El yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, casado con su hija Ivanka, publicó un tuit el pasado 15 de marzo de 2024 en el que confesaba: “Estoy entusiasmado por compartir algunas imágenes de diseño preliminares para los proyectos de desarrollo que hemos estado creando para la costa albanesa y el centro de Belgrado”. Su mensaje fue contestado por otro usuario: “¡En Belgrado, no! Esos edificios están protegidos por ley como patrimonio histórico y de ninguna manera vamos a permitir que construyas esos rascacielos”. En el terreno sobre el que pretende invertir Kushner se asienta la sede del Estado Mayor, conocida como Generalstab. El edificio fue bombardeado por la OTAN en 1999, junto al adyacente Ministerio de Defensa.
El Gobierno del presidente serbio, Aleksandar Vucic, y su formación, el Partido Progresista Serbio (SNS, por sus siglas en serbio) despojaron al Generalstab de la protección de bien cultural el 14 de noviembre de 2024, solo nueve días después de la reelección de Trump. La oposición alegó que los documentos presentados para adoptar esa medida eran falsos y el caso está siendo investigado por la Fiscalía contra el Crimen Organizado. Pero el pasado viernes, el Parlamento serbio aprobó una lex specialis (ley especial) para agilizar los trámites de la operación. El Gobierno impuso su mayoría parlamentaria del SNS y sus aliados para sacar adelante la ley.
Kushner tiene ya la ley de su parte. Pero un sector importante de la sociedad serbia mantiene desde hace más de un año su oposición al proyecto. La última de las manifestaciones para expresar el rechazo congregó este martes a miles de ciudadanos frente al Generalstab.
El complejo del Generalstab, construido entre 1957 y 1965 por el arquitecto Nikola Dobrovic, está considerado una obra maestra del modernismo yugoslavo y gozaba desde 2005 de la protección oficial como patrimonio histórico. La empresa de Kushner, Affinity Partners, pretende edificar sobre ese terreno un hotel de lujo, 1.500 unidades residenciales y un museo, según reveló el año pasado el yerno de Trump a The New York Times. El pasado mayo, el Ministerio de Construcción, Transporte e Infraestructura de Serbia emitió un comunicado en el que subrayaba que el terreno se alquila por 99 años (no se vende) y que el inversor debe construir un monumento conmemorativo a las víctimas de la OTAN. El comunicado no revela la cuantía de la operación, aunque el New York Times estima que serán 500 millones de dólares.
El arquitecto serbio Miljan Salata ha asistido en varias ocasiones a las protestas frente al Generalstab. Y explica desde Belgrado, por videollamada, que los medios internacionales suelen centrarse únicamente en la memoria del bombardeo de la OTAN de 1999 y en el sentimiento anti-OTAN. “Pero esa es solo una parte pequeña del puzle”, objeta.
Miljan Salata argumenta que el inmueble se encuentra en una zona en la que “desde hace más de 200 años” se establecieron las principales instituciones del Estado. Añade que el bloque, construido durante la República Socialista de Yugoslavia, simboliza la lucha antifascista de los partisanos en la II Guerra Mundial. Y enmarca la oposición a esta operación inmobiliaria dentro de las protestas que los estudiantes serbios iniciaron hace un año tras el derrumbe de una marquesina en la estación de tren de Novi Sad. Aquella tragedia, donde murieron 16 personas, fue vista por los manifestantes como una consecuencia de la corrupción que corroe al país.
Salata explica que los estudiantes han pronunciado más de 50 charlas este año en Serbia sobre el valor del Generalstab. “Ellos quieren que se reconstruya el edificio como un bien público que representa un intento de reconciliación con el pasado. Para aceptar los errores propios y ajenos y avanzar como sociedad”, destaca.
Salata cree que este caso es también una advertencia para la Unión Europea, donde, Donald Trump Jr. y Jared Kushner, “planean levantar ocho torres”, según el arquitecto. El activista insiste en que la lucha no es “anti-Trump” ni “anti-OTAN”, sino por el derecho de las personas a decidir sobre su propio espacio urbano.
Represión de protestas
La polémica sobre el edificio se agrava en el momento en que el presidente Vucic atraviesa su peor momento, tras 13 años en el poder. Por un lado, los estudiantes reclaman elecciones anticipadas. El Parlamento Europeo emitió el mes pasado una dura resolución en la que advierte contra la represión de las protestas y la falta de libertades. Por otro lado, el presidente Trump aplicó aranceles del 35% sobre los productos serbios. Y ha ordenado sanciones contra la petrolera NIS, de mayoría rusa, principal proveedora de petróleo en Serbia.
Este periódico ha intentado contactar sin éxito con el diputado oficialista Milenko Jovanov, encargado de defender el proyecto el pasado viernes en el Parlamento serbio. Durante el debate, Jovanov argumentó: “Estamos abriendo espacio y creando oportunidades para que el país avance. ¿Eso conducirá a mejorar las relaciones con la Administración Trump, con Estados Unidos? Sinceramente, me gustaría que así fuera”.
El periodista Zeljko Veljkovic, que trabaja para United Media, el principal medio independiente y crítico con el Gobierno, indica por WhatsApp que la operación inmobiliaria obedece a un “movimiento desesperado” de Vucic por acercarse a Trump, “después de que no lograra reunirse con él en Florida hace unos meses”.
El diputado opositor Peda Mitrovic, secretario general del Partido Libertad y Justicia, esgrime mediante correo electrónico que el presidente serbio intenta utilizar este proyecto para “presentarse como un modernizador reformista, en medio de las críticas internas y de las de la Unión Europea”.
La diputada Biljana Djordjevic, copresidenta del partido Frente Verde-Izquierda, precisa por videoconferencia que el acuerdo “no es con Estados Unidos, sino con Trump y su familia”. Para la diputada, la narrativa del Gobierno intenta reducir el debate a la existencia de “dos edificios en ruinas que llevan 25 años en pie y son un peligro para la seguridad”, pero advierte de que el fondo del problema es otro: “Este es el centro administrativo, político y cultural de Belgrado; no se puede regalar al capital privado”.
La parlamentaria añade que la operación afecta también a otros edificios históricos, “aún protegidos”, que se encuentran dentro del Generalstab. La diputada aboga por la restauración de los edificios: “Incluso si su reconstrucción fuera inviable económicamente, al menos debería destinarse a un uso público, no privado”.
Estela Randinjic Zivkov, conservadora principal del Instituto para la Protección de los Monumentos Culturales de Serbia, indica en un intercambio de mensajes que el edificio es un símbolo de la memoria nacional y “una síntesis única de arquitectura y urbanismo”. Y sostiene que la decisión del Gobierno de revocar la protección del complejo fue ilegal. “Se está llevando a cabo una investigación penal por la falsificación de la documentación utilizada para justificar la decisión. Hasta que este proceso concluya, cualquier nueva decisión basada en ese acto es ilegal”.
