Las imágenes son de terror.
Una mujer es arrastrada sobre la nieve por un agente federal de Estados Unidos mientras uno de los testigos grita que está embarazada. Ocho agentes —los conté— rodean a un inmigrante y luego varios de ellos se tiran sobre él a pesar de que ya tiene las manos tras su espalda y la cabeza contra el piso. Un niño camina, sin rumbo fijo, y cuando le preguntan dónde está su mamá apenas puede decir que se la llevó la migra (así se le conoce a ICE, la policía migratoria de Estados Unidos). Un agente le pone la rodilla en el cuello a un hombre que ya no se mueve. Conductores son detenidos sin motivo alguno, solo por la manera en que se ven, y les rompen con un martillo la ventana del auto para sacarlos por la fuerza. Padres y madres son separados a jalones de sus hijos en los pasillos de un edificio gubernamental luego de acudir a una cita para regularizar su situación migratoria.
Eso le pasó a Dylan López Contreras, un estudiante venezolano que fue arrestado en mayo del 2025 luego de una cita migratoria de rutina. Hoy sigue encarcelado en Pennsylvania. Su madre Raisa me contó que no les “dieron ninguna explicación” tras su arresto. Mientras, Dylan se pregunta desde la prisión: “¿Por qué haciendo las cosas bien tiene que pasarnos esto a nosotros?”.
Adelys Ferro, directora del Venezuelan American Caucus, uno de los grupos defensores de los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos, también tiene una pregunta: “¿Qué le hicimos a Trump?”. Muchos venezolanos, me dijo Adelys hace unos meses, se sienten “traicionados, desilusionados, decepcionados y aterrorizados”. “Yo creo que los venezolanos somos la punta del iceberg de una campaña antiinmigrante que está haciendo lo imposible por sacar del país a la mayor cantidad de latinos”, afirma.
Las cifras gubernamentales le dan la razón.
Desde que Trump llegó a la presidencia, en enero del 2025, han deportado a más de 600.000 personas y casi dos millones más se han autodeportado. Esto significa que, por primera vez en al menos medio siglo, más inmigrantes han salido de Estados Unidos que los que han entrado, según confirmaron la institución Brookings y el centro Pew. Esto convertirá rápidamente a Trump en el “deportador en jefe”, un título extraoficial que por mucho tiempo tuvo el exmandatario Barack Obama, quien deportó a tres millones de indocumentados durante sus ocho años en la presidencia.
Y supongo que, en este caso, Trump llevará con orgullo ese título. Hace poco, en un discurso, Trump se preguntó: “¿Por qué solo traemos gente de países de mierda (shithole countries, dijo en inglés)? ¿Por qué no podemos traer gente de Suecia y Noruega, solo algunos pocos? O de Dinamarca. Envíennos alguna gente buena. En cambio, siempre estamos trayendo gente de Somalia, o de lugares que son un desastre”.
En las familias donde uno o todos sus miembros son indocumentados suele haber un plan. Todos saben que tienen el derecho de no responder a las preguntas de los agentes si los detienen y no abrir la puerta a menos que les presenten una orden firmada por un juez. Aunque, en el caos de una detención, los agentes de ICE suelen hacer lo que quieran. Por eso, los adultos saben que, si los arrestan, la primera llamada debe ir a un familiar, no a un abogado (ya que no siempre están disponibles).
La rapidez con la que Trump está persiguiendo y deportando a inmigrantes, sobre todo latinoamericanos, no tiene precedente. Y lo nuevo es el fenómeno de la autodeportación. Muchos indocumentados —y hay cerca de 14 millones en Estados Unidos, según el centro Pew— han tomado la difícil decisión de regresar a sus países de origen en lugar de enfrentarse diariamente a la incertidumbre de ser detenidos y separados de sus familias.
Como Yocari Villagómez, de 23 años, nacida en México y quien llegó a California cuando tenía 11. “Yo tomé la decisión de autodeportarme porque asistí a mi entrevista de residencia (ya que está casada con un estadounidense) y fui detenida”, me dijo. Pasó tres meses en un centro de detención de migrantes y, como no encontró un proceso legal para quedarse, se autodeportó a Tijuana. “Llegar de vuelta a mi país, ya siendo una persona adulta, fue muy difícil porque no tenía un plan”.
Estados Unidos fue, por muchas décadas, el país de las segundas oportunidades. Ya no lo es. Hoy es el país de los perseguidos. El color de tu piel o tu acento al hablar inglés pueden culminar en una detención injustificada o peor, si no tienes los documentos para quedarte en el país.
Trece de cada 100 latinos que dieron su voto a Trump en las elecciones presidenciales del 2024 ya no lo harían, de acuerdo con una encuesta de la organización UnidosUS. Pero ya es demasiado tarde para arrepentirse. Cuando Trump hablaba en campaña de que quería perseguir y deportar a millones, en realidad estaba hablando de gente como ellos.
El 2026 viene mal. Trump está desatado y nadie, ni el Congreso o la Corte Suprema, se atreve a ponerle límites. Lo peor aún está por venir.
Posdata. Las entrevistas que aquí aparecen salieron originalmente en mi podcast Así Veo Las Cosas (YouTube).
Jorge Ramos, periodista mexicano afincado en Estados Unidos, presentó hasta diciembre de 2024, y durante casi cuatro décadas, el Noticiero Univisión. En 2025 fue galardonado con el premio Ortega y Gasset a la trayectoria profesional.
