La captura y el derrocamiento de Nicolás Maduro a punta de bombas en la madrugada del 3 de enero en Caracas tuvo un efecto inmediato en Managua, justo en el Reparto El Carmen, donde viven y despachan Daniel Ortega y Rosario Murillo, en un fortín urbano vigilado por policías y soldados. Los copresidentes enmudecieron durante casi 14 horas tras el ataque ordenado por el presidente Donald Trump y, cuando finalmente reaccionaron, lo hicieron de manera inusualmente cauta, sin las altisonancias de los comunicados sandinistas que suelen acribillar con adjetivos peyorativos al que suelen denominar “yankee invasor”. Tampoco mencionaron al mandatario republicano por su nombre en el comunicado que esta vez estuvo firmado por el “Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional”, y no por la pareja gobernante, como suele ser la norma en asuntos de trascendencia para ellos.
“Acompañamos de corazón, el llamado de la vicepresidenta de Venezuela, compañera Delcy Rodríguez, a defender la Verdad, la Justicia y la Vida, y a exigir la liberación inmediata del Presidente, compañero Nicolás Maduro y de la compañera Cilia Flores”, reza la primera comunicación oficial. Después de este, se vio un reforzamiento policial del complejo El Carmen, según fuentes sandinistas consultadas por EL PAÍS.
La mañana del sábado, ciudadanos también notaron un aumento de efectivos en las calles de Managua que, desde las protestas de 2018, permanecen bajo vigilancia permanente de un estado policial extendido en todo el país. También se reportó la detención del periodista retirado Oswaldo Rocha, bajo la acusación de comentar sobre la caída de Maduro en redes sociales.
El matrimonio Maduro y Flores era el principal aliado de Ortega y Murillo, aunque la relación había decaído debido a la crisis propias de ambos regímenes. En especial, se redujeron totalmente las habituales visitas del depuesto mandatario chavista a Managua cada 19 de julio, cuando se celebra aniversario de la revolución sandinista.
También había menguado el apoyo económico de Caracas a Managua, pero sin duda eran socios ideológicos políticos estrechos. Hasta la publicación de este artículo, sólo Murillo rompió el silencio de manera muy tímida en su alocución diaria, después que Jaime Hermida Castillo, representante Permanente de Nicaragua ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dio este lunes un breve mensaje de solidaridad en el Consejo Permanente convocado por Colombia.
“En estos días que han sido muy particulares, porque se ha herido la seguridad y la paz en nuestra América caribeña, nos hemos declarado en infinita hermandad con el pueblo glorioso de Bolívar, de Chávez, de Nicolás, ese pueblo honroso que hoy se eleva sobre todas las miserias, para exigir justicia y respeto a la dignidad de todos y cada uno, y a la vida de Nicolás, de Cilia, hermanos entrañables que fueron secuestrados y trasladados ilegalmente a los Estados Unidos, donde se pretende seguir hiriendo la autoridad, la dignidad y el honor de todos”, planteó Murillo en un tono confrontativo.
Nicaragua asociada al Cártel de los Soles
Para críticos de la administración nicaragüense, que Ortega y Murillo teman no es en vano, ya que la administración Trump, en especial el Secretario de Estado, Marco Rubio, los considera, junto a Caracas y La Habana, como las dictaduras a eliminar en el hemisferio. Pero también porque Washington ha vinculado a Nicaragua como un país de tránsito para la cocaína expedida desde Venezuela.
En los antecedentes judiciales del juicio abierto contra Maduro, se menciona explícitamente a Nicaragua como país de tránsito, incluso cita un episodio que involucra a Diosdado Cabello, uno de los personajes claves del círculo de hierro del chavismo. “Hacia 2009, Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello Rondón y Hugo Armando Carvajal asistieron a una reunión con un representante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en la que los participantes discutieron un cargamento de cuatro toneladas de cocaína que las FARC estaban preparadas para transportar al Cartel de los Soles. Cabello Rondón indicó que las FARC debían entregar la cocaína en un punto específico de Venezuela, donde un avión estaría esperando para trasladarla a Nicaragua, con destino posterior a México y su importación en Estados Unidos”.
Eso se lee en una primera acusación formulada por la justicia estadounidense en 2011, inicialmente contra Hugo el Pollo Carvajal, exjefe de la inteligencia militar chavista, misma que fue ampliada en 2019 mediante una acusación sustitutiva que incorporó cargos por narcoterrorismo contra Maduro, Cabello y otras altas figuras del régimen venezolano.
Sin embargo, en la actual acusación en contra de Maduro, Nicaragua no figura como puente de trasiego de estupefacientes hacia el norte, como sí se mencionan Honduras, Guatemala y México. Sin embargo, sí habla de “Centroamérica” como un corredor para el tráfico de drogas, lo cual, para juristas vinculados a este tipo de casos, deja abierta la puerta a que en el juicio contra Maduro puedan aflorar detalles que comprometan al régimen nicaragüense.
Los documentos judiciales en Estados Unidos tampoco mencionan a ningún funcionario del régimen Ortega-Murillo implicados en el trasiego de cocaína. La pareja copresidencial tampoco ha hecho ninguna referencia a estos señalamientos. No obstante, no es la primera vez que Estados Unidos señala a Nicaragua como corredor de vía libre para el tráfico de drogas. Fuera del juicio contra Maduro y sus secuaces, Washington designó en septiembre de 2025 a Nicaragua como “un país clave en el tránsito de drogas”.
Dicha designación, dictada por el Departamento de Estado, ocurrió en un contexto particular: las operaciones de Washington en el Caribe venezolano, la antesala para la enorme operación militar que terminó con la captura de Maduro y su esposa. Esta designación dinamitó el principal argumento del supuesto “muro de contención” con el que Ortega y Murillo han tratado de congraciarse con Estados Unidos, exhibiendo al Ejército de Nicaragua como un garante de la lucha antidrogas en la región.
Las relaciones en materia de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado entre Managua y Washington también se encuentran en un punto muerto, después de que Estados Unidos anunció en junio de 2025 el retiro de la Administración de Control de Drogas, conocida por sus siglas en inglés como DEA, de Nicaragua por “falta de cooperación” del régimen sandinista.
Para el abogado y analista Juan Diego Barberena, la operación en Caracas tiene un efecto inequívoco sobre Managua: “Obligar a que Ortega y Murillo se vean en el espejo de Maduro, quien por no saber ni quererse ir terminó preso”. Un precedente que, en medio de la crisis de sucesión del régimen nicaragüense, reconfigura los cálculos de poder y supervivencia de la administración copresidencial.
