La crisis política en torno al expresidente de Corea del Sur Yoon Suk-yeol ha dado un nuevo giro este lunes, después de que la Fiscalía especial que lleva su caso presentara nuevos cargos en su contra. Los fiscales lo acusan de abuso de poder y de “beneficiar a un Estado enemigo”, a raíz del presunto envío de drones a Corea del Norte con el objetivo de avivar la tensión entre los dos vecinos en 2024. Las imputaciones se enmarcan en el proceso judicial abierto por su imposición de la ley marcial el pasado diciembre, un episodio que sacudió los cimientos institucionales del país y derivó en uno de los mayores escándalos de las últimas décadas en la democracia asiática, aliada clave de Estados Unidos en la región.
Según informó este mediodía (de madrugada en horario peninsular español) la portavoz de la Fiscalía, Park Ji-young, el equipo encabezado por el fiscal especial Cho Eun-suk sostiene que Yoon intentó provocar un conflicto militar entre las dos Coreas ―que oficialmente siguen en guerra, tras la firma de un armisticio en 1953― que sirviese como pretexto para declarar el régimen de excepción.
“[Yoon] y otros conspiraron para crear las condiciones que permitieran declarar la ley marcial de emergencia, aumentando así el riesgo de un enfrentamiento armado y perjudicando los intereses militares del Estado”, declaró Park en una rueda de prensa, recoge la agencia surcoreana Yonhap.
Park explicó que la acusación se apoya en un memorando redactado en octubre de 2024 por el entonces jefe de la contrainteligencia en el que instaba a “crear una situación inestable o aprovechar una oportunidad que surgiera” para aumentar la tensión y respaldar la decisión de declarar la medida extrema. De acuerdo con la portavoz de la Fiscalía, el documento señalaba que el Ejército debía apuntar a lugares clave para Pyongyang “de modo que la respuesta sea inevitable”.
Los investigadores también han presentado cargos contra tres altos mandos militares implicados en el caso: el exministro de Defensa, Kim Yong-hyun, el exjefe del Mando de Contrainteligencia de Defensa, Yeo In-hyun, y el jefe de Mando de Operaciones con Drones, Kim Yong-dae. Los dos primeros están acusados de colaboración con el enemigo y abuso de poder, mientras que el tercero enfrenta delitos más leves, por obstruir funciones oficiales y solicitar la redacción de documentación falsa para encubrir la operación.
En octubre del año pasado, Pyongyang denunció que Seúl había enviado drones a la capital norcoreana para lanzar panfletos contra el Gobierno de Kim Jong-un, y publicó fotografías de los restos de un dron militar surcoreano estrellado. Las Fuerzas Armadas surcoreanas evitaron pronunciarse sobre la presunta operación en aquel momento, una dinámica que se ha mantenido este lunes. El Ministerio de Defensa ha informado de que no hará comentarios mientras continúe el proceso judicial, según Yonhap.
Aunque los fiscales habían considerado inicialmente imputar a Yoon por “incitación a la agresión extranjera” ―delito que requiere pruebas de conspiración―, finalmente optaron por el cargo de “beneficiar al enemigo”, al concluir que el envío de drones provocó la filtración de secretos militares.
Yoon, de 64 años, fue destituido como jefe del Estado por el Tribunal Constitucional en abril, lo que abrió la puerta a que la justicia siguiera adelante investigando otros cargos criminales relacionados con los eventos del 3 de diciembre de 2024. Desde entonces, Yoon ha sido formalmente imputado por liderar una insurrección y se encuentra en prisión preventiva mientras avanza el juicio penal por este caso. De ser declarado culpable, el exdirigente podría pasar el resto de su vida entre rejas o ser incluso condenado a la pena capital, aunque sobre esta existe una moratoria desde 1997.
La Fiscalía especial que dirige Cho es un organismo autónomo dentro del sistema judicial creado en verano y que tiene facultades extraordinarias para emitir órdenes judiciales, realizar registros, interrogar a sospechosos y solicitar órdenes de arresto contra altos cargos si lo considera necesario. Previamente había acusado a Yoon de obstruir su detención y de haber ignorado los procedimientos legales y el consentimiento de su propio gabinete para proclamar el estado de excepción.
Yoon ha mantenido a lo largo de estos meses que no pretendía instaurar un régimen militar, sino que buscaba “alertar sobre las irregularidades cometidas por la oposición” (a la que acusaba de simpatizar con Corea del Norte) y “proteger la democracia de actividades antiestatales”.
