Una jueza federal ha desestimado los cargos presentados contra dos de los grandes enemigos políticos de Donald Trump, el antiguo director del FBI James Comey y la fiscal general de Nueva York Laetitia James, con el argumento de que la fiscal que los imputó había sido nombrada de manera irregular. La decisión representa un revés para los intentos del presidente estadounidense de vengarse de quienes considera que le han perjudicado en su carrera política.
La desestimación no impide que los cargos puedan volver a presentarse en el futuro, planteados por un fiscal que sí haya sido nombrado por los procedimientos debidos. Por el momento, la orden judicial cancela dos casos que habían desatado las alarmas acerca del uso político que el Departamento de Justicia de la Administración Trump, encabezado por Pam Bondi, parece estar haciendo del sistema judicial para presionar a sus enemigos.
La jueza Cameron McGowan Currie considera que el nombramiento de Lindsey Halligan como fiscal especial fue inconstitucional y sus actos para presentar las imputaciones fueron “ilegales” e “inefectivos”. Halligan, que había formado parte del equipo de abogados personales de Trump, trabajaba en la Casa Blanca como asesora cuando el presidente estadounidense la nombró a dedo en septiembre para ocupar el cargo de fiscal del distrito Este de Virginia, donde abrieron las investigaciones contra dos de sus enemigos más odiados.
Casi de inmediato, la flamante fiscal especial presentó cargos contra Comey ante un gran jurado por supuestamente mentir al Congreso. El gran jurado decidió que existían indicios suficientes para imputarle por dos de los tres cargos que proponía Halligan, perjurio y obstrucción al Congreso. Dos semanas más tarde, la antigua abogada especializada en casos inmobiliarios repitió la jugada contra James, y un gran jurado la acusó de fraude hipotecario.
Según ha determinado la juez, el nombramiento de Halligan violó leyes que limitan al Departamento de Justicia para nombrar fiscales en lo más alto de la jerarquía sin confirmación del Senado. “La señora Halligan ha ocupado el cargo de manera ilegal desde el 22 de septiembre”, escribe la magistrada. “Porque la señora Halligan carecía de autoridad legal para presentar la imputación, acepto el alegato del señor Comey y desestimo los cargos”, sentencia.
Además de argumentar que el nombramiento de Halligan era nulo, el exdirector del FBI y la fiscal general neoyorquina también alegaban, para reclamar que sus casos quedasen cancelados, que sus respectivas imputaciones son fruto de un deseo de venganza. Los abogados de Comey también argüían una serie de irregularidades en la presentación del caso ante el gran jurado. Cada uno de esos argumentos, que se siguen por vías distintas, está aún pendiente de vista judicial.
La decisión de este lunes se refiere exclusivamente al modo en que Trump nombró a Halligan al frente de uno de los equipos jurídicos más importantes de todo el Departamento de Justicia, pese a su absoluta falta de experiencia. La letrada reemplazó como fiscal del distrito Este de Virginia a un abogado mucho más experimentado, Erik Siebert, que renunció al puesto por presiones de la Administración, después de haber concluido que no había indicios suficientes para presentar cargos contra Comey.
Tras la renuncia de Siebert, Trump publicó un mensaje insólito en su red social, Truth, en el que reclamaba a Bondi la imputación de Comey y James, entre otras personalidades de las que el presidente considera que le han perjudicado en su carrera política. “¡Se tiene que hacer justicia ya!”, exigía el mandatario.
En un comunicado, James ha declarado: “me siento alentada por el triunfo de hoy, y agradecida por las oraciones y apoyo que he recibido de todos los puntos del país. Sigo sin miedo frente a estas acusaciones sin base mientras continúo la lucha por los neoyorquinos cada día”.
Comey, nombrado en 2013 por el presidente Barack Obama al frente del FBI, lanzó una investigación de su departamento sobre los lazos entre representantes rusos y la campaña electoral de Trump en 2016. En mayo de 2017, cuatro meses después de su investidura, el presidente republicano le cesó en el cargo. Desde entonces, ambos han sido fuertes críticos el uno del otro.
James, por su parte, fue la fiscal que llevó a juicio al entonces expresidente y su empresa, la Organización Trump, por fraude. La letrada ganó el caso, pero este año un tribunal de apelaciones ha cancelado la multa que el juez de primera instancia había impuesto, que para entonces ya se situaba en más de 500 millones de dólares.
Además de la fiscal y el antiguo alto cargo federal, el Departamento de Justicia también ha imputado a otro enemigo de Trump, el antiguo consejero de Seguridad Nacional John Bolton, por cargos relacionados con tenencia ilícita de documentación clasificada. Pero los expertos consideran que este caso se encuentra en otra categoría diferente a la de Comey y James: la investigación contra él se inició hace años, antes del regreso de Trump a la Casa Blanca, y se ha desarrollado de manera mucho más minuciosa.
