Más de 60 ONG enviaron este miércoles una carta al Congreso de Estados Unidos para pedirle que detenga la escalada militar de la Administración de Donald Trump en el Caribe y para expresar su “preocupación por las reiteradas ejecuciones extrajudiciales de civiles no identificados”. También, “ante el creciente riesgo de guerra” en la zona provocado por las operaciones que han destruido al menos cuatro lanchas provenientes de Venezuela a las que el ejército acusa de traficar con drogas. Esos ataques han matado a 21 personas, según la información proporcionada por la Casa Blanca desde el inicio de la ofensiva a principios de septiembre.
“El Gobierno de Trump no ha proporcionado ninguna justificación legal válida para estos ataques ni ha presentado pruebas que respalden sus afirmaciones de que las víctimas representaban una amenaza inminente para la seguridad de Estados Unidos”, argumenta la carta, a la que ha tenido acceso EL PAÍS. “Tememos que, si el Congreso no actúa con determinación, se producirán más ataques, más ejecuciones extrajudiciales y, potencialmente, una guerra abierta y sin límites con uno o más países de la región, cuyas consecuencias humanitarias y geopolíticas serán probablemente devastadoras”.
Entre los 62 firmantes de la misiva hay organizaciones civiles, religiosas y de defensa de los derechos humanos, así como sindicatos y laboratorios de análisis de política exterior.
Según esas ONG, los ataques infringen la Ley de Poderes de Guerra, una norma de 1973 que establece que para que el presidente pueda movilizar al ejército tiene que haber mediado “una declaración de guerra, una autorización legal específica o una emergencia nacional causada por un ataque contra Estados Unidos, sus territorios o posesiones o sus fuerzas armadas”. Los firmantes consideran que esas condiciones “claramente no se han cumplido”, y piden al Congreso que haga “valer sus facultades para declarar una guerra” y que condene “esos ataques ilegales”.
Una nueva fase
También exigen que Trump, que el domingo pasado dio a entender que la ofensiva estaba a punto de pasar a una nueva fase, por tierra, asuma “plena responsabilidad” por esos ataques, “incluyendo una investigación sobre la identidad de las víctimas”. El texto pide asimismo que se “compense a sus familiares”, que se “priorice la vía diplomática con los gobiernos para abordar el narcotráfico en la región”, y que se dé marcha atrás al “despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe”.
La semana pasada, Trump envió un memorando al Congreso para comunicar que el país había entrado en una guerra “no internacional” con los carteles de la droga, a cuyos miembros considera “combatientes ilegales”. Tras el primero de los ataques, a principios de septiembre, un grupo de senadores demócratas exigió a la Casa Blanca en una carta explicaciones sobre la legalidad de los ataques y le recordó que el Congreso debe dar permiso al presidente para que los autorice.
La Administración de Trump incluyó en febrero al Tren de Aragua, banda criminal de origen venezolano a la que asegura que pertenecían las narcolanchas fulminadas en aguas internacionales, en la lista del Departamento de Estado de “organizaciones terroristas designadas”. La Casa Blanca acusa además al Gobierno de Nicolás Maduro de liderar una organización criminal dedicada al narcotráfico. En agosto, Estados Unidos duplicó, hasta los 50 millones de dólares (casi 43 millones de euros), la recompensa a cualquiera que pueda ofrecer información que conduzca a la captura de Maduro.
Según las ONG firmantes, tanto el Tren de Aragua como Venezuela desempeñan “un papel menor en el narcotráfico hacia Estados Unidos”. “Cálculos recientes del propio Gobierno [de Washington] sugieren que menos del 10% de los envíos de cocaína con destino a Estados Unidos transitan por Venezuela”, dice el texto enviado al Congreso.
La misiva llega al Capitolio en plena crisis por el cierre del Gobierno, con la Cámara de Representantes en receso y el Senado atascado en las votaciones de las propuestas demócrata y republicana para reabrir el grifo de la financiación de la Administración.
Con todo, la minoría demócrata en la Cámara Alta prevé forzar una votación sobre la Ley de Poderes de Guerra en respuesta a los ataques en el Caribe. Es una iniciativa de Adam Schiff (senador por California) y Tim Kaine (Virginia) y estaba prevista para este miércoles. En el improbable caso de salir adelante, impedirá que las fuerzas armadas estadounidenses lancen operaciones militares contra organizaciones no estatales hasta que el Congreso las autorice formalmente.
