Ante las embestidas de Trump, algunos líderes optan por contemporizar. Cyril Ramaphosa, presidente de Sudáfrica, decidió plantar cara.
Las premisas, para el anfitrión del G-20, eran bien complicadas. El presidente de Estados Unidos le tendió una emboscada diplomática el pasado mayo, cuando durante una visita de su homólogo sudafricano a la Casa Blanca enarboló una manipulada retórica en contra del presunto genocidio que se está produciendo en Sudáfrica contra los blancos, una acusación desprovista de fundamento, ya que ha habido episodios de violencia, pero nada remotamente cercano a los presupuestos para cumplir con la definición de genocidio. Trump proyectó un vídeo, entregó recortes de prensa, puso en dificultades a Ramaphosa, que trató de defenderse en una situación sumamente complicada. La escena recordó de alguna manera el ataque al presidente ucranio, Volodímir Zelenski, en el mismo Despacho Oval.
A partir de ahí, Trump ha tensado la cuerda hasta el punto de no solo eludir viajar a la cumbre de Johannesburgo, sino de boicotearla por completo -esgrimiendo las mismas acusaciones de genocidio, mientras ha recibido con honores al israelí Benjamín Netanyahu-, dejando la silla de EE UU vacía y reclamando que la cita no culminara con una declaración conjunta, alegando que el G-20 es una organización que funciona por consenso y, sin Washington, no podía emitir un texto común. Por último, la Administración de Trump quiso enviar a la ceremonia de clausura de la cumbre a su encargado de negocios en Sudáfrica, Marc D. Dillard, para recoger el relevo, ya que Estados Unidos es el siguiente presidente de turno del grupo.
Frente a estas circunstancias, Ramaphosa y su Gobierno decidieron no arrugarse. Tiraron -con el apoyo de otros- hacia la declaración conjunta, en la cual además procuraron incluir palabras anatema para Trump como “género” o “cambio climático” además de desarrollar prioridades en las antípodas del universo trumpista bajo los conceptos de “solidaridad”, “igualdad” y “sostenibilidad”. Y, por otra parte, se negaron a celebrar el relevo de presidencias con un encargado de negocios, argumentando que un mandatario no pasa el testigo a un diplomático de segunda fila. El representante será recibido en una sala del Ministerio de Exteriores próximamente.
La Casa Blanca, por medio de la portavoz Anna Kelly, no tardó en expresar su disgusto, acusando a Ramaphosa de “negarse a facilitar una fluida transición de la presidencia del G-20”. “Esto, junto con el empuje de Sudáfrica para emitir una declaración conjunta de líderes a pesar de objeciones robustas y consistentes de EE UU, subraya el hecho de que ellos han convertido la presidencia del G-20 en un arma para erosionar los principios fundacionales del foro”, dijo Kelly.
Ramaphosa, que fue una de las figuras clave en la ingeniería de la transición pacífica de Sudáfrica desde el apartheid hasta el régimen democrático no discriminatorio, sufrió una gravísima derrota política en las elecciones de 2024, cuando el ANC, su partido -y el de Mandela- por primera vez en tres décadas salió de las urnas incapacitado para gobernar en solitario, con una caída desde el 57% de votos recibidos en 2019 al 40%. El mal resultado profundizó una crisis empezada con la erosión provocada por la corrupción de la era de su antecesor, Jacob Zuma, y acentuada por los insatisfactorios primeros años de gestión de Ramaphosa.
Pero el líder supo recuperar de su pasado la habilidad negociadora y ha conformado en esta legislatura un Gobierno de unidad nacional que agrupa a una decena de partidos excluyendo los más extremistas. No está exento de graves problemas -Ramaphosa tuvo que destituir de manera fulminante el pasado verano al ministro de Policía, involucrado en un escándalo de presunta corrupción-, pero ha conseguido logros, como la primera subida de la calificación de su deuda en dos décadas.
Ramaphosa también es el líder que ha capitaneado el protagonismo de Sudáfrica en la búsqueda de justicia internacional por las acciones de Israel en Gaza, presentando una denuncia por posible genocidio ante el Tribunal Internacional de Justicia.
EE UU ha manifestado su hostilidad ante Sudáfrica de distintas maneras, entre otras imponiéndole aranceles en el rango alto del abanico trumpista -un 30%-. También ha activado un programa de acogida de presuntos refugiados blancos de Sudáfrica. Cabe recordar que el país austral es sacudido por altos índice de violencia, de los cuales son víctimas sobre todo los negros. A pesar de ello, Ramaphosa y su Gobierno no han reculado en el G-20.
