Ghislaine Maxwell, mejor amiga y expareja de Jeffrey Epstein, que cumple 20 años de prisión como cómplice de la red de tráfico sexual del millonario pederasta, pidió este miércoles al juez federal de Nueva York encargado de su caso la “anulación, revocación o corrección de su condena y su sentencia”, dictada en 2021. Y lo hizo en virtud de lo que considera “nuevas pruebas sustanciales”.
Maxwell, que está en una prisión de mínima seguridad en Texas, tras un reciente traslado, habla en su solicitud de habeas corpus de mala conducta por parte del jurado, complicidad entre los abogados de las víctimas y el Gobierno, y violaciones de sus derechos procesales. “Se ocultó información exculpatoria, se presentó falso testimonio y se tergiversaron hechos relevantes ante el jurado y ante el tribunal”, afirma la conseguidora de Epstein, que se dice víctima de “una grave injusticia”, lo que, según ella, “invalida” su condena.
Más allá de sus escasas posibilidades de éxito, la maniobra legal amenaza con retrasar la publicación de los papeles de Epstein, a la que está obligado el Departamento de Justicia por una ley aprobada en noviembre, y pese a la resistencia del presidente Donald Trump, por una amplísima mayoría de ambas cámaras.
La norma da de plazo a la Administración hasta este viernes para cumplir con esa exigencia, tras meses de negarse a hacerlo. Se da por hecho que el nombre de Trump aparece en esos documentos, dado que fue amigo del financiero pederasta durante unos 15 años. Dejaron de serlo, según Trump, en 2004, antes de que Epstein fuera procesado por primera vez en Florida y mucho antes también de su muerte en una celda de máxima seguridad de Manhattan, en un incidente que el forense dictaminó que fue un suicidio.
Además de fijar en 30 días el límite para su cumplimiento, la Ley de Transparencia con los Archivos Epstein obliga a que el material publicado sea fácilmente consultable y descargable. Y autoriza a que el Departamento de Justicia censure la información que pueda ser comprometedora para las víctimas, materiales con descripciones de abuso sexual de menores, imágenes escabrosas o datos que puedan poner en peligro una investigación en activo. La fiscal general, Pam Bondi, está, con todo, obligada a justificar esas censuras y el Congreso, a redactar un informe adicional que detalle el contenido tachado en un plazo de 15 días a partir de la publicación.
Proceso en marcha
La norma también incluye otra salvedad: la publicación de los papeles no puede entorpecer un proceso judicial en marcha. Y el intento de Maxwell de reabrir su caso podría ser un escollo como el descrito en la ley.
Maxwell recibió este verano el beneficio penitenciario de su traslado a una cárcel de mínima seguridad tras reunirse en julio con un enviado del Departamento de Justicia, Todd Blanche, durante nueve horas, en dos días consecutivos. La transcripción de esas conversaciones, celebradas en mitad de la penúltima explosión de un escándalo recurrente en la vida pública estadounidense, se hizo pública después.
El Departamento de Justicia ha declarado que para cumplir con su obligación planea difundir 18 categorías de materiales recopilados en la extensa investigación sobre los delitos de tráfico sexual de Epstein, y eso incluye órdenes de registro, asientos financieros, notas de entrevistas con las víctimas y datos de dispositivos electrónicos.
La semana pasada, el juez federal del caso de Maxwell, Paul Engelmayer, aprobó la solicitud del Departamento de Justicia para desclasificar los registros del gran jurado que participó en el proceso que desembocó en la condena a la acusada.
Engelmayer había rechazado previamente hacerlo, citando una norma federal que prohíbe la divulgación de materiales de cualquier asunto que se traten ante un gran jurado, un órgano peculiar del ordenamiento jurídico estadounidense, que forma un grupo de ciudadanos que hacen de instructores guiados por el fiscal. Lo hizo después de que Trump ordenara a Bondi que pidiera la desclasificación de ese material, en un intento de aquietar las aguas de un escándalo que le persigue desde hace años, y que resurgió después de que su Administración dijera que no pensaba publicar los archivos de Epstein, pese a llevar meses prometiendo que lo haría.
La diferencia entre entonces y la decisión de esta semana está en la aprobación de la ley con la que el Congreso exige que después de múltiples liberaciones parciales de documentos, el Departamento de Justicia difunda todo lo que obra en su poder. Esa información se calcula que ocupa tres gigas.
Solo así, creen las víctimas, los diputados de ambos partidos que impulsaron la ley y una opinión pública que sigue el caso con pasión y con una creciente sombra de sospecha, se podrá tener la imagen completa de la telaraña de influencias de Epstein. También, cuántos de sus amigos ricos y famosos participaron de sus delitos con menores de hasta 14 años, o, al menos, tenían conocimiento de ellos y los encubrieron durante décadas.
