La Fiscalía de Tanzania ha acusado a 98 personas del delito de traición por su presunta participación en las protestas masivas contra las elecciones que se celebraron el pasado 29 de octubre y que provocaron una violenta respuesta policial que dejó cientos de muertos —al menos un millar, según la oposición—. Los manifestantes protestaban contra la exclusión de dichos comicios de los dos principales líderes opositores, uno de ellos encarcelado. Días después, la presidenta Samia Suluhu Hassan fue proclamada vencedora con el 98% de los votos y un 87% de participación. La Unión Africana (UA) asegura que hubo fraude y pone en cuestión estos resultados, que la oposición calificó de “burla”.
Según documentos judiciales a los que ha tenido acceso Reuters, la Fiscalía tanzana ha sostenido ante el tribunal de primera instancia de Dar es Salam, capital económica del país, que los acusados “tuvieron la intención de obstruir las elecciones generales de 2025 con el propósito de intimidar al Gobierno” y causar daños a propiedades gubernamentales. Entre los acusados no hay ninguna figura pública.
Benson Bagonza, obispo de la iglesia evangélica luterana en Tanzania, aseguró que esta imputación solo agravaría la tensión. “La única opción que tiene el Gobierno para mantener al menos una relativa paz es solidarizarse con el pueblo en lugar de arrestar y llevar a la gente a juicio”, dijo a Reuters.
El Gobierno mantiene su versión de que las protestas fueron alentadas por delincuentes, algunos de ellos extranjeros, que pretendían desestabilizar el país; y se niega a facilitar cifras de personas fallecidas o heridas. Pero crece el clamor, tanto dentro como fuera del país, contra unos comicios que se consideran amañados y contra la violencia letal empleada por las fuerzas del orden.
Este viernes, siete organizaciones civiles tanzanas encabezadas por el Centro de Derechos Humanos y Legales (LHRC, por sus siglas en inglés) han denunciado “el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes desarmados”, así como “los asesinatos de civiles como represalia después de las elecciones, algunos en sus propios hogares”.
Pese a que las protestas se produjeron hace más de una semana, cientos de familias están buscando aún a sus seres queridos. Amos Ntobi, secretario del principal partido opositor, Chadema, aseguró a France Press que solo en la región norteña de Mwanza fueron asesinadas cientos de personas.
“Vimos a gente que recibió disparos a plena luz del día. Había cuerpos en todas las calles, algunos murieron instantáneamente, otros quedaron gravemente heridos”, afirmó. Ntobi añadió que él mismo había asistido a nueve funerales, dos de ellos de niños de nueve y 11 años, ambos muertos por disparos de bala cuando estaban cerca de sus casas.
El pasado 5 de noviembre, tras la toma de posesión de Samia Suluhu, la misión de observación electoral de la UA hizo público su informe, en el que manifestó que no se cumplieron los mínimos estándares democráticos durante los comicios. Los 72 observadores enviados por la UA pudieron constatar episodios que ponían en cuestión la integridad de todo el proceso: rellenado de urnas con votos, uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes, apagón de Internet durante y después de los comicios, detenciones arbitrarias de opositores… El Gobierno desestimó estas acusaciones y aseguró que las elecciones fueron libres y justas.
En los meses previos a las elecciones, los dos principales líderes opositores, Tundu Lissu, líder de Chadema, y Luhaga Mpina, del partido Wazalendo, fueron excluidos de las mismas. El primero fue encarcelado, acusado de traición, después de que su partido se negara a firmar un código de buena conducta y Lissu exigiera la reforma del sistema electoral. Mpina, por su parte, fue excluido debido a un tecnicismo de su candidatura. Sin ambos rivales en las papeletas, Samia Suluhu no tenía a ningún contrincante de peso que pudiera hacerle frente y este fue uno de los principales motivos que esgrimieron los manifestantes para salir a las calles a protestar el día de los comicios.
Tras una década como vicepresidenta, Suluhu Hassan llegó a la presidencia de Tanzania en 2021 tras la muerte de su antecesor en el cargo, John Magufuli. Si bien en un principio se mostró como reformista, abrió un diálogo con la oposición, liberó a presos políticos y permitió el regreso de exiliados, a medida que se acercaban las elecciones Suluhu giró de nuevo hacia el autoritarismo y la represión que ha caracterizado a Chama Cha Mapinduzi (CCM), el partido gobernante en Tanzania desde su creación en 1977. En los últimos meses, el enrarecimiento del clima político se había agravado por la desaparición de activistas y opositores.
