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El megaincendio de Hong Kong ensombrece las elecciones “solo para patriotas” | Internacional

Última actualización: diciembre 7, 2025 10:40 am
RadioAztecaDihitall
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Patrick Liu, de 36 años, estaba durmiendo el miércoles 26 de noviembre cuando un vecino llamó a la puerta de casa: el edificio de al lado estaba en llamas. Eran cerca de las 15.15 (hora local). Él y sus padres, con los que vive desde que nació en uno de los edificios de Wang Fuk Court que ardieron en el megaincendio de Hong Kong, abandonaron a toda velocidad su departamento en la quinta planta. Once días después, con un balance de 159 muertos y 79 heridos, los tres se encuentran a las puertas de la escuela secundaria Heng Kwei, a un cuarto de hora de las torres calcinadas. Han venido desde la vivienda de realojo proporcionada por el Gobierno. Y acaban de votar en las elecciones de este domingo al Consejo Legislativo de Hong Kong, las segundas bajo el controvertido sistema “solo para patriotas”, aprobado por Pekín para garantizarse un control sin fisuras sobre el territorio autónomo.

Los comicios ya dejaron en 2021 fuera de juego al bando prodemocracia. Estos segundos estaban destinados a legitimar el nuevo status quo. La tragedia, sin embargo, ha ensombrecido el proceso, hecho pedazos la narrativa oficial, y puesto en alerta a las autoridades.

La policía ha arrestado al menos a dos personas por reclamar una mayor responsabilidad al Gobierno por el incendio; otros 11 han sido detenidos por usar las redes sociales para instar a los residentes a no votar o a emitir votos en blanco, según South China Morning Post; Pekín ha pedido que se mantenga la vigilancia ante cualquier intento de poner en peligro las elecciones, advirtiendo que las fuerzas del orden locales no se quedarán “de brazos cruzados”. Y la oficina de Seguridad Nacional de Pekín en Hong Kong ha lanzado mensajes contra los “elementos antichinos” que pretendan “causar problemas”, y contra las “fuerzas externas hostiles” que busquen generar un caos similar al de las manifestaciones a favor de la democracia de 2019.

Liu, el vecino de Wang Fuk Court, cree que el fuego ha afectado “un poco” a las elecciones. Algunos vecinos, dice, quieren castigar en las urnas a la Alianza Democrática para la Mejora y el Progreso de Hong Kong (DAB), el mayor partido pro-Pekín. Una de sus representantes del distrito de Tai Po, donde tuvo lugar el incendio, ha sido vinculada a los contratos con la constructora encargada de las obras de renovación de la urbanización. La compañía está en el ojo del huracán por el presunto uso de mallas para recubrir los edificios que no cumplían los estándares y de espumas sintéticas que posiblemente aceleraron las llamas. Numerosos vecinos se habían quejado de posibles riesgos de incendio, y planteado dudas sobre las redes.

“Quiero que se fiscalice al Gobierno y se mejoren las normas”, dice el vecino Liu. También cree que las autoridades deberían asumir responsabilidades por el incendio. “Cuando termine la investigación, alguien debería dimitir y ser castigado”. Ha preferido acudir a votar, aunque no cree que el sistema sea bueno desde el cambio en 2021.

A los pies de las torres carbonizadas se ve muchísima más gente que en las puertas de los colegios electorales. Centenares siguen acudiendo con flores a rendir tributo a las víctimas en una especie de templo improvisado en un parquecito. Rezan. Se inclinan. Algunos lloran. Escriben mensajes. La zona está empapelada con carteles de mascotas perdidas en el incendio. A veces el aire trae un leve olor a quemado.

“No hemos votado. Por supuesto que no”, dicen el señor Chu y la señora Chan, hongkoneses de 31 años que no quieren dar más señas por miedo a las autoridades. “Los candidatos a elegir eran todos más o menos igual. Prochina y progobierno”. Han preferido usar su domingo para recordar a los muertos y reflexionar sobre “cómo la ciudadanía siente esta tragedia”, y “cómo los gobiernos tratan de encubrir la verdad”.

Un grupo de personas pasa junto a publicidad que anima a votar en Hong Kong, el viernes 5 de diciembre.Guillermo Abril

Ante la actual lista de candidatos alineados con Pekín, la participación se ha convertido en casi la única cifra que puede servir como barómetro del estado de ánimo de los 4,13 millones de hongkoneses llamados a las urnas. En 2021 rondó el 30%, la más baja desde la devolución de la colonia en 1997. El Ejecutivo se había volcado en la promoción de los comicios con el fin de elevarla, y legitimar el sistema. A las 14.30 locales (siete horas menos en la España peninsular) el dato va por el 17,4%, casi un punto por encima de la de 2021.

Emily Lau, de 73 años, es una de las últimas voces del movimiento prodemocracia que habla sin tapujos. Es viernes, un par de días antes de las elecciones. Se sienta ante un café en el centro de la ciudad financiera, lejos del distrito de Tai Po, entre rascacielos que centellean al sol. Lo primero que dice es que su formación política, el Partido Democrático, del que fue presidenta y que llegó a ser una de las principales fuerzas de la oposición, ha convocado la semana que viene una asamblea general para decidir su extinción. “No podemos presentarnos a las elecciones, pero sí podemos votar nuestra disolución”, señala la ironía.

Lau fue en 1991 la primera mujer elegida de forma directa en el Consejo Legislativo, el Parlamento autónomo, del que fue miembro hasta 2016. Es el mismo organismo para el que se celebran las elecciones este domingo, y cuyo sistema fue modificado en 2021. La medida redujo la voz ciudadana a la hora de decidir sus 90 escaños y amplió la discrecionalidad y el sesgo a favor de Pekín del Comité Electoral, el órgano encargado de designar al jefe del Gobierno autónomo: hoy ese líder es John Lee, policía de carrera y responsable del aparato de seguridad durante las protestas de 2019. La idea, en palabras de Pekín, fue que solo “verdaderos patriotas” pudieran ocupar cargos de responsabilidad.

Hoy, Lau tiene multitud de amigos encarcelados, entre ellos cinco colegas de partido, a los que visita cuando puede en prisión. La última, cuenta, fue a Albert Ho, la semana pasada, en Stanley Prison, solo dos días antes de que el jurista cumpliera 74 años. Lleva más de 1.300 días encerrado, y está a la espera de un juicio en virtud de la Ley de Seguridad Nacional promulgada en 2020 con la que Pekín aplacó las manifestaciones. Se le acusa de incitar a la subversión.

Emily Lau, expresidenta del Partido Democrático, que fue en el pasado una de las principales fuerzas de la oposición, en Hong Kong, el viernes 5 de diciembre.Guillermo Abril

“La sociedad civil en Hong Kong prácticamente se ha derrumbado”, señala Lau. Políticos, periodistas, activistas y miembros de ONG están entre rejas, han echado el cierre o se han ido al extranjero. Y los que quedan son muy cuidadosos de no cruzar las líneas rojas que tampoco son demasiado claras. La autocensura se ha vuelto un elemento cotidiano.

Lau lamenta que en las elecciones algunos ciudadanos puedan sentir que no tienen una verdadera elección de candidatos: algunos no han podido reunir suficientes nominaciones como para presentarse. “Tal vez se les considere poco patriotas o algo peor”, señala. “Hong Kong ha recorrido un largo camino desde el caos de 2019”, añade. “Muchas personas, incluidos empresarios y miembros de la clase dirigente, desearían un ambiente más relajado, en el que hubiera más libertad de prensa y de expresión, la gente pudiera manifestarse pacíficamente y personas de diferentes tendencias políticas pudieran presentarse a las elecciones”. Lau dice que no pide nada raro: solo que Pekín cumpla las promesas de la Declaración Conjunta Sino-Británica de 1984, que pavimentó la devolución de Hong Kong en 1997 y sentó las bases del principio de “un país, dos sistemas”.

Ante otro café, Wang Xiangwei, exdirector de South China Morning Post, diario hongkonés de referencia, expone que el incendio ha llegado justo cuando muchos comenzaban a pensar que los peores días de Hong Kong habían pasado. “Se ha convertido en un nuevo examen de resiliencia”, dice.

Hoy reconvertido en profesor universitario y analista, Wang considera que la respuesta de los equipos de emergencia ha sido ejemplar, también la de las autoridades, facilitando ayudas y poniendo en marcha mecanismos de investigación para conocer lo ocurrido. Pero también ha expuesto fisuras en los proyectos de vivienda pública y las regulaciones de seguridad, y cree que quizá sea inevitable que el incendio se convierta en un asunto político, y que resurjan las preguntas sobre el modelo de Hong Kong: la narrativa del paso del caos a la estabilidad y la prosperidad se ha visto nublada por la furia pública ante los aparentes fallos de supervisión de los códigos de construcción.

Hasta ahora, han sido detenidas 15 personas vinculadas a los trabajos por su presunta negligencia al emplear redes por debajo de los estándares y espumas altamente inflamables que habrían contribuido a propagar el fuego. Hay otros seis detenidos relacionados con los sistemas antiincendios.

Esto a su vez ha llevado a que ciudadanos reclamen un mayor escrutinio público, despertando la reacción enfurecida de las autoridades. Miles Kwan, un universitario de 24 años, fue detenido la semana pasada tras lanzar una petición online reclamando responsabilidades que en pocas horas reunió más de 10.000 firmas. La contundencia es un indicio del nerviosismo en Pekín, que pretende evitar que la atención se dirija contra el Gobierno regional.

Wang entiende que los responsables de seguridad pueden tener sus propias razones para actuar: las protestas de 2019 comenzaron con quejas legítimas sobre una norma que permitiría las extradiciones a China continental; luego se convirtieron en manifestaciones multitudinarias contra el Gobierno. Cree, sin embargo, que estas tácticas corren el riesgo de ser “contraproducentes”.

“El jefe del Ejecutivo [John Lee] ya ha dicho que contamos con un sistema de responsabilidad política”, responde Regina Ip, veterana legisladora hongkonesa y presidenta del Nuevo Partido Popular (la cuarta formación política por número de escaños), cuando se le pregunta si cree que el Gobierno debería asumir mayor responsabilidad por el incendio. “Al final de la investigación, los implicados, ya sean contratistas, ingenieros que firmaron documentos o funcionarios, rendirán cuentas”.

Ip, de 75 años y una popular diputada en Hong Kong, anunció al filo de las elecciones que no repetiría como candidata al Consejo Legislativo. Es el momento de dar paso a las generaciones jóvenes, esboza. En estos comicios, en torno a un tercio de los candidatos son rostros nuevos y de menor edad. Diversos analistas lo interpretan como un intento de las autoridades por elevar el atractivo hacia el sistema. Ip señala, sin embargo, que el incendio tirará a la baja la participación, justo lo que las autoridades buscaban evitar.

Regina Ip, diputada del Consejo Legislativo de Hong Kong y presidenta del Nuevo Partido Popular, en su despacho, el 5 de diciembre.Guillermo Abril

Esta mujer menuda defiende de forma rotunda el Consejo Legislativo bajo el sistema “solo para patriotas”. “La eficiencia ha mejorado mucho. Hemos dicho adiós al caos y la disfunción del anterior”. Cree que la reforma fue necesaria porque las tareas del Parlamento habían sido gravemente interrumpidas por el “filibusterismo extremo” de la oposición. “Se volvieron antichinos”, añade. “Algunos querían un cambio de régimen. Eso es realmente peligroso. Es un delito contra la seguridad nacional”. No ve mal que se disuelvan organizaciones como el Partido Democrático: “Es una sabia decisión. Ya lo hizo el Partido Cívico [otra formación prodemocracia, en 2023]”.

Señala que las elecciones de corte occidental tienen una “corta historia” en Hong Kong, y asegura que el sufragio universal le daba ventaja al “bloque antigubernamental”: “Porque es más fácil quejarse que realmente hacer las cosas”. Pone como ejemplo al político populista británico Nigel Farage para subrayar esa “inestabilidad” de la democracia parlamentaria de Occidente. “No funciona de forma universal. Y en Hong Kong se volvió muy destructiva”.

En la estantería de su despacho descansa un recuerdo de los 100 años del Partido Comunista chino y, sobre el escritorio, una copia de la Ley de Seguridad Nacional regional, que ella misma ayudó a redactar y votó en 2024: hubo unanimidad entre los “patriotas” del Parlamento autónomo. Regula entre otros los delitos de traición, secesión, sedición y subversión, y es considerada la culminación de las iniciativas promovidas por Pekín para extender su control sobre la región administrativa especial.

Ip capitaneó el intento de sacarla adelante en 2003 cuando era secretaria de Seguridad. Entonces miles de personas se echaron a la calle, y el Gobierno tuvo que recular y guardarla en un cajón. Dos décadas después, con la oposición diezmada, apenas hubo voces críticas: “Es mucho más dura esta versión”, dice hojeando sus 300 páginas.

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