Si está leyendo esto, es de suponer que usted cree en la libertad de prensa. Nosotros también. Sin embargo, este año, el Día Internacional de los Derechos Humanos, que conmemora la firma de la Declaración Universal, coincide con un momento en el que esa libertad está más amenazada que nunca; y más que en ningún lugar, en Gaza.
Hace 77 años, después de un genocidio que las potencias mundiales juraron que nunca debía volver a repetirse, los delegados de numerosos países, entre ellos Estados Unidos, India, Brasil y Egipto, firmaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En ella se reconocía que todos los seres humanos son iguales en dignidad y derechos y que toda persona tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad. También reconocía algo crucial para nuestros terrenos de actividad —el cine y el periodismo, respectivamente—: que la libertad de expresión es un derecho fundamental que incluye “la libertad de tener opiniones sin interferencias y de buscar, recibir y difundir información e ideas a través de cualquier medio de comunicación y sin importar las fronteras”. El aniversario de la Declaración, el 10 de diciembre, debería ser motivo de celebración; sin embargo, hoy es un sombrío recordatorio de lo lejos que estamos de cumplir las promesas que contenía.
Cuando escribimos estas líneas, en todo el mundo han muerto asesinados, desde que comenzó 2025, 126 periodistas y trabajadores de medios de comunicación, según los datos corroborados por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). Esta cifra sitúa este año a la par con 2024, el año más mortífero para los periodistas en las tres décadas transcurridas desde que el CPJ empezó a documentar dichos crímenes. Los asesinatos de periodistas se han producido en distintos países, desde Sudán hasta Ucrania y desde México hasta Filipinas, pero la gran mayoría de los asesinados este año —en concreto, 86— cayeron a manos del ejército israelí; y 52 de ellos eran palestinos que fueron asesinados en Gaza.
Desde el 7 de octubre de 2023, el ejército israelí ha matado a 206 periodistas y trabajadores de medios de comunicación palestinos en Gaza. Periodistas como Bilal Jadallah, que ayudaba a formar a periodistas jóvenes en la propia Franja y murió cuando un ataque aéreo israelí alcanzó su coche. Periodistas como Roshdi Sarraj, fundador de una productora palestina, que se encontraba en el extranjero cuando comenzó el genocidio y regresó a Gaza porque quería informar sobre lo que pasaba, pero murió asesinado pocas semanas después, cuando un misil israelí alcanzó su hogar familiar; su esposa y su hija resultaron heridas. Periodistas como Anas-Al Sharif, asesinado en un ataque israelí dirigido específicamente contra una tienda de campaña que albergaba a profesionales de medios de comunicación y que mató a todo el equipo de seis periodistas de Al Jazeera. Periodistas como la fotógrafa de AP Mariam Abu Dagga, asesinada cuando Israel bombardeó la escalera de un hospital en el que se sabía que había reporteros trabajando y donde ella estaba fotografiando las consecuencias de un primer ataque en el que había muerto el cámara de Reuters Hussam Al Masri.
Los periodistas son civiles: el derecho internacional humanitario lo deja claro. Los periodistas no son un objetivo y tanto ellos como las instalaciones en las que trabajan deben tener protección. No solo Israel no ha proporcionado esa protección, sino que es evidente que, en muchos casos, el ejército ha atacado a periodistas sabiendo que lo eran. Es un crimen de guerra. El ejército israelí debe rendir cuentas por estos asesinatos, como deben rendir cuentas todos los que asesinan a periodistas. Si no, se crea una cultura de impunidad que nos perjudica a todos: los datos recogidos durante décadas nos demuestran que no castigar a los responsables de matar a periodistas crea un entorno en el que los asesinatos se repiten y se normalizan. El asesinato de periodistas tiene una grandes consecuencias porque la prensa es un pilar esencial de todas nuestras libertades: su función es poner al descubierto informaciones que otros preferirían ocultar, como la corrupción política, las irregularidades de las empresas y los horrores de la guerra.
Una defensa enérgica de nuestras libertades fundamentales y universales debe incluir la defensa rotunda y enérgica de quienes tienen un papel crucial a la hora de denunciar las violaciones de esos derechos. Por eso, coincidiendo con este aniversario, hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que adopte tres medidas que pueden contribuir a garantizar la protección y la justicia que merecen los periodistas palestinos y, de esa forma, ayudar a garantizar la defensa de los periodistas en todo el mundo.
Los Gobiernos deben insistir en que los medios de comunicación internacionales tengan acceso a Gaza. Hace más de dos años que ningún medio de comunicación de fuera de la Franja puede acceder de manera independiente al territorio; la cobertura mediática suele limitarse a visitas escoltadas por militares, un grado de restricción que no tiene precedentes en ningún conflicto de los últimos años. El acceso internacional independiente permitiría a los periodistas extranjeros corroborar las informaciones de los periodistas gazatíes, que cargan con toda la responsabilidad —y el peligro— de documentar e informar sobre el genocidio para el público exterior y están sometidos a campañas de desprestigio de Israel cuyo objetivo es desacreditar todas las noticias procedentes de Gaza.
Es necesario reforzar las vías para que se haga justicia a las personas asesinadas y detenidas ilegalmente por Israel. Es evidente que el Estado israelí no responde de sus actos desde hace décadas y, ya antes del conflicto actual, en un informe publicado por el CPJ en mayo de 2023, se vio que su ejército había matado a 20 periodistas desde 2001. Nadie ha asumido la responsabilidad de estos asesinatos ni se ha hecho nunca justicia.
La investigación actual de la Corte Penal Internacional sobre Gaza, en teoría, incluye los asesinatos de periodistas, pero su mandato al respecto es tan amplio y sus recursos tan escasos que no está nada claro que alguna vez vaya a juzgar los crímenes de guerra contra la prensa. Los Estados deben presionar más para exigir justicia, entre otras cosas recurriendo a la jurisdicción universal, un principio jurídico que permite a los tribunales nacionales juzgar los delitos internacionales más graves, independientemente del lugar en el que se hayan cometido y de la nacionalidad del autor o la víctima.
