Portugal culminará en breve el viraje brusco de su política migratoria, la primera gran reforma emprendida por el primer ministro, el conservador Luís Montenegro, desde que llegó al poder en 2024 al frente de la coalición AD. En tiempo récord, su Gobierno ha logrado que el Parlamento, dominado en un 70% por fuerzas a la derecha, haya dado luz verde a dos nuevas leyes (inmigración y nacionalidad) que restringen tanto la entrada de extranjeros como la obtención de la ciudadanía, aunque esta segunda está siendo examinada por el Tribunal Constitucional a petición de la oposición socialista, que tiene dudas sobre su encaje en la ley fundamental. Faltaba un tercer pilar y, desde este viernes, está en consulta pública antes de llegar a la Asamblea de la República para su votación: la ley que regula la devolución de los inmigrantes irregulares.
Seguirá la línea dura de las anteriores y, cuando entre en vigor, alineará a Portugal con los halcones europeos, alejándose de la línea más humanitaria y flexible que ha mantenido con los Gobiernos socialistas de António Costa, a semejanza de la legislación española. La propuesta aprobada por el Consejo de Ministros implicará que los inmigrantes sin papeles puedan permanecer detenidos en centros de internamiento hasta 18 meses, frente a los 2 que se permite en la actualidad, mientras se resuelve el proceso de expulsión, según desveló Expresso.
El régimen, subrayó el ministro de la Presidencia, António Leitão Amaro, se dirige “contra quienes violan las reglas y no se aplicará indiscriminadamente”. El ministro, que está convencido de que la ley está “en sintonía” con los deseos de la sociedad portuguesa, destacó que pretende evitar “abusos” de la petición de asilo y recordó el caso de un grupo de una treintena de marroquíes que este verano solicitó protección y que se fueron de las instalaciones donde estaban acogidos antes de que se culminase el expediente.
Las devoluciones tampoco serán frenadas por la presentación de un recurso por parte de los afectados, como ocurre ahora. Y, además, se elimina la modalidad del retorno voluntario, como permitía la norma aún en vigor. El único aspecto en el que el Gobierno portugués se desmarca de la línea dura de otros países europeos es en el rechazo a la deslocalización de los centros de internamiento a terceros países a cambio de financiación. En 2024, cerca de un millar de extranjeros fueron devueltos a sus países de procedencia, aunque la gran mayoría ni siquiera accedieron a Portugal y fueron obligados a retornar en el control de fronteras.
En un debate celebrado este viernes en la Asamblea de la República, el primer ministro, Luís Montenegro, criticó la actual legislación, heredada de los años de Costa, por “permisiva” y por favorecer “el abuso”. El objetivo de la propuesta de su Gobierno, destacó, es “demostrar que vale la pena venir a Portugal dentro de la legalidad”. “Quien venga fuera de esos principios tendrá que retornar a su origen”, agregó. Montenegro reivindicó el espíritu reformista de su equipo, como ya había dicho el día antes, cuando se vanaglorió de estar construyendo “un país nuevo, fuerte, cohesionado” dirigido a los portugueses “y a los que vienen a Portugal por bien”.
Finalizado el periodo de consulta pública y tras escuchar al Consejo Nacional de Migración y Asilo, el texto modificado regresará al Consejo de Ministros antes de ser enviado a la Asamblea de la República para su debate y votación. Es previsible que el Ejecutivo, que carece de mayoría absoluta, vuelva a negociar esta reforma con Chega, el partido de ultraderecha, al igual que ha hecho cada vez que ha revisado los otros dos pilares de su política migratoria, la ley de extranjería y la de nacionalidad.
La primera de ellas tuvo que ser votada en dos ocasiones porque el texto negociado y aprobado con los votos de Chega incluía elementos inconstitucionales. El propio presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, que tiene la potestad de promulgar o vetar leyes, envió la norma al Tribunal Constitucional al considerar que había elementos discriminatorios entre extranjeros. La segunda versión fue suavizada, aunque mantiene algunas diferencias a la hora de conceder el reagrupamiento familiar, mucho más ágil para extranjeros con recursos para invertir o con profesiones cualificadas que para los que llegan a Portugal para construirse una vida desde la nada.
El presidente de la República tampoco ha aprobado aún la ley de nacionalidad, ya que está pendiente del dictamen del Tribunal Constitucional, al que recurrió el Partido Socialista. “La ley es inhumana, desproporcionada y, respecto a los menores, abre agujeros legislativos que afectan a la gente más frágil”, criticó el presidente del grupo parlamentario socialista, Eurico Brilhante Dias, cuando anunció la consulta al tribunal para que realizase una fiscalización previa. Para los socialistas, también puede vulnerar principios de igualdad la retirada de la nacionalidad a quienes cometan delitos graves y sean oriundos de otros países.
