Escasez de gasolina, que se vende en el mercado negro al doble o triple de su precio; cortes diarios de electricidad; clases suspendidas en colegios y universidades; empresas que han paralizado su actividad o funcionan a medio gas; movilidad restringida. Desde el pasado septiembre, los grupos yihadistas que operan en Malí están sometiendo al país africano a una asfixia económica cada vez más insoportable y han intensificado su actividad terrorista de ataques y secuestros en las regiones próximas a la capital, Bamako, de cuatro millones de habitantes. Ante la creciente inseguridad y la inestabilidad que puede generar en la región, los gobiernos de Estados Unidos, Alemania, Italia y España recomendaron la semana pasada a sus ciudadanos que abandonen el país.
“Todo depende del carburante”, dice Alassane (nombre ficticio por seguridad) por teléfono desde Bamako. “Si cortas el suministro, el país entero lo sufre: las empresas, los transportistas, los mercados, la Administración. Todo está paralizado o casi. Son muchos los que están hartos. Otros, sin embargo, se aferran a la idea de que no puede ser peor, que hemos tocado fondo y que pronto cambiarán las cosas porque los yihadistas actúan a la desesperada”.
Como trabajador de una ONG extranjera, Alassane teme que sus palabras le pueden costar la cárcel o algo peor, por lo que pide no ser identificado. “La gente no se atreve a hablar ni por teléfono, todas las conversaciones pueden ser escuchadas y ya no sabes quién es quién. Hay muchas personas detenidas solo por decir lo que piensan”, explica.
El pasado agosto, el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM, por sus siglas en árabe), vinculado a Al Qaeda, anunció que bloquearía por la fuerza cualquier importación de combustible desde los países vecinos. Para un Estado sin costa que depende por completo del carburante que entra por sus fronteras terrestres, es una amenaza muy seria. Apenas unos días después comenzaron los ataques. El 14 de septiembre, 40 camiones cisterna que formaban parte de un convoy con escolta militar eran incendiados por los yihadistas. Desde entonces, los atentados contra el transporte de fuel se han multiplicado y la escasez ya se deja sentir.
“Vas a las gasolineras que quedan abiertas y hay unas colas enormes. Es difícil encontrar gasolina a menos que vayas al mercado negro”, prosigue Alassane. “La gente la revende en garrafas al doble o triple de su precio. Luego está la electricidad: hay cortes diarios de seis, ocho o 12 horas. El Gobierno está haciendo lo posible para que no se note, pero cuando comenzaron con los ataques los apagones empezaron a ser más frecuentes”, añade. A comienzos de septiembre, el principal sindicato de camioneros paralizó su actividad hasta contar con las mínimas garantías de seguridad por parte del Gobierno.
La capacidad de los yihadistas de llevar a cabo cortes de carretera y ataques para impedir la llegada de combustible a la capital muestra su extensión a las regiones de Kayes y Sikasso, por donde transita el combustible procedente de los puertos de Dakar (Senegal) y Abiyán (Costa de Marfil), sus principales vías de suministro. Hasta hace un año, Kayes apenas sufría el impacto directo del terrorismo. Hoy, la capital regional y la ciudad de Nioro du Sahel viven bajo el bloqueo yihadista. Decenas de ciudadanos han sido secuestrados en las últimas semanas y los radicales impiden o cobran un precio por el tránsito de mercancías.
“Da igual a dónde quieras ir desde Nioro. Si en tus papeles figura que eres nativo de aquí, te secuestran”, asegura Sidi Dicko, uno de los habitantes de esta ciudad, en un vídeo difundido a través de las redes sociales el pasado 24 de octubre. “Unos 50 habitantes de Nioro ya han desaparecido. Vivimos un suplicio y lanzamos un grito desesperado por su liberación (…) La mayoría de los vecinos son comerciantes, pero las carreteras están bloqueadas, nuestras actividades están paralizadas”.
Kayes es clave para la economía de este país de 24 millones de habitantes. El 80% del oro de Malí procede de esta región. Al menos una decena de empresas extranjeras ha sufrido ataques en los últimos meses y trabajadores chinos e indios han sido secuestrados. La junta militar que gobierna el país ha respondido incrementando los controles, pero los frentes se multiplican. En Segou, a poco más de 200 kilómetros al este de la capital, los yihadistas también se han hecho fuertes.
“Al atacar las principales rutas comerciales y los camiones cisterna, buscan aislar a Bamako de sus principales fuentes de abastecimiento, al tiempo que consolidan su control sobre los centros de población y las regiones adyacentes a la capital. Sin combustible, materias primas y otros bienes, los hogares y las empresas de las regiones más pobladas del país se enfrentan a crecientes dificultades. Esta estrategia reproduce una táctica de cerco similar a la observada en Burkina Faso”, señala el Centro África de Estudios Estratégicos en un reciente informe.
El 23 de septiembre, tres ciudadanos extranjeros, dos emiratíes y un iraní, fueron secuestrados por JNIM a unos 40 kilómetros de Bamako. Tras un mes de negociaciones secretas, fueron liberados la semana pasada a cambio de 50 millones de euros, 20 toneladas de armamento y munición y la excarcelación de medio centenar de yihadistas, según fuentes próximas al Gobierno. Las autoridades temen que ese dinero sirva para llevar a cabo ataques cada vez más ambiciosos cerca o en el interior de la capital, temor que comparten los gobiernos extranjeros. La semana pasada, Estados Unidos, Italia, Alemania y España recomendaron a sus ciudadanos abandonar Malí.
“Todo el mundo tiene miedo”, continúa Alassane. “En la ciudad no pasa nada, pero ya no se puede ir con seguridad a Segou o Kayes. No nos sentimos protegidos, los yihadistas no están lejos”. El Gobierno maliense ha suspendido las clases en colegios y universidades ante la falta de combustible y las dificultades de movilidad de la población. Además, en un intento de frenar la especulación, ha prohibido la venta de gasolina en garrafas en aquellas estaciones de servicio que permanecen abiertas. La inestabilidad generada por esta escasez también preocupa a las autoridades. El pasado 8 de octubre, 11 militares de alto rango fueron expulsados del ejército por participar en “un proyecto de desestabilización de la República”.
La insurgencia yihadista comenzó en Malí en 2012 y, pese a una intervención militar francesa que duró nueve años, se ha extendido por todo el territorio y a los países vecinos, Níger y Burkina Faso. En 2020, un grupo de militares dio un golpe de Estado con el objetivo de priorizar la lucha contra los terroristas, para lo que expulsaron a los soldados franceses y contrataron los servicios de mercenarios rusos. Sin embargo, los grupos armados han continuado extendiendo su actividad a las zonas más rurales de los alrededores de la capital, donde cortan carreteras, cobran impuestos e imponen la ley islámica.
