La situación de bloqueo en Francia perdura e invita a pensar que el nuevo Gobierno podría nacer muerto. El primer ministro, Sébastien Lecornu, afronta horas decisivas para su supervivencia y la de su Ejecutivo, que ni siquiera se ha formado todavía. El país volverá a salir este jueves a la calle contra el plan de recortes que presentó su predecesor, François Bayrou, y que todavía no ha sido completamente descartado. El viernes, el nuevo jefe del Gobierno se reunirá con el Partido Socialista (PS) para intentar lograr su apoyo a los Presupuestos. Y antes del domingo debería nombrar a los miembros de su Ejecutivo. Esta triple secuencia marcará a fuego la agenda política de los próximos meses e invita a pensar en una posible disolución de la Asamblea Nacional.
Los sindicatos han convocado una huelga que volverá a afectar a los transportes, a la sanidad y a la educación. La jornada de movilización del 18 de septiembre y la reunión de la semana pasada no fueron suficientes para obtener “respuestas claras por parte del primer ministro”, lamentó Marylise León, responsable máxima de CFDT, central próxima a los socialistas. En vista de la cerrazón, Lecornu mandó a los sindicatos una carta hecha pública este miércoles en la que se compromete a mejorar las pensiones de las mujeres madres de familia. Pero no parece suficiente.
Las exigencias de los ocho aliados reunidos en la intersindical son, entre otras, el abandono del plan presentado a mediados de julio por François Bayrou, que preveía cerca de 44.000 millones de euros en ahorros; la eliminación del retraso en la edad legal de jubilación a los 64 años; una mayor condicionalidad de las ayudas públicas a las empresas; un aumento de la fiscalidad para las rentas más altas; y el incremento de los recursos para los servicios públicos.
El nuevo primer ministro planea convencer a la CFDT para obtener un acuerdo de no censura con el PS. Lecornu ha dado prioridad a las discusiones con los interlocutores sociales antes que al encuentro con la izquierda, que se producirá el viernes. La idea es obtener algún tipo de acuerdo previo, probablemente modificando algunos apartados de la polémica reforma de las pensiones, para presionar al PS.
Una primera versión del proyecto de ley de finanzas para 2026 será transmitida el jueves 2 de octubre al Alto Consejo de Finanzas Públicas (HCFP) para su dictamen, según Le Monde. La transmisión marca el inicio del proceso de discusión presupuestaria. El Alto Consejo, un organismo independiente adscrito al Tribunal de Cuentas, dispondrá después de siete días para emitir su dictamen, que se hará público durante la presentación formal del Presupuesto por parte del Gobierno, previsiblemente la semana que viene.
Habrá concesiones a la izquierda y, necesariamente, a la derecha. El primer ministro adelantó que sería “un Presupuesto de compromiso” para reducir el déficit del 5,4% al 4,7% del PIB. “He tenido en cuenta todas las consultas realizadas con los sindicatos, la patronal y las fuerzas políticas”, declaró en una entrevista a Le Parisien. Desmarcándose abiertamente de su predecesor, Lecornu aseguró que el suyo “no será un Presupuesto de austeridad y regresión social”, y que el próximo año aumentarán tanto los recursos destinados a las pensiones (en 6.000 millones de euros) como el gasto sanitario (en 5.000 millones).
El primer ministro confirmó que habrá una reducción de 6.000 millones en la estructura y funcionamiento de la maquinaria del Estado: “Este importante esfuerzo en los ministerios tendrá que ir acompañado de una reforma a largo plazo de la función pública y de nuestra organización territoriales a través de la descentralización”. Esta es una reivindicación de la derecha y, especialmente, de la ultraderecha de Marine Le Pen.
El Reagrupamiento Nacional (RN) de Le Pen se ha abierto en las últimas horas a no tumbar en un primer momento al Ejecutivo. Pero el diputado de la formación ultraderechista Jean-Philippe Tanguy alertó sobre la “falta de tiempo” para votar el Presupuesto. “Por primera vez bajo la V República, el señor Lecornu podría hacer un Presupuesto por ordenanzas”, indicó, subrayando que “altos funcionarios del Ministerio de Economía ya lo estaban preparando”. “Si el Presupuesto no se vota en los plazos previstos, puede recurrir a este procedimiento”, advirtió.
El artículo 47 de la Constitución permite aprobar el Presupuesto por ordenanzas si no se respeta el plazo de 70 días fijado por la ley fundamental para adoptar el proyecto de ley de finanzas antes del 31 de diciembre. “Hay una sensación de que el señor Lecornu juega permanentemente contra la democracia”, lamentó Tanguy, quien precisó que el RN “no se prohibirá censurarlo”, pero que “juzgará sobre hechos”.
