La declaración de Marine Le Pen este martes ante el tribunal de París es decisiva para su futuro político, pues es la que determinará si logra convencer a los jueces de su inocencia y, por tanto, si podrá presentarse a las elecciones presidenciales de 2027. La líder de la extrema derecha francesa ha testificado en la quinta jornada del proceso de apelación por el caso de desvío de fondos europeos por el que fue condenada en marzo de 2025 a cuatro años de cárcel (dos firmes con brazalete electrónico) y a cinco de inhabilitación política, lo que le impedirá presentarse a la cita electoral. En la sesión, la líder ultra ha descargado la responsabilidad en su padre, Jean-Marie Le Pen, fallecido hace un año y fundador del partido Frente Nacional cuya jefatura ella heredó.
Le Pen tenía que dar explicaciones este martes sobre el delito que la sentencia consideró probado en su día: que entre 2004 y 2016 existía en su partido, Reagrupamiento Nacional (antes Frente Nacional), un “sistema fraudulento” de desvío de fondos del Parlamento Europeo. Este dinero estaba destinado a contratar asistentes parlamentarios en Estrasburgo, que en realidad trabajaban para el partido en Francia. Ocurrió cuando la formación tenía más presencia en Europa que a nivel nacional y, por tanto, recibía más dinero de Bruselas.
Le Pen, considerada un elemento clave en el entramado, siempre se ha declarado inocente, aunque ahora ha cambiado su estrategia de defensa. En el juicio en primera instancia negó el delito y se mostró arrogante. Ahora sostiene que, aunque la actividad delictiva pudo existir, ella no fue consciente de ello y su tono se ha suavizado. “Si se ha cometido un delito y todo el mundo está de acuerdo en que se ha cometido, yo no tengo conciencia de ello”, ha arrancado su declaración.
Vestida con un traje oscuro, entró en la sala del antiguo Palacio de Justicia de París 10 minutos antes del inicio de la audiencia, prevista a la una y media de la tarde. Durante toda su exposición, que ha durado horas y seguirá también este miércoles, ha insistido en la misma idea: ella no tenía la sensación de estar cometiendo un delito. Lo ha justificado en el hecho de que el Parlamento Europeo no les señaló nada al respecto. “Nunca nos han reprochado el trabajo de los asistentes parlamentarios. El Parlamento estaba al corriente de la mutualización de los asistentes. No podía no saberlo”.
Ha delegado parte de la responsabilidad de lo que sucedía en su padre, Jean-Marie Le Pen, fundador del partido y fallecido hace justo un año, y otro dirigente histórico de la formación, Bruno Gollnisch, pues fueron ellos los que contrataron a esos “falsos” asistentes y les asignaron las funciones antes de que ella llegara. “Nunca imaginé que la situación podía suponer un problema”, ha señalado.
“En lo que concierne a los asistentes parlamentarios, yo no tomé ninguna decisión, fueron contratados incluso antes de que yo fuese elegida eurodiputada en 2004”, ha insistido. “Es Jean-Marie Le Pen el que era, en cierto modo, el líder del grupo [parlamentario], era el jefe. Debía de ser complicado decirle que no, pero todo el mundo estuvo de acuerdo”.
Dentro de las pruebas de la investigación, hay un correo electrónico comprometido de un eurodiputado que la implica directamente en el que dice: “Lo que Marine nos pide equivale a aceptar empleos ficticios” y “ella lo sabe”. Le Pen ha asegurado que este eurodiputado “sabe bien que nunca le pediría que contratara un asistente para trabajar en el Frente Nacional”. “Nunca he dado una instrucción [al respecto]”, ha señalado.
Como hasta ahora había negado los hechos, la presidenta del tribunal le ha preguntado si lo mantiene. Ha esquivado la pregunta y se la ha visto nerviosa, sobre todo cuando se le ha preguntado por los asistentes que fueron contratados cuando ella ya era presidenta del partido, entre 2011 y 2022. Ha dicho no conocer sus nombres ni de dónde venían.
Aunque la sentencia condenatoria probó que este fraude no fue una cosa puntual sino una estrategia orquestada durante años, ella niega que existiera como tal. “No había un sistema generalizado (..) El funcionamiento podía no ser ideal, puede ser cuestionable, pero todo el mundo trabajaba”, ha señalado, para justificar la labor de los empleados contratados con dinero de Bruselas.
Además de a Le Pen, se juzga a otros 11 miembros del partido. La investigación, que se inició cuando el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, presentó una denuncia en 2015, ha durado 10 años. La sentencia justificó la medida de la inhabilitación en el hecho de que, como Le Pen no había reconocido la existencia del delito, había un riesgo de reincidencia, algo grave en alguien que aspira a ocupar el máximo cargo de poder en Francia.
Aunque es improbable que sea absuelta, con este cambio en su defensa la líder del RN espera al menos que se no se le aplique la inhabilitación política o se le reduzca el periodo. Para presentarse a las presidenciales de 2027, el tribunal tendría que rebajarla a dos años en lugar de cinco. Como ya ha cumplido uno, podría acudir a la cita electoral. Serían las cuartas elecciones a las que se presenta como candidata, su partido parte como favorito en las encuestas y nunca ha estado tan cerca del objetivo al que ha dedicado toda su carrera política: llegar al Elíseo.
