Una notificación inesperada llegó de parte del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). “Por medio de la presente, le informamos que, debido a circunstancias imprevistas, hemos tenido que cancelar la entrevista programada para el miércoles 3 de diciembre de 2025 a las 09.50 am”. Zoe, una cubana que lleva cinco años como residente permanente en Nueva York y pide no dar su apellido, estaba ultimando los detalles, repasando nombres de congresistas y líderes históricos, y releyendo los deberes y derechos que debe saber quien aspire a convertirse en ciudadano de Estados Unidos. “Yo feliz, porque todo andaba viento en popa, estudiándome a Lincoln, a Washington y a cuanto miembro hay en el Congreso”, dice. Ahora, a través de un correo electrónico, le anunciaban que el camino hacia su naturalización era indefinido. Esa es casi la única garantía —por el momento— en un país empeñado en expulsar a sus migrantes.
La notificación escueta que recibió el 1 de diciembre dejó saber que le informarían de “cualquier medida adicional que se tome en este caso, incluyendo la información sobre la reprogramación de la entrevista”. El USCIS no olvidó añadir que lamentaban “cualquier inconveniente que esto pueda ocasionar”.
Zoe pensó que podría ser una equivocación, un imprevisto. “Cosas del azar, la nevada o falta de personal por el cierre del Gobierno”, se dijo. Cuando despertó a la mañana siguiente, la noticia era una realidad en todos los medios de prensa del país: la Administración de Donald Trump había puesto en pausa las solicitudes de migración de los nacionales de 19 países considerados de alto riesgo, entre los que están Cuba y Venezuela, una medida tomada como expansión del travel ban anunciado en junio. Quedaban suspendidas las solicitudes de residencia permanente o ciudadanía, y los aplicantes serían sometidos a revisiones más exhaustivas.
El director del USCIS, Joseph B. Edlow, dijo en un comunicado que estaban implementando “más medidas de protección que garantizan que el fraude, el engaño y las amenazas no vulneren la integridad de nuestro sistema de inmigración”. Automáticamente, migrantes de todo el país comenzaron a reportar la llegada no solo del mismo correo electrónico, sino la cancelación de sus juramentos de ciudadanía.
La última de las medidas que ha tomado la Casa Blanca atenta contra quienes creían que estaban un poco más a salvo: los residentes permanentes, a un paso de convertirse en ciudadanos. Pero en un momento en el que incluso se ha amenazado con eliminar la ciudadanía por nacimiento, o que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha arrestado a personas naturalizadas, la única certeza es que ningún migrante está fuera de peligro.
“Llevaba meses teniendo conversaciones con mi esposo, desde que empezaron a salir más y más videos de los arrestos arbitrarios del ICE”, cuenta Zoe. “Él me decía que nada de esto me iba a tocar, que soy residente legal, casada con un ciudadano americano, con un hijo americano. Pero yo sentía que sí, que a mí también me podía tocar, porque al final van detrás de todos los inmigrantes, buscando nuevas y truculentas maneras de atemorizarnos. Ser un residente legal en Estados Unidos es ahora mismo ser un ciudadano de segunda clase. Tengo miedo de viajar y que luego no me dejen entrar, miedo de que me revoquen la green card, de que me separen de mi bebé”.
Lo primero era, según la Administración Trump, detener la migración ilegal y expulsar del país a “lo peor de lo peor”. Llegaron suspensiones del Estatus de Protección Temporal y parole humanitario. Luego extendieron su poder hasta las cortes de migración, y el ICE empezó a ser parte de la vida diaria en las grandes ciudades del país. Pero eso no basta y van mucho más allá. El concepto de “criminal” se ha expandido y el mensaje ha sido claro: ningún extranjero es bienvenido.
A bordo del Air Force One, donde Trump hace unos días explicó su idea de la llamada migración inversa, que consiste en “sacar a la gente que está en nuestro país” y que entró gracias a la Administración de Joe Biden, al presidente le preguntaron si pensaba desnaturalizar a migrantes. “Si tengo el poder para hacerlo, lo haré. Absolutamente”, respondió.
Procesos en suspensión
Los disparos del ciudadano afgano de 29 años Rahmanullah Lakanwal, el 26 de noviembre, contra dos agentes de la Guardia Nacional, fueron el último detonador para que Trump diera luz verde al recrudecimiento de su política antiinmigrante. No pasó mucho tiempo desde el incidente que removió a Washington D. C. para que el mandatario amenazara con suspender la migración desde “todos los países del Tercer Mundo”. Para finales de noviembre, ya estaban apareciendo las nuevas medidas que hoy tienen en vilo a todos los migrantes.
Según la abogada de migración Liudmila Marcelo son políticas que afectan fundamentalmente a aquellos que no tienen registros criminales, “pues estos son los que se reportan con el ICE, cumplen con sus fechas de corte y desean seguir los pasos correctos y necesarios para obtener un estatus legal”. “Nunca se ha tratado de inmigrantes con registros criminales, porque esos inmigrantes no son fáciles de encontrar y procesar, esos inmigrantes no van a corte, no se reportan al ICE”, sostiene.
Ángela Linares —una cubana que pidió cambiar su nombre— ha sido varias veces afectada por las políticas migratorias del presidente. Hace más de un año creyó que era afortunada, cuando se le abrió un camino legal hacia Estados Unidos tras ser beneficiaria del parole humanitario. El día en que la Casa Blanca deshabilitó el programa, Linares comenzó a transitar la vida como una persona al margen de todo en Florida.
“Me dejaron ilegal aquí, tuve que ponerme en pausa porque desde el momento en que limitaron todos los procesos no me ha salido ni mi permiso de trabajo, ni mi residencia. La vida está en pausa”, dice. Ahora trabaja “por la izquierda”, y tampoco se atreve a manejar desde su casa en West Palm Beach hasta la de sus padres en Cape Coral, por miedo a que la policía la detenga. “Mi padre no quiere que yo vaya a verlo, sabe que cualquier salida es un riesgo, te detienen y no les importa nada, están violando todo, no hay ningún estado de seguridad”.
La familia vive con el temor de que, después de casi una década de espera, Linares, de 49 años, tenga que irse sola una vez más. En 2016, sus padres, ciudadanos estadounidenses, comenzaron su proceso de reclamación. En 2024 la suerte se le adelantó y se reunió con ellos como beneficiaria del parole. La notificación de que se presentara a la embajada de La Habana para obtener su visa de reunificación familiar llegó cuando ya estaba en Estados Unidos. En otro momento hubiese valorado la posibilidad de regresar a la isla y presentarse ante las autoridades consulares, pero lo cierto es que el travel ban la considera “no prioritaria” por tratarse de una hija mayor de edad. Perdió también la posibilidad de su reclamación.
Con las últimas medidas, le cayó encima otro balde de agua fría. Por su condición de cubana pudo aplicar a la Ley de Ajuste, pero ahora mismo se ve afectado su proceso de residencia. En un mensaje en X a finales de noviembre, Joseph B. Edlow, el director del USCIS, dijo que por petición de Trump ha ordenado “una revisión rigurosa, a gran escala, de cada tarjeta de residente de cada extranjero de cada país de preocupación”.
De acuerdo con la abogada Marcelo, pausar estos procesos “implica que el volumen de casos estancados va a crecer”, a pesar de que ya se estaban experimentando demoras considerables en los procesamientos de las residencias por Ajuste Cubano. “Esto va a traer consigo un período aún mayor de incertidumbre para aquellos que no se sienten seguros hasta que reciban su residencia permanente, porque si bien es cierto que cumplen con los requisitos, mientras esa residencia no se otorgue, están en peligro de ser detenidos”.
Además de los procesos de residencia permanente o ciudadanía, se han puesto en pausa también las peticiones de asilo. Según Edlow, la suspensión se mantendrá “hasta que podamos garantizar que todos los extranjeros sean investigados y examinados con el máximo rigor posible”. La medida afecta a más de 1,5 millones de personas con solicitudes de asilo pendientes.
Aun así, el abogado Aaron Ortiz-Santos insiste en que desde su bufete están recomendando a los clientes no dejar de tramitar sus casos. “Le decimos a la gente que los siga presentando para que en caso de que se demande y se suspendan estas reglas, puedan continuar los procesos”. Por ahora, no obstante, no existe una fecha oficial de cuándo se reanudarán.
“Están quitando lo esencial para que la gente se vaya”
El Gobierno estadounidense —que sabe que “la deportación más grande de la historia” implica un gasto extremo y que tampoco es fácil localizar a los millones de indocumentados que pretender expulsar— ha estado echando mano de otro tipo de estrategias para arrinconarlos o hacerlos optar por la autodeportación.
La Administración republicana arrancó el último mes del año con restricciones a los permisos de trabajo, limitando a 18 meses aquellos que antes alcanzaban los cinco años. Según el director del USCIS, la medida garantiza que quienes “buscan trabajar en Estados Unidos no representen una amenaza para la seguridad pública ni promuevan ideologías contrarias a los valores nacionales”.
Por otro lado, varios migrantes han comenzado a reportar notificaciones desde sus bancos, que les piden actualizar su estatus migratorio para evitar el cierre o congelamiento de cuentas. A quienes no hayan hecho solicitudes de asilo, no tengan residencia o permisos de trabajo, les será imposible justificar su estatus.
Dice Linares que el reto mayor en este tiempo es levantarse en la mañana “sin seguridad de nada”. “¿Cómo vas a vivir si no tienes dinero? Porque si no tienes permiso de trabajo y no tienes cómo pagar, no puedes tener una renta. ¿Qué haces si no tienes una licencia para conducir en un país donde hay que manejar? Te están asfixiando, te están quitando la libertad, no te puedes mover, y si no tienes trabajo no puedes vivir en este país. Para eso lo están haciendo. Están quitando lo esencial para que la gente se vaya”.
