El Gobierno italiano de la ultraderechista Giorgia Meloni está pletórico tras la aprobación por los ministros europeos de Interior, el pasado 8 de diciembre, de nuevos reglamentos que reescriben normas básicas de asilo y repatriación de migrantes. Porque abren el camino a acelerar las expulsiones de migrantes y crear centros de deportación en países fuera de la UE, exactamente lo que intenta hacer Italia desde hace más de un año en Albania, pero sin éxito, frenada por sentencias judiciales amparadas en esas reglas europeas que ahora se quieren cambiar.
Por eso Meloni prevé volver a abrir el controvertido campo de detención de Gjäder, en el país balcánico, a partir de marzo de 2026. El domingo volvió a repetirlo en su mitin a las juventudes de su partido, Hermanos de Italia. No obstante, algunos juristas en Italia ya avanzan que en realidad el cuadro jurídico no está tan claro y puede seguir chocando con los tribunales.
En realidad, aún queda camino por recorrer para el vía libre desde la UE, en pleno viraje hacia las posiciones de la ultraderecha y con otros países que ya barajan deportaciones a Uganda o Montenegro. Las reformas propuestas deben pasar este miércoles el filtro de la Comisión, el Consejo y el Parlamento europeos, un trámite que se prevé que superen sin problemas. Después, se espera que las nuevas normas de asilo entren en vigor en el primer semestre de 2026. En cambio, la norma sobre repatriaciones se podrían demorar hasta 2028.
Las principales novedades del nuevo reglamento de asilo que interesan a Meloni son dos. Una es la de considerar como países seguros, donde se respetan los derechos humanos, los principales estados de origen de la migración que llega a las costas italianas desde el norte de África. Por tanto, a sus ciudadanos se les puede aplicar un protocolo rápido en frontera para rechazar sus peticiones de asilo, como el que se ha empleado en las deportaciones a Albania, pues se presupone que no tienen derecho a ello.
El nuevo texto establece ya como países seguros Bangladés, Egipto, Túnez, Marruecos, Kosovo, Colombia e India. Para Italia son clave los dos primeros, que constituyen la mayoría de las llegadas por mar. Además, según las nuevas reglas, los solicitantes de asilo pueden ser repatriados sin que la decisión de un juez de acoger su petición suspenda automáticamente su expulsión.
La segunda novedad que es música para los oídos de Meloni es la introducción de la categoría de terceros países seguros. Es decir, estados que la UE considera que respetan los derechos humanos y con los que un país comunitario puede establecer acuerdos para abrir centros de internamiento, a los que puede enviar migrantes a la espera de que se resuelvan sus solicitudes. Y luego incluso repatriarlos directamente desde allí. La nueva jerga europea les llama return hub.
Hasta ahora los tres traslados a Albania de migrantes rescatados en el mar que ha intentado Meloni, 73 personas entre octubre de 2024 y enero de 2025, han fracasado porque los jueces italianos no han convalidado la retención en frontera. Y lo han hecho precisamente con el argumento de que, según la ley europea, sus países de origen no eran seguros. En agosto, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) avaló el derecho de los jueces italianos a evaluar cada recurso, pero ahora está por ver el efecto de las nuevas reglas.
Hasta hoy, la UE no considera seguro ningún país donde el respeto de derechos básicos corra riesgos, aunque solo sea en una parte del territorio o para algún grupo de población. Pero eso es lo que ahora se quiere cambiar, se pasarán por alto estas excepciones.
Meloni, como respuesta a los reveses judiciales y dada la fortuna que ha costado el proyecto, cerca de 1.000 millones de euros, reconvirtió el campo de Gjäder en Centro de Permanencia para la Repatriación (CPR), como los que existen en Italia (aunque es tres veces más caro). Ha trasladado allí a algunas decenas de migrantes que ya estaban recluidos en Italia a la espera de su expulsión, pero en todo caso el centro, de 1.100 plazas, sigue prácticamente vacío.
A partir de marzo, el plan de Meloni sería enviar a Albania desde los centros de acogida en Italia, ya no tras ser rescatados en el mar, a migrantes que provienen de los países ya considerados seguros. Porque el campo de Gäjder ya sería a todos los efectos un return hub en tercer país seguro.
No obstante, el debate legal sigue candente. En Italia, la Asociación para los Estudios Jurídicos sobre Inmigración (ASGI) se ha mostrado muy crítica con las reformas propuestas, por ser “potencialmente arbitrarias” y reducir “mecanismos esenciales de protección”.
Por otro lado, uno de sus miembros, el jurista Gianfranco Schiavone, opina que en realidad las nuevas normas no cambian nada en el campo de Albania. Argumenta que la reforma en curso prevé que terceros países se asuman la responsabilidad de los migrantes enviados, algo que considera “con problemas jurídicos enormes y tendencialmente ilegal”, pero que es muy distinto del campo de internamiento de Gjäder, que tal como está planteado sigue siendo territorio administrativo italiano y donde por tanto rigen para los migrantes todos los derechos de la jurisdicción europea. En este sentido, el Tribunal de Apelación de Roma solicitó en octubre al TJUE que aclare justo esto, si es posible respetar todas las garantías del derecho comunitario en sedes extraterritoriales fuera de la UE. Porque estos magistrados lo consideraban muy dudoso.
