La operación militar de la semana pasada contra el Skipper, un buque petrolero frente a las costas venezolanas fue una declaración de intenciones de la Casa Blanca. Y, tras el anuncio de Donald Trump de un “bloqueo total” contra todos los cargueros sancionados que pretendan entrar o salir de Venezuela, todo parece apuntar a que habrá más. “Que Venezuela devuelva el petróleo que nos han robado”, ha insistido el magnate. Y así, lo que comenzó hace tres meses como una ambiciosa operación contra el narcotráfico ha mutado ya en un ataque directo contra las finanzas del Gobierno venezolano.
La estrategia de Estados Unidos se intensifica y ha incluido sanciones a seis navieras y seis embarcaciones de su propiedad, a empresarios ligados al chavismo y a tres sobrinos de la pareja presidencial. Se perfila es una nueva etapa de asfixia económica para el régimen de Maduro que vive principalmente de las exportaciones de petróleo y batalla con la escasez de divisas para contener la inflación. La intercepción intensiva de cargueros de crudo venezolano podría afectar seriamente los flujos de caja de Caracas y de algunos de sus aliados más dependientes, como Cuba.
De los 1.400 barcos sancionados en todo el mundo por Estados Unidos, 600 corresponden a buques petroleros, de acuerdo con un análisis de la AFP con datos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Organización Marítima Internacional. No todos atraviesan el Caribe, pero son decenas de barcos los que podrían verse afectado por el incremento de la vigilancia estadounidense. Durante la primera Administración de Trump, entre 2019 y 2020, se impusieron sanciones a 62 buques relacionados con Venezuela. En 2021 se agregaron media docena más a la lista y la semana pasada el Departamento del Tesoro incluyó otros seis, según la base de datos Vendata.
Transparencia Internacional, en su capítulo sobre Venezuela, ha señalado que el 40% de los buques que llegan a puertos venezolanos para cargar crudo son irregulares, de acuerdo con un monitoreo mensual que hace la ONG especializada en el seguimiento de la corrupción y que desde 2025 opera en el exilio.
En un informe de la semana pasada la organización señala la presencia de unos seis destructores y buques misilísticos de la Armada estadounidense a pocas decenas de millas náuticas de las costas venezolanas, un factor que podría ser responsable de la disminución de la llegada de “tanqueros oscuros”, aquellos que operan con los radares apagados para evitar su rastreo, en el último mes.
Tras el decomiso del buque Skipper, que transportaba 1,9 millones de barriles de petróleo venezolano, ha cundido el pánico y otros cargueros que se dirigían al país sudamericano han comenzado a dar vuelta. Aun así, en noviembre se contabilizaron 23 petroleros sancionados o furtivos en puertos venezolanos mediante el análisis de imágenes satelitales.
Pero el chavismo ya ha aprendido a operar en esta economía subterránea, gracias a su experiencia en las sanciones impuestas por el primer Gobierno de Trump entre 2019 y 2023. En esos años, Venezuela vendió su crudo a través de intermediarios opacos, mediante trueques, criptomonedas y grandes descuentos —de hasta el 35%, al menos antes de la orden de Trump—, por tratarse de un petróleo penalizado. El resultado fue un enorme desfalco: más de 23.000 millones de dólares se perdieron en lo que en 2023 se conoció como el caso PDVSA Cripto. La trama desembocó en una violenta purga interna y en la caída de uno de los hombres más poderosos del chavismo, Tarek el Aissami, entonces presidente de la estatal petrolera y ministro de Petróleo.
Desde que se consolidaron las sanciones económicas contra Venezuela —que impusieron a Petróleos de Venezuela severas restricciones a la producción y comercialización del petróleo—, el régimen de Maduro ha recurrido, con apoyo iraní y al uso de cargueros que operan “en negro”. Estas embarcaciones navegan encubiertas con banderas de terceros países, sin declarar destino, y realizan trasiegos comerciales en alta mar en los océanos Índico, Pacífico y Atlántico. Se trata de las llamadas flotas “fantasma”, empleadas también para comerciar crudo sancionado de Rusia e Irán.
Tras las primeras sanciones, y con una industria desmantelada por la corrupción y la falta de mantenimiento, la producción cayó a mínimos históricos, por debajo de los 400.000 barriles diarios. Con grandes esfuerzos, el Gobierno de Maduro ha logrado remontar gradualmente hasta rondar el millón de barriles diarios este año, pero aún muy lejos de los niveles de producción de épocas anteriores.
La vicepresidenta y ministra de Petróleo, Delcy Rodríguez, informó la semana pasada que la producción aumentó en noviembre a 1,17 millones de barriles diarios, frente a los 1,13 millones del mes anterior. Parte de esta recuperación fue posible a la política de licencias petroleras de la Administración de Joe Biden que, desde 2023, alivió las finanzas del chavismo y evitó el colapso de los ingresos. Este año, sin embargo, con el precio del crudo a la baja —que afecta especialmente a los petróleos pesados como el venezolano—, Trump ha reimpuesto las sanciones y ha dejado únicamente a la estadounidense Chevron operar en condiciones limitadas desde julio.
Estas condiciones de comercialización tienen un impacto directo en las finanzas del país. Un informe de Reuters, basado en fuentes del sector, señalaba esta semana que los compradores asiáticos “están exigiendo grandes descuentos en el petróleo venezolano debido a una avalancha de crudo ruso e iraní (también sancionado) y al aumento del riesgo de carga en el país sudamericano” por la creciente presencia militar de Estados Unidos en el Caribe. Según la agencia, este año China ha concentrado entre el 55% y el 90% de las exportaciones de crudo venezolano, frente al 40%-60% del año anterior. Los anuncios de Trump ya han tenido un impacto al alza por la previsible reducción de la oferta.
La advertencia de nuevas incautaciones de cargueros y la intensificación de sobrevuelos de aviones de combate añaden presión a una relación ya marcada por la tensión. El chavismo ha utilizado la incautación para reforzar su discurso de que Washington busca apoderarse por la fuerza de los recursos naturales del país y ha denunciado el episodio como un acto de “piratería internacional”. Mientras tanto, Maduro, hace unos días en un acto televisado con sus seguidores, cantó para responder a las nuevas amenazas de Washington el clásico del estadounidense Bobby McFerrin: Don’t Worry, Be Happy.
