Ucrania necesita un salvavidas financiero urgente para mantenerse a flote. Con la pérdida de la ayuda estadounidense, tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca el pasado enero, el sostén del país invadido por Rusia depende fundamentalmente de sus aliados europeos. Por eso, y con un duro invierno por delante, Bruselas trata ahora in extremis de sacar adelante alguna fórmula que evite la quiebra de Ucrania.
La idea que genera un mayor consenso es enviar a Kiev, en forma de préstamo sin intereses, 140.000 millones de euros sacados de los activos soberanos rusos, fondos congelados en la UE por las sanciones contra el Kremlin.
En un contexto de presupuestos ajustados, emplear ese dinero es la mejor opción y la más rápida para la mayoría de los Estados miembros. Pero no para Bélgica, donde está la entidad de servicios financieros en la que se aloja el dinero ruso y sin cuyo acuerdo la propuesta es imposible.
Su primer ministro, el nacionalista flamenco Bart De Wever, ha advertido de que usar esos fondos podría ser percibido como una “expropiación ilegal” y derivar en una crisis del euro. “El plan de ‘préstamos de reparación’ [para Ucrania] implicaría múltiples peligros no solo para mi propio país, ya que es donde se han inmovilizado la mayor parte de los activos soberanos rusos, sino también para la UE y todos nuestros Estados miembros individuales”, dice Bart De Wever en una carta enviada el jueves a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la que habla de los temores a las represalias rusas.
“Las palabras son baratas, pero la ayuda a Ucrania será desafortunadamente cara”, añade en la misiva, a la que ha tenido acceso EL PAÍS y que supone un obstáculo gigantesco para el plan de apoyo a Kiev. De Wever afirma, además, que entregar el dinero a Ucrania eliminaría un elemento de presión sobre el Kremlin y dañaría las opciones de un acuerdo de paz.
El aviso de Bélgica, que llega solo unas semanas antes de que los líderes europeos tengan que decidir sobre el apoyo económico para Ucrania, ha puesto a la Comisión Europea en alerta máxima. Se espera que el Ejecutivo comunitario —que ha lanzado varios documentos de opciones para tratar de convencer a los socios de que la más sabia es el uso de los activos soberanos rusos— presente este lunes una propuesta legal con la que confía en apaciguar a Bélgica y lograr su vía libre.
“Se trata de construir una arquitectura segura para el uso de ese dinero en forma de ‘préstamo de reconstrucción’ que tranquilice al Gobierno belga y permita que Ucrania reciba los fondos”, explica una alta fuente comunitaria que trabaja sobre el asunto, extremadamente sensible.
Ucrania necesita unos 136.000 millones en 2025 y 2026 para mantenerse a flote y seguir combatiendo al invasor ruso, según cálculos europeos. El país va camino del cuarto aniversario de la guerra a gran escala lanzada por Vladímir Putin, y sus arcas están seriamente mermadas. Si no recibe una inyección de fondos antes del fin del primer trimestre de 2026, puede verse obligado a efectuar un enorme hachazo a su gasto público y dejar sin salario a dos millones de empleados públicos y sin ayudas sociales a casi otro millón, según datos que el Ejecutivo ucranio ha transmitido a sus aliados europeos.
La presión para la UE es enorme. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, ha asegurado que en la próxima cumbre del 18 y 19 de diciembre los líderes no se levantarán de la mesa hasta que encuentren una solución financiera para Kiev. No está siendo nada fácil y la tardanza está dañando la credibilidad de la Unión, que ha prometido que ayudará a Ucrania todo el tiempo que sea necesario, coinciden fuentes diplomáticas. En octubre, los líderes fracasaron en hallar una solución.
Bruselas ya había dado un paso de gigante al emplear los intereses que generan los activos congelados rusos para garantizar un préstamo para Ucrania. Ahora, la propuesta es un órdago todavía mayor: usar los balances de caja en forma de préstamo sin intereses para Ucrania, que solo debería devolver en el caso de que el Kremlin pague por los daños tras la guerra. Algo que la Comisión Europea cree que no va a suceder.
Aumenta así la presión sobre Bélgica que, a la luz de la negociación de paz, parece estar ganando tiempo. “No podemos negar lo que pueda suceder con el resultado de la guerra de Rusia contra Ucrania. En el muy probable caso de que Rusia no sea oficialmente la parte perdedora, como la historia ha demostrado en otros casos, solicitará legítimamente la devolución de sus activos soberanos”, advierte De Wever. “Dado que cabe esperar que Ucrania no pueda ni quiera devolver los préstamos que se le han concedido con base en estos activos soberanos rusos, parece seguro que se volverá a interpelar al contribuyente europeo”, sigue en su misiva, en la que habla crudamente de las perspectivas de cómo se firmaría la paz.
El enroque del Gobierno belga ha enfurecido a varios socios y a gran parte de las instituciones comunitarias, donde se ha empezado a sembrar la duda sobre la razón última de su negativa a aceptar entregar los activos rusos para Ucrania. Bélgica recibe ganancias por esos fondos, a través de los impuestos. Hace tiempo que se comprometió a enviar todos esos ingresos caídos del cielo a Kiev, algo que empieza ahora a ponerse en duda. Bélgica niega rotundamente cualquier irregularidad.
“Las preocupaciones de Bruselas no son inesperadas; [la entidad financiera] Euroclear, con sede en Bélgica, posee el 86% de los activos estatales rusos en poder de la UE, lo que significa que Bélgica podría verse obligada a apoyar a Euroclear si Rusia demanda con éxito para recuperar su dinero”, dice por correo electrónico Agathe Demarais, investigadora del ECFR.
Los nuevos esfuerzos de la Comisión Europea llegan después de que trascendieran los planes de Rusia y de Estados Unidos de emplear ese dinero, alojado fundamentalmente en suelo europeo, como una de las condiciones del acuerdo de paz. Según el controvertido plan de 28 puntos, redactado sin Ucrania y sin Europa, los activos soberanos rusos inmovilizados por las sanciones se invertirían en “esfuerzos liderados por EE UU para reconstruir e invertir en Ucrania”, y Washington se llevaría el 50% de los beneficios. El resto se invertiría en un vehículo de inversión estadounidense-ruso centrado en proyectos conjuntos.
El punto sobre los activos congelados está pendiente de negociación entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el ucranio, Volodímir Zelenski, según fuentes conocedoras de las conversaciones. Una negociación en la que ya sí participa Kiev, tomando siempre como base el controvertido plan ruso-estadounidense.
“Estados Unidos posee solo el 1,5% de estos activos (aproximadamente 5.000 millones de dólares), mientras que los países de la UE poseen conjuntamente casi tres cuartas partes de las reservas rusas, lo que significa que el plan equivale a una confiscación por parte de Estados Unidos de los derechos de la UE sobre los activos”, señala Demarais. “Si la UE se apresura a confiscar los activos del banco central ruso antes de que Washington lo haga, el bloque podría frenar drásticamente el interés de Trump en un mal acuerdo”, apunta la experta, que señala dos vías que podrían ayudar al desbloqueo.
La primera implica que todos los Estados miembros de la UE se comprometan a ofrecer garantías vinculantes de que reembolsarán conjuntamente el préstamo si fuera necesario. La segunda pasa por aprovechar al máximo la urgencia que ha alimentado el plan de paz entre Estados Unidos y Rusia para ayudar a superar el veto de Bélgica.
El uso de los activos rusos congelados para el llamado “préstamo de reconstrucción” es la opción favorita del Ejecutivo comunitario y de la mayoría de los Estados miembros, encabezados por Alemania. Pero la Comisión ha puesto otras dos fórmulas sobre la mesa.
La primera es lanzar un paquete de “ayudas no reembolsables financiadas por los Estados miembros”, para que cada uno proporcione subvenciones bilaterales voluntarias a la Unión, que esta después convertirá en esa ayuda no reembolsable a Kiev; una fórmula que supondría un impacto para los Estados miembros de entre 0,16 y 0,27% de su renta nacional bruta por año (a España le correspondería una contribución de hasta unos 4.300 millones de euros anuales). La segunda opción es que la UE financie la ayuda a Ucrania mediante la contratación de deuda en los mercados financieros.
Pero ambas suponen un desembolso y los Estados miembros, sobre todo algunos como Francia o Italia, con menos espacio fiscal para aumentar su déficit o deuda, no se han mostrado partidarios.
