Las universidades de élite de EE UU se plantan ante el intento de la Administración de Donald Trump de controlarlas. La presión del Gobierno republicano ha ido desde hace meses en aumento: primero, con el combate al supuesto antisemitismo en los campus como respuesta a la guerra de Gaza; luego, la exigencia de derogar los criterios de diversidad en la admisión y contratación y, finalmente, la invitación a suprimir todo lo que huela a “antiamericano” y “contrario a los valores conservadores”. Este último intento es el núcleo de la propuesta que la Casa Blanca hizo a principios de mes a nueve importantes universidades: una financiación favorable si los centros abjuran de su liberalismo (y por extensión, de su libertad académica). Siete han rechazado la oferta.
La última, este lunes —cuando se cumplía el plazo—, ha sido la Universidad de Arizona, que se sumaba al prestigioso MIT, la Universidad Brown, la Universidad del Sur de California, las de Pensilvania y Virginia y el Dartmouth College. Todas estas instituciones han rechazado la propuesta por considerar que compromete seriamente los principios fundamentales que animan la educación universitaria. “Principios como la libertad académica, la financiación de la investigación basada en el mérito y la independencia institucional son fundamentales y deben preservarse”, ha dicho el rector de la Universidad de Arizona, Suresh Garimella, en un comunicado dirigido a la comunidad universitaria. “Por eso, la universidad no ha aceptado los términos esbozados en el borrador de la propuesta”.
La Universidad de Vanderbilt y la Universidad de Texas en Austin, que inicialmente lo acogió con entusiasmo, aún no se han pronunciado, si bien un funcionario de la Administración republicana pareció ampliar el plazo este lunes cuando la agencia Reuters le preguntó sobre el asunto. “La Administración sigue escuchando las opiniones de las universidades, por lo que aún no hay una versión lista [del acuerdo] para firmar”.
Con los campus cerrados a cal y canto desde hace más de un año —una señal de la acelerada regresión de las libertades en el EE UU del trumpismo—, la oferta a las nueve universidades marca, sin embargo, un nuevo enfoque más totalitario. Con diez puntos, el memorándum Un pacto por la excelencia académica en la educación superior pide a los centros que limiten la matriculación de estudiantes extranjeros de grado al 15% —una importante fuente de ingresos—, eliminen las cuotas de discriminación positiva por raza y sexo en la admisión y contratación y una definición de los géneros basada únicamente en la biología. También “transformar o abolir las unidades institucionales [facultades, escuelas] que castigan, menosprecian e incluso atentan contra las ideas conservadoras”, sin incluir medidas similares para proteger las liberales.
El pacto también propone que la prueba Classic Learning Test, ya vigente en el sistema universitario público de la conservadora Florida, se incluya entre las pruebas de acceso a la universidad, pese a las críticas de los expertos por arrojar una baremación insuficiente desde el punto de vista académico. Las universidades que persigan, defiendan o apliquen “modelos y valores” incongruentes con los del memorándum podrían verse obligadas a “renunciar a las prestaciones federales”, reza la oferta, mientras que las que acaten los impuestos por la Casa Blanca serán recompensadas.
Desde que el presidente Trump asumió el cargo en enero, e incluso antes, tiene en el punto de mira lo que considera instituciones de tendencia liberal, castigándolas con la retirada de financiación o la persecución de estudiantes y profesores implicados en protestas propalestinas en los campus —que Washington considera antisemitas—, o por implementar programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI, en sus siglas inglesas), la bestia woke del trumpismo. En nueve meses, su Administración ha cancelado contratos federales por valor de miles de millones de dólares a varios centros —el caso paradigmático es el de Harvard, con 2.200 millones en suspenso, vitales para investigaciones médicas— para empujarlos a cambiar drásticamente sus políticas, mientras detenía a decenas de estudiantes propalestinos y expulsaba del país a algunos (además de investigar la huella digital de los aspirantes a estudiar en sus campus para decidir sobre su visado). Los tribunales han frenado la retirada de fondos en varios casos, como el de Harvard, y ordenado que se restablezcan las líneas de financiación.
Un multimillonario tras la oferta
Con una fortuna estimada en 8.800 millones de dólares en 2024 según Forbes, Marc Rowan, director ejecutivo de Apollo Global Management, es el inspirador de la gran reforma de la educación superior, incluida su alma máter, la Universidad de Pensilvania. En respuesta a las intenciones de Rowan, que es judío —como muchos de los donantes que desde octubre de 2023 amenazaron a las universidades con cortar fondos si permitían manifestaciones supuestamente antisemitas—, el centro ha declarado en un comunicado que la oferta de la Casa Blanca “no es más que un intento de obligar a la Universidad de Pensilvania y a otras instituciones a doblegarse ante el ataque generalizado de la Administración Trump a la educación superior”. Rowan, que también preside la junta de patronos de la escuela de negocios de esa universidad, afirmó la semana pasada en un artículo publicado en The New York Times que la educación superior en EE UU “ha perdido el rumbo”.
En un comunicado, la sección de Pensilvania de la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios acusa directamente al cerebro del pacto: “Rowan, quien abiertamente se ha declarado partidario de Trump, ocupa un cargo de poder que le lleva a considerar los derechos fundamentales del profesorado, el personal y los estudiantes como una mera molestia. Pero esto no cambia el hecho de que la Constitución de Estados Unidos le prohíbe claramente privarnos de nuestros derechos por la fuerza política, aunque le resultara fácil hacerlo” económicamente.
De la oferta de Washington, que podría extenderse a otros centros, quedaron excluidas universidades de la elitista Ivy League como Harvard, que mantiene su particular contencioso con el Gobierno, y Columbia. El caso de Brown, que sí ha sido destinataria, es muy revelador del modus operandi de trilero de la Casa Blanca. La universidad llegó a un acuerdo con el Gobierno federal en julio, pero este redobló sus peticiones en octubre: a cambio de un trato de favor, Brown tendría que ceder aún más control sobre el funcionamiento interno. Algo parecido le sucedió meses antes a Columbia, que se ha plegado a sucesivas demandas de la Administración, incluida la adopción de la definición oficial de antisemitismo fijada por la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA, en sus siglas inglesas), un marco cada vez más usado por las universidades estadounidenses.
Sobre estos dos casos, el analista Steve Bennen apunta: “Intentar apaciguar o calmar a la Casa Blanca es una tarea inútil. Quienes rechazan la ridícula oferta del equipo de Trump corren el riesgo de provocar la ira del presidente, pero aceptar sus ofertas no les va a inmunizar. Al revés, pedirá más”.
