La excanciller alemana Angela Merkel; el exministro del Interior de Italia Matteo Salvini; el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el primer ministro de Polonia, Donald Tusk y el exministro del Interior de España Jorge Fernández Díaz están entre las 122 personas que un consorcio internacional de abogados ha denunciado este jueves ante el Tribunal Penal Internacional de La Haya (TPI) por “crímenes contra la humanidad” por su implicación en las políticas migratorias de la UE. En concreto, por su responsabilidad en las muertes de migrantes en el Mediterráneo Central en su ruta hacia Europa desde Libia y por las torturas y otras violaciones de sus derechos que sufrieron en centros de detención de este país africano.
Entre los españoles denunciados también se encuentran la actual ministra de Defensa, Margarita Robles, la exvicepresidenta socialista Carmen Calvo, el expresidente Mariano Rajoy y el exministro de Exteriores del Partido Popular José Manuel García-Margallo.
Tras seis años de investigación, los abogados Juan Branco —que trabajó en el TPI y defendió al cofundador de WikiLeaks, Julian Assange— y Omer Shatz —director jurídico de la ONG Front-LEX— han concluido un informe jurídico de 700 páginas, al que ha tenido acceso EL PAÍS, que pone al descubierto el aparato interno de poder que diseñó e implementó dichas políticas comunitarias durante el periodo examinado (2014-2020).
El documento también incluye una base de datos con las identidades de más de 500 funcionarios europeos involucrados. De ellos, 122 son considerados “sospechosos” de ser cómplices en la comisión de estos delitos; la información de todos se ha puesto a disposición del público a través de una página web.
El informe jurídico, realizado con el apoyo del Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po), se ha elaborado a partir de entrevistas con 77 testigos —desde jefes de Estado a altos mandos de organismos comunitarios—, análisis de protocolos internos y del contenido de reuniones confidenciales de alto nivel. También se ha contado con la recopilación y filtración de documentos tanto confidenciales como públicos de los responsables de la formulación de políticas migratorias y de sus ejecutores.
Las pruebas recabadas demuestran que existen motivos razonables para creer que los sospechosos participaron en la comisión de los presuntos crímenes, según los demandantes. “Las personas no están muriendo por un desastre ambiental; hay una política, todo ha sido premeditado, y diseñado”, acusa Shatz en conversación telefónica. “El objetivo es siempre el mismo: prevenir la llegada a Europa, por lo que la pregunta [a los miembros de la UE implicados] es qué ha significado esa decisión que han tomado”.
Con base en las pruebas aportadas, los abogados solicitan al fiscal del TPI que abra un examen preliminar sobre la implicación de la UE y la responsabilidad penal de los funcionarios incluidos en la investigación en las muertes en el Mediterráneo Central, que según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) superan las 30.000 desde el año 2014. También por su responsabilidad en el “secuestro” y “traslado a la fuerza” a Libia de otros 150.000 supervivientes de los naufragios, que en el país africano fueron sometidos a prisión, tortura, violación y esclavitud en centros de detención descritos por un diplomático alemán en un cable confidencial a la canciller Merkel como “campos de concentración”.
Un caso abierto desde 2019
No es la primera vez que Branco y Shatz acuden a La Haya. En 2019 presentaron una denuncia ante el TPI, tal y como adelantó EL PAÍS, con pruebas que demostraban que las muertes en el Mediterráneo y las torturas en Libia se estaban cometiendo por culpa de las políticas de disuasión de la UE destinadas a evitar la llegada de migrantes irregulares a Europa. Esa primera demanda fundamentó jurídicamente dos políticas europeas de disuasión cuya ejecución derivó en los crímenes denunciados. Por una parte, una política de “asesinatos masivos por ahogamiento” marcada por la terminación de la Operación Mare Nostrum, centrada en el rescate, y el inicio de la Operación Tritón de Frontex (la Agencia europea de control de fronteras) en 2014, con menos presupuesto y más centrada en la vigilancia y disuasión. Esta misión y las sucesivas fueron un fracaso y provocaron un aumento de las muertes en el Mediterráneo.
La segunda política de disuasión se desarrolló cuando las ONG de salvamento marítimo humanitario llenaron el vacío “creado intencionalmente por la UE” de la Operación Mare Nostrum. En respuesta, la UE adoptó una segunda política de devoluciones masivas, marcada por la firma del Memorando de Entendimiento italo-libio y la Declaración de Malta de la UE, que condujeron a la creación de la llamada Guardia Costera Libia y que derivaron en todas las violaciones de derechos humanos registradas en el país africano.
Esta primera demanda de 2019 fue admitida por la Fiscalía del TPI un año después al ver indicios de delito, y se asignó a la investigación sobre Libia, que ya estaba en curso. En 2023, la Misión de Investigación sobre Libia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU corroboró las acusaciones de la demanda de Branco y Shatz. Sin embargo, desde 2019 hasta la fecha, la Fiscalía del TPI no ha investigado ni procesado a ningún ciudadano europeo, algo que los letrados demandantes consideran que se debe a la relación entre el TPI y la UE, una de sus principales valedoras. Por ejemplo, en el grupo de trabajo encargado de investigar crímenes de lesa humanidad contra migrantes, al que se unió la Fiscalía en 2022. También forman parte de este grupo la UE e Italia, ambos implicados en los mismos delitos que están investigando.
El TPI es el organismo competente para juzgar crímenes como genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión, y puede imponer penas máximas de hasta 30 años de prisión. Shatz asegura no tener mucha fe en que la Fiscalía realmente lleve a cabo una investigación que acabe sentando en el banquillo a alguno de los acusados. Por ello, los abogados piensan recurrir al presidente de la Sala de Cuestiones Preliminares, formada por tres magistrados del TPI que tienen potestad para revisar el trabajo del fiscal y garantizar así que esta investigue y juzgue a los sospechosos.
Para el director de Front-LEX, el valor de este informe jurídico reside en el trabajo de ingeniería inversa que hay detrás. “Tuvimos que rastrear la cadena desde las políticas y los delitos de la primera demanda hasta los individuos que las diseñaron, ordenaron y ejecutaron”, comenta. Una labor de gran complejidad, insiste, dada la magnitud del aparato de poder que orquestó los presuntos crímenes: 28 países [entonces el Reino Unido era Estado miembro] con recursos ilimitados, actuando en concierto con órganos y agencias de la UE, milicias y mercenarios, organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. “Expone la identidad de quienes están detrás de lo que constituye la actividad criminal más grave fuera de un contexto de conflicto armado que jamás haya estado bajo la jurisdicción del TPI”, dicen los abogados en su informe.
