La memoria de las violaciones masivas de los derechos humanos durante la dictadura chilena cabe en un pequeño botón de nácar. En Villa Grimaldi, uno de los más simbólicos centros de tortura y exterminio del régimen de Augusto Pinochet (1973-1990), convertido desde 1997 en un museo, se conserva uno de los rieles de ferrocarril a los que ataban los cadáveres de víctimas del terrorismo de Estado, que eran arrojados al mar.
De los cientos de cuerpos lanzados al Pacífico, solo apareció uno, en septiembre de 1976, el de Marta Lidia Ugarte Román, asesinada cuando tenía 42 años. Sin embargo, existe otra prueba: un pequeño botón casi fundido con el hierro, herrumbroso tras haber pasado años en el mar, un hallazgo que centra el impresionante documental de Patricio Guzmán Botón de nácar. Se trata del último recuerdo de un ser humano desaparecido por la dictadura y de una prueba de la represión durante la que fueron asesinadas al menos 3.200 personas.
Contemplarlo en una de las salas de Villa Grimaldi ampliado por una lupa abre la puerta al abismo que representaron los años de la muerte de Pinochet. En una plácida mañana de finales de noviembre, en plena primavera austral, dos grupos visitan ese antiguo centro de tortura situado en Santiago de Chile, a los pies de la Cordillera de los Andes. Cuando se cerró, los perpetradores trataron de borrar las pruebas de lo que había ocurrido ahí, pero con la llegada de la democracia fue convertido en un centro de memoria, uno de los muchos repartidos por la capital chilena: se pueden visitar Londres, 38 —que da título al libro del jurista y escritor británico Philippe Sands sobre la detención de Pinochet en Londres y la lucha contra la impunidad—, el estadio Nacional —donde fue asesinado el estadounidense Charles Horman, cuyo caso está contado en la película Desaparecido de Costa-Gavras—, el propio Palacio de la Moneda o el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, que recuerda lo que ocurrió tras el golpe de Estado contra el Gobierno de Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1973, y pone rostro a una cantidad importante de asesinados. En todo Chile, se conservan 1.168 lugares de memoria.
La dictadura promulgó una ley de amnistía ya en 1978, para los primeros cinco años más sangrientos, y tras el regreso a la democracia en 1990, los gobiernos de centroizquierda pusieron en marcha dos comisiones de la verdad. Al final, por la condición de imprescriptibles de los crímenes de lesa humanidad, ha sido juzgado un número importante de verdugos y algunos siguen en prisión. En Villa Grimaldi fueron detenidos 4.500 presos políticos, entre ellos una jovencísima Michelle Bachelet y su madre, Ángela Jeria, cuando el padre ya había muerto tras las torturas de sus propios compañeros de armas. Un total de 239 fueron desaparecidos y ejecutados. Tras ser convertido en lugar de memoria, fue reconstruida una torre de madera donde eran sometidos a largas sesiones de tortura muchos detenidos. También allí se encuentra un panel con los rostros de los asesinos, entre ellos Miguel Krassnoff, nacido en 1946 en Austria, formado en la Escuela de las Américas, funcionario de la siniestra DINA —la policía política pinochetista—, autor de incontables atrocidades, condenado a más de 1.000 años de cárcel por crímenes contra la humanidad y recluido todavía en el penal de Punta Peuco.
El ultraderechista José Antonio Kast, representante del Partido Republicano y al que todos los sondeos dan la victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del próximo domingo 14 de diciembre por encima de la candidata de la izquierda Jeannette Jara, dijo en la campaña de 2017 que no creía todas las cosas que se decían de Krassnoff, asesino que simboliza toda la brutalidad del pinochetismo. En este intento no ha descartado que lo vaya a indultar, como propuso Johannes Kaiser, de la derecha libertaria, aunque en la recta final de la campaña, Kast ha tratado de matizar su discurso. “Hoy hay en trámite una norma que está en debate en el Parlamento y es por un tema humanitario. No creo en la delación compensada, creo en la justicia y eso es tratar con respeto a las personas con enfermedad terminal o que no tienen consciencia”, declaró el pasado 1 de diciembre.
Ahora, conforme se acerca la fecha de las elecciones y la muy probable victoria de Kast, los responsables de estos lugares de recuerdo temen que se intente borrar la memoria viva de la represión despiadada que siguió al golpe militar. Además de la inseguridad —el asunto que por encima de todos ha centrado la campaña, con claros tintes xenófobos y promesas de expulsiones masivas de migrantes—, la forma en que debe tratarse el pasado es uno de los temas que dividen a la sociedad chilena, un debate que tiene muchos ecos en España.
La izquierda defiende el mantenimiento de los lugares de memoria —como una suerte de “nunca más” en piedra— y perseverar en la búsqueda de justicia. Los candidatos de la derecha consideran que deben cerrarse lo que consideran antiguas heridas, cuando no defienden directamente el legado de la dictadura. En la campaña de 2025, Kast ha guardado silencio, pero en 2017, cuando competía por la presidencia, defendió al Gobierno de Pinochet. “No hay que ser muy creativo para pensar que si estuviera vivo, votaría por mí”, dijo.
“Es obvio que nos preocupa lo que pueda pasar tras las elecciones. El museo forma parte de lo que consideran una guerra cultural”, explica María Fernanda García Iribarren, directora del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, un centro cultural y archivo que funciona como una fundación independiente, y que cuenta con financiación directa del Estado a través de partidas presupuestarias. “Es un lugar emblemático, no solo en Chile, sino en el mundo. El consenso sobre el pasado se construye. Es muy importante que estos espacios tengan una resignificación constante”, agrega esta gestora cultural, que ha formado parte del comité internacional de expertos que asesoró al Gobierno navarro sobre la resignificación del Monumento a los Caídos de Pamplona, el vestigio del franquismo más significativo de España después de Cuelgamuros.
En su página web, Villa Grimaldi ofrece una Declaración contra el negacionismo en la que también muestra su preocupación por el futuro de la institución, y de la memoria, en caso de que Kast logre la victoria: “Los discursos de candidatos de las derechas representan una amenaza real que pone en riesgo avances logrados por familiares, instituciones y actores de derechos humanos durante décadas y son provocaciones que rayan en la inhumanidad”.
“Uno de los objetivos del museo es que no repitamos lo que ocurrió, que no volvamos a tratarnos como enemigos. El negacionismo es un peligro para la democracia”, agrega María Fernanda García Iribarren. El museo, un proyecto impulsado por Michelle Bachelet durante su presidencia, que fue inaugurado en 2010, no solo habla del pasado, sino también del presente: actualmente alberga una exposición sobre los niños secuestrados por Rusia en Ucrania y ofreció recientemente otra sobre Hiroshima y Nagasaki.
Antes de entrar en el centro, se puede contemplar una obra del escultor chileno Alfredo Jaar que, a través de la oscuridad y el desconcierto y luego de un infinito juego de espejos, obliga al visitante a reflexionar sobre lo que significa asomarse a una de las memorias más dolorosas del siglo XX. En la sala principal del museo, un inmenso panel muestra las fotos de muchos asesinados y desaparecidos. El visitante puede pinchar en los rostros de las víctimas en una mesa que tiene ante sí: entonces aparece una biografía y se puede dejar encendida una vela virtual. El objetivo es tratar de devolver la humanidad a aquellos que fueron engullidos por la represión.
En Villa Grimaldi fueron borradas las pruebas de los crímenes cometidos allí: las celdas minúsculas en las que eran hacinados los prisioneros, las salas de tortura, los barracones en los que residían los militares y policías que gestionaban aquel campo de concentración. Sobrevive un majestuoso ombú, un árbol inmenso originario de América del Sur. “Es un árbol de memoria”, explicaba aquella mañana un guía a un grupo de visitantes. Pero también formaba parte del sistema de tortura, porque algunos prisioneros eran colgados de él como forma de terror para los demás. No se conserva ninguna foto de aquel lugar cuando estuvo operativo, solo dibujos de los supervivientes y sus relatos. Queda, eso sí, el portón por el que entraban los vehículos que traían a los detenidos: fue cerrado con una cadena cuando se inauguró el museo como poderoso símbolo de que aquella puerta al infierno no se volverá a abrir, no solo allí, sino en todo Chile. Unas 3.200 personas fueron asesinadas durante los 17 años de dictadura, de las que 1.469 fueron víctimas de desaparición forzada; 1.092 no han sido encontradas todavía.
