El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pasó la campaña que lo devolvió a la Casa Blanca negando cualquier vinculación con los redactores del Proyecto 2025, un documento de casi 900 páginas que detallaba la revolución ultraconservadora por venir si ganaba en las urnas. El cierre parcial del Gobierno −decretado en la madrugada del miércoles por la falta de acuerdo entre demócratas y republicanos sobre la financiación de la Administración− ha servido para suspender de empleo y sueldo a unos 750.000 funcionarios; para clausurar hasta nuevo aviso museos y monumentos; o para que no se publiquen los datos del paro correspondientes a septiembre que tendrían que haberse conocido este viernes y que no pintaban bien. También, para despejar cualquier duda (para quien aún las albergara) de la íntima relación entre aquella hoja de ruta y Trump, que está dispuesto a aprovechar la coyuntura para avanzar en su agenda sin contar con el Congreso e infligir el mayor daño posible a sus adversarios políticos.
El presidente de Estados Unidos amenazó antes del cerrojazo con despedir a decenas de miles de funcionarios. El jueves, segundo día de un shutdown que, tras un nuevo desencuentro en el Senado, se prolongará al menos hasta el lunes, advirtió de que se reuniría con Russell Vought, jefe de la oficina presupuestaria de la Casa Blanca, “para determinar cuáles de las muchas agencias demócratas, la mayoría de las cuales son una ESTAFA, [conviene] recortar, y si esos recortes serán temporales o permanentes”, escribió en su red social Trump, que se refirió al funcionario como alguien que debe su “fama al Proyecto 2025″.
Vought fue en efecto, uno de sus principales promotores, y escribió un capítulo visionario de incalculables consecuencias, sobre cómo rehacer la figura del presidente de Estados Unidos para ampliar el poder ejecutivo en detrimento del legislativo y (con la ayuda) del judicial. El jueves por la noche, Trump, publicó en Truth uno de esos vídeos de inteligencia artificial, supuestamente divertidos, a los que parece haberles cogido gusto, en el que se ve a Vought disfrazado como la parca, armado con una guadaña y aterrorizando, entre otros, a los líderes demócratas en el Capitolio, Hakeem Jeffries y Chuck Schumer.
A partir de ese guion del Proyecto 2025, Trump está listo para hacer todo el daño posible a la izquierda, a la que los republicanos quieren culpar exclusivamente del shutdown (sin demasiado éxito, según las encuestas) a base de atacarla con la mentira de que los demócratas no quieren aprobar la financiación del Gobierno porque la supeditan a que se les dé a los inmigrantes irregulares sanidad gratuita (a través de Medicaid, programa de subsidios a las rentas bajas). Ese plan de ataque ha consumido el debate en los primeros días del cierre parcial de la Administración, pese a que la ley prohíbe a los indocumentados recibir esos subsidios.
Los republicanos, con Trump y el vicepresidente J. D. Vance a la cabeza, han echado mano de argumentos racistas, a base de más vídeos alterados con inteligencia artificial y difundidos por el presidente, en los que el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, luce sombrero mexicano y un bigotón con el fondo de música de mariachis. También, con declaraciones xenófobas como la de Vance este miércoles en la Casa Blanca, cuando echó la culpa de los tiempos de espera en las urgencias a que estas están llenas de “ilegales”, como sabe “cualquier estadounidense que haya tenido que usarlas en los últimos años”.
Más allá de que con ese mensaje Vance parecía estar identificado a cualquier persona con aspecto de hispano con un indocumentado, al vicepresidente se le olvidó especificar que si el personal de emergencias está obligado en Estados Unidos a atender a cualquiera, independientemente de su estatus migratorio, es gracias a una ley de 1986. La firmó Ronald Reagan. Los republicanos también están resucitando declaraciones de políticos rivales en los que se muestran favorables a esa brindar asistencia médica a los sin papeles.
Continuidad del DOGE
El estrangulamiento de programas que benefician a Estados demócratas ya ha comenzado, a falta de saber cuántos empleados públicos se verán en la calle —en lo que supondrá, por otra parte, la continuación de una estrategia que empezó con la toma de posesión de Trump y la creación de esa motosierra del gasto público llamada Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE)— . A Chicago, ciudad que vive bajo la amenaza de Trump del envío de tropas, el Gobierno federal le ha comunicado la retirada de 2.100 millones de dólares para la mejora de su transporte público. Vought lo justifica ante la falta la garantía de que esos contratos no se concedan siguiendo criterios de discriminación positiva, “basados en la raza”.
El Departamento de Energía dijo el miércoles por la noche, por su parte, que cancelaría más de 7.500 millones de dólares en subsidios concedidos durante los años de Joe Biden para cientos de proyectos energéticos, la gran mayoría de ellos en estados gobernados por los demócratas.
El cerrojazo continúa
Los senadores votaron por cuarta vez este viernes las dos propuestas de financiación que hay sobre la mesa. Y el resultado fue el mismo que en días pasados. Eso significa que la parálisis federal continuará al menos hasta el lunes, dado que John Thune, líder de la mayoría en el Senado, ha avisado que la Cámara alta no trabajará este fin de semana. Así que, en el mejor de los casos, el shutdown durará seis días. El último fue hace casi siete años, cuando también estaba Trump en la Casa Blanca. Fue el más largo de la historia, con 34 días de suspensión de la financiación de la Administración.
La propuesta demócrata, partido que ha planteado este desafío como el primer gran pulso al presidente tras meses en los que sus bases les han exigido más agresividad, recibió el miércoles los 47 apoyos de la minoría y 53 votos republicanos en contra. Estos no lograron convencer a ningún rival más de que cambiara de bando cuando se sometió a votación su plan, que arrojó idéntico saldo (55-45) y tuvo la misma nómina de disidentes: tres senadores demócratas que votaron con los republicanos y un republicano que hizo el viaje contrario.
El desacuerdo sigue siendo el mismo que provocó el shutdown. Los demócratas, con el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer a la cabeza, se resisten a aprobar la resolución de continuidad que han presentado sus rivales para financiar la Administración hasta el siguiente examen presupuestario del 21 de noviembre. Para hacerlo, exigen el compromiso republicano de que se ampliarán ciertos subsidios de Obamacare, ley que mejoró las prestaciones sanitarias a aquellos ciudadanos sin seguros privados. Esas ayudas expiran a final de año. También quieren que no se apliquen los recortes a Medicaid que contempla la “ley grande y hermosa”, la gran reforma fiscal que Trump logró aprobar en julio.
La gran pregunta es ahora en Washington cuánto tiempo aguantará la presión de Trump la unidad que están demostrando los demócratas. También, hasta dónde piensa llegar el presidente de Estados Unidos en su plan de aprovechar una situación excepcional para imponer los ideales del Proyecto 2025 en Estados Unidos.
