Un tribunal federal ha fallado a favor de un ministerio cristiano que buscaba garantizar su derecho a contratar únicamente a empleados que acepten regirse por sus creencias religiosas, ordenando al estado de Washington no aplicar una ley estatal de no discriminación en contra de la organización.
El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos emitió un dictamen unánime el martes, estableciendo que Union Gospel Mission de Yakima, en Yakima, Washington, tiene el derecho de contratar empleados que estén en consonancia con las creencias religiosas de la organización. Según se explica en el fallo, el ministerio cristiano demandó al Fiscal General de Washington y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Washington por la preocupación de que la Ley contra la Discriminación de Washington viola los derechos de la organización bajo la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
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La Ley contra la Discriminación de Washington prohíbe la discriminación laboral por diversos motivos, incluida la orientación sexual. Union Gospel expresó su preocupación de que podría enfrentar litigios debido a su requisito de que los empleados estén de acuerdo y se adhieran a las creencias y prácticas cristianas, incluyendo la “abstinencia de cualquier conducta sexual fuera del matrimonio bíblico entre un hombre y una mujer”.
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El fallo del tribunal federal impide que los funcionarios estatales apliquen la Ley contra la Discriminación de Washington en contra de Union Gospel, pero solo en lo que respecta a la contratación de empleados que compartan sus creencias y valores religiosos. Todos los demás aspectos de la Ley contra la Discriminación de Washington siguen siendo aplicables a la organización.
La organización legal conservadora sin fines de lucro Alliance Defending Freedom, que representó a Union Gospel en su litigio, reaccionó favorablemente al fallo en un comunicado publicado el martes. “Las organizaciones religiosas no deberían ser castigadas por ejercer su libertad constitucionalmente protegida de contratar empleados que estén en consonancia con sus creencias religiosas compartidas y que las vivan”, dijo Jeremiah Galus, consejero principal de ADF.
“Yakima Union Gospel Mission existe para difundir el evangelio de Jesucristo a través de su refugio para personas sin hogar, programas de recuperación de adicciones, esfuerzos de alcance comunitario, servicios de comidas y clínicas de salud”, agregó. “El Noveno Circuito dictaminó correctamente que la Primera Enmienda protege la libertad de la misión para contratar a compañeros creyentes que compartan ese llamado”.
El fallo del martes se produce tras varios años de litigio que se remontan a 2023. Aunque el tribunal de distrito desestimó inicialmente el caso, más tarde concedió la solicitud de Union Gospel de una medida cautelar preliminar que bloqueaba la aplicación de la ley en contra de la organización. El estado apeló, y el rechazo de la apelación por parte del Noveno Circuito, al confirmar la decisión del tribunal inferior, marca el acontecimiento más reciente en el caso.
Union Gospel inició el litigio contra el estado por su preocupación ante la interpretación del Tribunal Supremo de Washington de la exención que la Ley contra la Discriminación de Washington otorga a las organizaciones religiosas, según la cual esta solo se aplica a los “ministros”. Esto significaba que el ministerio debía acatar los mandatos de la ley de no discriminación al contratar empleados que no fueran ministros. En el momento en que se inició el litigio, Union Gospel buscaba cubrir más de 50 puestos no ministeriales.
El Noveno Circuito citó la “Doctrina de la Autonomía de la Iglesia” al fallar a favor de Union Gospel. El tribunal federal señaló que décadas de jurisprudencia han determinado que “la Primera y la Decimocuarta Enmiendas permiten a las organizaciones religiosas jerárquicas establecer sus propias normas y reglamentos para la disciplina y el gobierno internos” y que “la Constitución exige que los tribunales civiles acepten sus decisiones como vinculantes para ellas”.
“Si la contratación por parte de una organización religiosa de correligionarios para puestos no ministeriales se basa en sus creencias religiosas sinceras, entonces la doctrina de la autonomía de la iglesia prohíbe la interferencia del gobierno en esa decisión de contratación”, afirmaba el dictamen del martes.
