro.
El ex primer ministro, de tendencia ultraconservadora, había sido (y aún es) el dirigente que más tiempo ha permanecido al frente del Gobierno de Japón en la historia constitucional del país: gobernó entre 2012 y 2020. La relación de Abe con la Iglesia de la Unificación fue objeto de mucha especulación antes de su muerte, especialmente en las redes sociales. En 2021 había participado como ponente en un evento relacionado con ese grupo religioso, según la BBC.
Abe seguía siendo una figura política influyente, incluso después de su renuncia en 2020, y era aún el jefe de la facción más poderosa dentro del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD), cuando el 8 de julio de 2022 llegó, poco después de las 11.00, a la estación de Yamato-Saidaiji, en Nara, para apoyar con el que sería su último discurso la reelección a la Cámara Alta de Kei Sato, un candidato de su partido.
Con el micrófono en la mano se subió a una pequeña tarima que elevaba su cuerpo y dejaba su espalda expuesta a la vía pública. Yamagami se acercó desde atrás y, con una rudimentaria pistola de dos tubos atados con cinta negra aislante, le disparó dos veces. Dos perdigones del segundo disparo alcanzaron su cuello, dañaron arterias y desencadenaron una hemorragia fatal. “Intenté no pensar en nada”, dijo Yamagami cuando uno de los magistrados le preguntó durante el juicio qué pasó por su mente en el momento de apretar el gatillo.
Abe fue trasladado en helicóptero a un hospital cercano pero, después de más de cuatro horas de esfuerzos médicos y transfusiones masivas, falleció a las 17.03 del mismo día.
El tribunal ha declarado a Yamagami culpable no solo del cargo de asesinato sino también de violar la normativa sobre disparos de armas estipulada en la ley de control de armas de fuego y espadas.
Polémica relación
La sentencia llega en un momento sensible en el archipiélago asiático, después de que la actual primera ministra, la también ultraconservadora Sanae Takaichi, que se considera discípula de Abe, anunciara el lunes la disolución de la Cámara Baja y unas elecciones legislativas anticipadas para el próximo 8 de febrero. El veredicto revive, además, la polémica por la colusión entre el partido gobernante, el conservador Partido Liberal Democrático (PLD), que ha estado en el poder sin casi interrupciones desde 1955, y un grupo religioso que ha sido su histórico respaldo electoral: la Iglesia de la Unificación.
Conocida en Occidente como “la secta Moon” y famosa por sus bodas multitudinarias, la Iglesia de la Unificación fue fundada en 1954 por el autoproclamado mesías y empresario coreano Sun Myung Moon (1920-2012). Su doctrina, de inspiración cristiana y anticomunista, categoriza a Japón como un “país Eva” cuyos ciudadanos deben expiar, casi siempre con sustanciosas donaciones, el sufrimiento infligido durante la colonización de la península de Corea —“el país Adán”— en la primera mitad del siglo XX.
El abuelo materno de Abe, el ex primer ministro Nobusuke Kishi (1896-1987), propició la entrada de la secta en Japón en la década de los años sesenta, en el contexto de la Guerra Fría, como una forma de erradicar el comunismo de sindicatos de maestros y movimientos estudiantiles.
El atentado contra Abe puso el foco mediático en esta alianza, en la que el PLD ofrecía a la Iglesia de la Unificación legitimidad social y protección política a cambio de la movilización de voluntarios y un eficaz engranaje de apoyo electoral.
A raíz del caso, se estrechó el escrutinio sobre los vínculos de la iglesia con miembros del PLD. El entonces primer ministro, Fumio Kishida, se vio obligado a purgar su gabinete de los ministros que confesaron lazos con el culto. En diciembre de 2022 se promulgó una ley para regular las tácticas manipuladoras de recaudación de fondos por parte de este tipo de organizaciones.
En 2023, el Gobierno japonés pidió la disolución de la Iglesia de la Unificación, entre otras razones por el perjuicio económico y social causado a miles de familias japonesas por sus tácticas de manipulación para obtener donaciones y captación de adeptos. La secta anunció que apelaría la revocación de su estatus legal como religión, lo que le despojará de privilegios como la exención fiscal y exigirá la liquidación de sus activos.
