Paulo Abreu dos Santos, de 38 años, era un abogado muy apreciado por sus jefes. Catarina Sarmento e Castro, que fue la última ministra de Justicia en el Gobierno socialista de António Costa antes del cambio político, elogió su labor como adjunto desde que le fichó en octubre de 2022. Nada podía hacer sospechar que aquel jurista joven utilizase incluso ordenadores oficiales para compartir y consumir pornografía infantil. Un juzgado decretó este martes su ingreso en prisión preventiva por considerar que existe riesgo alto de que prosiga la actividad delictiva, que oculte pruebas que le incriminen y por la alarma social causada por el caso.
La Fiscalía General de la República, que dirige la investigación, calcula que existen indicios de que ha podido cometer 500 delitos de pornografía infantil y dos de abusos sexuales a menores. Abreu entró en el punto de mira policial hace año y medio, cuando una agencia federal de Estados Unidos informó a la Policía Judicial portuguesa.
Los investigadores americanos detectaron que existía un usuario en Portugal mientras investigaban una red internacional de pornografía infantil. La policía portuguesa descubrió, a través de las IP, que se trataba de Abreu. Uno de los rastros conducía hasta un ordenador personal en su domicilio y el otro hasta un aparato del Ministerio de Justicia, donde dejó de trabajar en 2024, tras el cambio político ocurrido después de la dimisión de António Costa como primer ministro.
La policía registró su domicilio el pasado jueves y encontró en su móvil dos vídeos con abusos sexuales a menores grabados por Abreu, según el diario portugués Público. En sus equipos se encontraron 500 imágenes de pornografía infantil (cada una de ellas se considera un delito autónomo), aunque los investigadores todavía no han rastreado a fondo el contenido del material incautado. Tampoco se descarta que pueda estar conectado a alguna red delictiva portuguesa o internacional para intercambiar ficheros pornográficos ilícitos.
Tras conocerse la detención, la Universidad de Lisboa suspendió su contrato con Abreu, que daba clases en la Facultad de Derecho, además de colaborar en un bufete de la capital portuguesa, que se mostró “consternado” con la noticia y que aseguró que ya no existía relación laboral con él.
El detenido habría reconocido los hechos y confesado que consumía pornografía infantil desde 2023, según la cadena de televisión SIC. Abreu facilitó la identidad de los menores de quienes había abusado, uno de ellos de su propio círculo de conocidos. Las dos víctimas tenían alrededor de 10 años.
El pasado febrero también impactó a la clase política portuguesa la acusación contra Nuno Pardal, dirigente de Chega, por prostitución de menores. La Fiscalía le acusó de un delito consumado y otro en grado de tentativa. Pardal, que era diputado municipal en Lisboa y abandonó el cargo, había defendido la castración química para los pederastas en reiteradas ocasiones.
