La brutal respuesta del régimen iraní a las protestas populares parece haber silenciado las calles, por ahora. Ni la crisis está cerrada, ni la amenaza de ayuda de Donald Trump a los manifestantes permiten respirar tranquilos a los dirigentes. Las cifras iniciales de muertos y detenidos agrandan aún más la brecha entre la población y la oligarquía gobernante. Algunos comentaristas y gran parte de la diáspora iraní anuncian el inminente colapso de la República Islámica. Nadie tiene una bola de cristal, pero la valentía de los manifestantes que se exponen al aparato de represión es insuficiente para que triunfe la revuelta. Salvo una fractura en la cúpula, una acción exterior tampoco asegura el éxito.
Las imágenes que trascienden a pesar del cerrojazo informativo son turbadoras. Cientos cuando no miles de iraníes han desafiado durante dos semanas en ciudades y pueblos de todo el país a un régimen dispuesto a dispararles incluso con más saña que en las protestas que se suceden desde hace una década. Igual que en anteriores ocasiones, el líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, ha dejado claro que no tiene intención de dar un paso atrás. ¿Por qué habría de ser diferente ahora?
El descontento ha estallado en un momento de mayor debilidad del régimen. El bombardeo de Israel y EE UU a las instalaciones nucleares el pasado junio selló el fracaso de su estrategia de seguridad apoyada en una red de grupos armados (el ominoso Eje de la Resistencia) y alianzas con países “antiimperialistas” como la Siria de Bachar el Asad o la Venezuela de Nicolás Maduro. Y a la vista de las reacciones de Rusia y China a lo ocurrido en ambas, tampoco parece que Teherán pueda esperar mucha ayuda de Moscú o Pekín.
Tal vez por ello, el Gobierno reconoció al principio que los iraníes tienen motivos (económicos) para quejarse y, aunque tardías e insuficientes, anunció algunas medidas para aliviarlos. Pero el verdadero poder iraní no está en el Ejecutivo, sino en la alianza entre el líder supremo (máxima autoridad formal) y la Guardia Revolucionaria (que controla la seguridad, la economía y la política de la República Islámica). La aparente comprensión al descontento ha servido para diferenciar entre manifestantes “legítimos” y “terroristas que intentan agradar a Donald Trump”. Las declaraciones de apoyo del presidente norteamericano solo han reforzado la paranoia del régimen.
Algunos observadores concentran su atención en el número de quienes se atreven a salir a la calle en cada vez más localidades. Pero no hay una cifra mágica que precipite el colapso. Incluso si llegaran a los tres millones que se concentraron en Teherán en 2009 contra la reelección percibida como fraudulenta del presidente Mahmud Ahmadineyad, nada está garantizado. Solo hay que recordar cómo acabaron las nutridas manifestaciones de la malograda primavera árabe en El Cairo, Túnez, Damasco o Sanáa durante 2011, o de su réplica ocho años más tarde en Bagdad y Beirut.
Las protestas difícilmente derriban una dictadura, aunque sí pueden alentar un cambio político. Pero hace falta algo más. El empujón puede venir de dentro (el régimen hace concesiones o las élites gobernantes sacrifican al líder) o de fuera (intervención extranjera). Lo saben bien los dirigentes iraníes cuyo sistema surgió precisamente de una revolución popular en 1979 y que aún recuerdan el golpe contra Mossadegh orquestado por EE UU y el Reino Unido en 1953. Por eso hasta ahora se limitaban a dejar pasar el chaparrón sin ceder ni un ápice a las demandas de la calle, a la vez que aumentaba su desconfianza hacia Occidente.
Las diferencias en la cúpula que se filtraron el pasado verano no parecen aún lo suficientemente significativas. Así que ante la imposibilidad de derribar ese muro y el deterioro de las condiciones de vida, cada vez más iraníes ponen su esperanza en una operación de EE UU. Al igual que en el apoyo a Reza Pahlaví, hijo del último shah, esas voces son más numerosas entre la diáspora (al menos seis de los 90 millones de iraníes viven fuera del país), que tiene mayor libertad para expresarse y menor exposición a las consecuencias. Dentro, el rechazo a la República Islámica convive con el temor al caos, la violencia y el riesgo de que estalle una guerra civil.
¿Cuál sería el plan? Descartada una invasión como la de Irak en 2003, Trump, que no ha aclarado qué quiere a cambio de su ayuda, podría optar por nuevas sanciones económicas (lo que agravaría aún más la situación de los iraníes), bombardeos sobre el aparato de seguridad o incluso el propio líder supremo (con el riesgo de que al sentirse más vulnerable, el régimen intensifique la represión interna) o incluso una improbable operación “a la Venezuela” (que si, como allí, deja intacta la estructura del poder tendrá escasos beneficios a corto plazo). Existe también la peligrosa opción de armar a los opositores, como algunos medios aseguran que promueve Israel.
Difícil elección para los iraníes, atrapados entre un régimen opresor y las promesas de una ayuda exterior interesada. De ahí que reconocidos opositores dentro del país, como la Nobel de la Paz Narges Mohammadí (aún encarcelada) o el director de cine Jafar Panahí, defiendan una transición pacífica sin interferencia externa. Con al menos 2.000 muertos y 20.000 detenidos (cifras sin precedentes desde la revolución de 1979), ya no está claro que eso sea posible. Todo indica que Irán aún va a sufrir antes de que el régimen se quiebre.
