La declaración casi casual del presidente Donald Trump sobre un ataque contra una instalación en Venezuela, de donde supuestamente salían barcos cargados de droga, se ha estrellado con el silencio del chavismo. El Gobierno de Nicolás Maduro no ha respondido ni se ha dado por aludido sobre lo que sería un paso más en el escalamiento del conflicto que mantienen ambos países desde agosto. Las consecuencias de la operación, presuntamente lanzada durante la Nochebuena, tampoco han sido reseñadas en el precario ecosistema de medios de Venezuela. El temido primer ataque militar por tierra de Washington ha pasado inadvertido.
Desde que comenzaron las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el Caribe, Venezuela ha sido cauteloso con sus declaraciones y reacciones. A los primeros ataques a supuestas narcolanchas que salieron del oriente de Venezuela, las autoridades venezolanas no se dieron por aludidas. Varias semanas después, con más de 20 embarcaciones destruidas y 105 personas asesinadas en alta mar, el chavismo convirtió en una bandera la condena de estas operaciones. Incluso aprobó una ley para abandonar el Estatuto de Roma en rechazo a la inacción de la Corte Penal Internacional en estos casos.
Estados Unidos ha venido aumentando la presión. Del despliegue naval pasó a la destrucción de lanchas; luego al merodeo constante de aviones de combate que han obligado a la aviación comercial a salir del espacio aéreo venezolano; finalmente, Trump ordenó la incautación de buques petroleros sancionados por Estados Unidos con la intención de secar de recursos al régimen. El último fin de semana, la Casa Blanca aumentó el número de soldados en la base que tiene en Puerto Rico.
The New York Times reveló días atrás que la administración Trump ya había discutido la “fase dos” de su campaña contra Venezuela: operaciones terrestres con unidades de élite Delta Force. Sobre la destrucción de la instalación en Nochebuena, varios altos cargos estadounidenses han respaldado las declaraciones de Trump y han confirmado a ese medio que la planta atacada se trataba de una instalación de narcotráfico, aunque no compartieron más información.
Los principales enclaves de traficantes de drogas en Venezuela están ubicados al occidente del país, en el estado Zulia, y al sur, en el estado Apure, donde la guerrilla colombiana del ELN controla parte del territorio y el negocio, incluido el cultivo de hoja de coca, de acuerdo con investigaciones recientes de Insight Crime. El oriente venezolano, de donde zarpó la primera lancha destruida por Estados Unidos, es un puerto habitual de salida de drogas hacia el Caribe.
Maduro aprobó en octubre un estado de excepción por conmoción exterior que se activaría en caso de que Estados Unidos concretara un ataque dentro del territorio nacional. Este escenario que, según lo dicho por Trump ha llegado, implicaría una restricción de las garantías constitucionales y el despliegue masivo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que acumula semanas de entrenamiento y ejercicios desde que comenzaron las hostilidades. También activaría la “lucha armada” a la que insistentemente el líder del chavismo ha llamado a sus seguidores.
El Gobierno ha articulado la llamada fusión popular-policial-militar como parte de su sistema defensivo, con el objetivo de defenderse de enemigos internos y externos y mantener la operatividad del país en infraestructuras de servicios claves. Además, ha dado entrenamiento en manejo de armas a civiles y aseguran contar con un pie de fuerza de reserva de 4,5 millones de milicianos, un componente de la fuerza armada formado por militantes y trabajadores públicos. Estos también tienen tareas de vigilancia social comunitaria para detectar actividades que, según el chavismo, puedan considerarse una amenaza para la soberanía nacional.
