El Senado de Brasil aprobó la noche del miércoles, con 48 votos a favor, 25 en contra y una abstención, el proyecto de ley para rebajar las penas de cárcel del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro y del resto de condenados por golpismo. La polémica propuesta ya se había aprobado la semana pasada en la Cámara de Diputados, por lo que para que entre en vigor ahora sólo falta la sanción final del presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. El líder brasileño, frontalmente contrario a la medida, ya ha dicho que la vetará, pero no servirá de nada, más allá del simbolismo, porque los diputados pueden restaurar el texto acto seguido. Es probable, en todo caso, que desde la izquierda se lleve la ley al Tribunal Supremo cuestionando su constitucionalidad.
La ley llega menos de un mes después de que Bolsonaro empezara a cumplir una condena de 27 años y tres meses de cárcel por cinco delitos diferentes. Los jueces le consideraron el líder de la estrategia que intentó una ruptura institucional para mantenerse en el poder tras la derrota electoral de 2022. Pocos días después de la condena en los pasillos del Congreso Nacional ya se hablaba de una amnistía. Las protestas en la calle y la dificultad en aprobar una ley que aplicara un gran borrón y cuenta nueva llevaron a la derecha a recalcular la ruta y a defender la llamada “dosimetría” como la solución posible.
Su principal argumento es que las penas son excesivas, desproporcionadas sobre todo para los cientos de condenados por la invasión a las sedes de los tres poderes del 8 de enero de 2023 en Brasilia. El texto aprobado reduce las penas para delitos cometidos “en ambiente de multitud” y evita que se sumen las penas de delitos cometidos en un mismo contexto, contando solo la más grave. La rebaja penal, no obstante, no beneficiará solo a esos violentos manifestantes que la extrema derecha considera “mártires” del 8 de enero, sino también a los cabecillas de la trama. Con los nuevos métodos de cálculo, la condena de Bolsonaro podría pasar de 27 a 21 años y el periodo en régimen cerrado pasaría de los seis previstos ahora a unos dos, aunque depende de interpretaciones.
La situación de Bolsonaro, en cualquier caso, dependerá sobre todo de su estado de salud. Sus abogados, que desde el principio defienden que cumpla prisión domiciliaria, en los últimos días ya han pedido en dos ocasiones que se le permita salir para someterse de forma “urgente” a una operación por dos hernias en la ingle. Aseguran que su estado de salud es “grave, complejo y progresivamente debilitado”. Este mismo miércoles peritos médicos de la Policía Federal examinaron a Bolsonaro, y con sus conclusiones en la mano el juez del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes decidirá si autoriza o no la cirugía.
Mientras los congresistas votan para rebajar penas, en el otro lado de la plaza de los Tres Poderes el Tribunal Supremo sigue juzgando a los implicados en la intentona golpista. Esta semana fueron condenados cinco militares, policías y políticos del segundo escalafón. El general Mario Fernandes, secretario ejecutivo en el Gobierno Bolsonaro, fue condenado a 26 años y seis meses de cárcel. Confesó haber coordinado el plan que pretendía asesinar al entonces presidente electo Lula; a su número dos, Geraldo Alckmin y al juez De Moraes. Otro de los condenados es el exdirector de la Policía de Carreteras, Silvinei Vasques (24 años y seis meses), que cuando Brasil se disponía a elegir en las urnas entre Lula y Bolsonaro organizó bloqueos en vías clave para impedir el voto a electores del izquierdista. Para ellos también servirá la rebaja penal recién aprobada por el Congreso.
