El presunto caso de corrupción en la empresa estatal Energoatom ha sacudido a la sociedad ucrania, y las decisiones para aplacar ese malestar popular no podían tardar. La destitución del actual ministro de Justicia —y antes de Energía—, German Galushchenko, ha sido anunciada este miércoles tras un consejo de ministros de urgencia. La primera ministra, Yulia Sviridenko, ha comunicado que Galushchenko, uno de los políticos más veteranos del Gobierno, será apartado del cargo temporalmente, hasta que termine la investigación que dirige la Fiscalía Anticorrupción.
La Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) registró el pasado lunes el domicilio de Galushchenko y de otros altos cargos del Gobierno y de Energoatom, la compañía que gestiona las centrales nucleares de Ucrania. Galushchenko fue ministro de Energía hasta el pasado julio. De momento hay cinco detenidos (ninguno de ellos es el ministro) y dos investigados que se han dado a la fuga, huyendo del país pocas horas antes de que se llevaran a cabo los registros. Uno de estos fugados es el rostro más comprometedor políticamente en el caso: Timur Mindich, amigo del presidente Volodímir Zelenski y socio suyo en la productora audiovisual Kvartal 95.
La NABU y la Fiscalía Anticorrupción (SAPO) han presentado más de 100 horas de grabaciones que supuestamente apuntan a que Mindich era el intermediario entre empresas privadas y los directivos de Energoatom para dar o retirar contratos a cambio de comisiones que se movían entre el 10% y el 15%. Los órganos anticorrupción calculan que el fraude supera los 86 millones de euros.
Mindich, según los reportes de la NABU, utilizaba sus contactos directos en el Gobierno y en las altas instancias del país para coordinar esta red de fraude para las arcas públicas. Sviridenko también ha anunciado el cese del consejo directivo de la empresa estatal Energoatom.
Las ciudades de Ucrania sufren este noviembre interrupciones en el suministro eléctrico de hasta 14 horas. Los ataques rusos contra el sistema energético ucranio han dejado la capacidad de producción de electricidad bajo mínimos, dependiendo en gran parte de sus todavía activas centrales nucleares. En este contexto, el escándalo en torno a Energoatom ha provocado un gran malestar y ha llevado al principal partido de la oposición, Solidaridad Europea, a anunciar que registrará en el Parlamento una moción para pedir la destitución de todo el Gobierno.
“Cuando millones de ucranios se han quedado sin electricidad durante los bombardeos, cuando los mejores entre nosotros mueren cada día en el frente, otro equipo operaba en la retaguardia, uno que llenaba los bolsillos de los elegidos”, afirmó en un comunicado Solidaridad Europea, partido liderado por el expresidente Petro Poroshenko.
Voces críticas
Servidor del Pueblo, el partido de Zelenski, ostenta la mayoría absoluta parlamentaria, pero desde sus filas han surgido voces críticas, conscientes de la difícil situación que afrontan. La presidenta del Comité Anticorrupción de la Rada —la Cámara legislativa ucrania—, la diputada de Servidor del Pueblo Anastasia Radina, exigió que Galushchenko sea cesado plenamente del cargo.
La investigación de la NABU, que lleva el nombre en clave Midas, es uno de los momentos más difíciles para el liderazgo de Zelenski. “El tsunami político solo acaba de empezar, porque afecta al círculo más cercano del presidente y muestra cómo funciona su poder vertical dentro del Estado”, señaló el martes en Espresso Daria Kaleniuk, directora del Centro Anticorrupción, destacada ONG de investigación del fraude político en Ucrania.
El caso podría perjudicar todavía más a la cúpula del poder ucranio porque la Fiscalía Anticorrupción también investiga si Mindich amañó contratos del Ministerio de Defensa con su extitular Rustem Umerov, uno de los políticos más próximos a Zelenski. Umerov, actual secretario del Consejo de Seguridad Nacional, ha negado haber cometido irregularidad alguna.
La olla a presión empezó a silbar el pasado julio, cuando Zelenski presentó por sorpresa ante la Rada una ley que cercenaba la autonomía de la NABU y la Fiscalía Anticorrupción. La propuesta de ley ponía a ambos organismos anticorrupción bajo la decisión del fiscal general, cargo nombrado por Zelenski.
El presidente retiró la iniciativa tras recibir un aluvión de críticas desde la Unión Europea y tras producirse las primeras manifestaciones en las calles de Ucrania en los casi cuatro años de guerra. Desde la NABU y la SAPO se filtró por entonces a los medios ucranios que la reforma legal que planteaba Zelenski era para suspender su investigación sobre Mindich.
