Y de repente las cárceles se abrieron y una extraña sensación agridulce se extendió por las calles de Venezuela. Por fin la salida de Maduro había dejado un resultado tangible y 86 presos políticos volvieron a dormir en casa. Unos padres, conocieron a nietos de hijos que ni siquiera tenían novia cuando entraron en prisión, y otros vieron a hijas a punto de terminar una carrera que no habían comenzado cuando fueron detenidos. Pero en la Venezuela esquizofrénica de estos días, la alegría de unos contrasta con las lágrimas de otros. Decenas de madres duermen desde hace diez días frente a las prisiones de El Helicoide o El Rodeo con la esperanza de que la próxima vez que se abra la puerta sea su hijo el que aparezca caminando.
Desde que el 8 de enero Jorge Rodríguez anunció la liberación de un “importante” número de presos, se puso en marcha un goteo entre el que hay, principalmente, extranjeros, políticos y periodistas. En total, según Foro Penal, “son 90 los presos políticos liberados y confirmado al 100%”, señalan a este periódico. El chavismo sostiene, no obstante, que son más de 400, aunque no explica de dónde salen esos datos e incluye además la liberación de un centenar de presos realizada antes del anuncio de Rodríguez. Según la información acreditada por las ONG, solo se ha liberado a un 10 % de los casi 900 presos políticos encerrados en cárceles venezolanas.
El primer grupo de liberados fueron los españoles. En este grupo, el régimen, con la mediación de José Luis Rodríguez Zapatero, ha diferenciado entre los nacidos en España y los que tienen doble nacionalidad. Por el momento, solo tres de los 20 que están en este segundo grupo están en la calle.
Poco después fue el turno de los opositores políticos. Militantes cercanos a Leopoldo López y María Corina Machado entre los que están Roland Carreño o Biagio Pilieri, cercano a Edmundo González, o Enrique Márquez, un socialdemócrata encarcelado desde que exigió al Tribunal Supremo información sobre las denuncias de fraude en las elecciones de 2024.
En muchos casos, la estrategia represiva aplicada ha llevado acarreada la sippenhaft, un término alemán que define el encarcelamiento de los familiares del detenido a modo de escarmiento. Fue el caso de Rocío San Miguel, encarcelada junto a su hija, su exmarido, su pareja actual y otros dos familiares. Cuando días después de salir de la cárcel María Corina Machado habló con los recién liberados, todos le dijeron: “Lo volvería a hacer”, reveló este viernes desde Washington.
Poco después fue el turno de un puñado de periodistas. Entre ellos, dos reporteros detenidos en el centro de Caracas cuando preparaban un reportaje. Se trataba de Nakary Ramos y su marido, Gianni González, que hacía de cámara. A alguien no le había gustado un reportaje publicado por ellos días antes, enfocado en el incremento de robos en la capital venezolana. La hija de ambos, de cinco años, tuvo que esperar nueve meses para volver a ver a sus padres en libertad. Entre los excarcelados estaba también Rafael García Márquez, columnista de un periódico de provincias, quien, a los 79 años, flaco, consumido y sonriente, salió de prisión después de seis meses, a pesar de que la ley lo impide a partir de los 70 años. ¿Su delito? Ser presidente de la Asociación de Columnistas del Estado Carabobo.
Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), 19 trabajadores de la prensa han sido excarcelados hasta el momento. Casi todos ellos fueron acusados de “incitar al odio”, pero en el caso del periodista Víctor Ugas le añadieron “lesiones leves” por un altercado con un conocido influencer chavista en un bar. Después de aquello pasó 17 meses en la cárcel de Tocorón.
Durante años, el chavismo ha manejado la detención de presos políticos como un termómetro sobre el nivel de angustia que atraviesa el chavismo. Uno de los picos más altos de detenciones llegó después de las elecciones presidenciales de julio de 2024, en las que Maduro se proclamó vencedor pese a las pruebas que confirmaban una derrota por goleada. A partir de ahí comenzó un ciclo de represión, detenciones y desapariciones forzadas que impuso un silencio que dura hasta hoy.
La mecánica habitual para los presos políticos es que llegan a prisión “con una etiqueta en la espalda de su carcelero”, explicaba con una metáfora la abogada de uno de ellos. “Siempre hay un carcelero detrás. Cada preso político está encerrado por haber ofendido a alguien: unas veces a los hermanos Rodríguez, otras al jefe del Ejército o a Diosdado Cabello. El reto es saber quién es el ofendido para moverse en esa dirección”, añadía la abogada de un preso.
Este jueves y viernes fueron liberados cinco estadounidenses, tres alemanes y un checoslovaco. En sentido contrario no ha sido liberado ningún colombiano de los veinte actualmente encarcelados. También lograron la libertad, Gabriela Pabón y su amiga Rocío Rodríguez, condenadas a diez años de cárcel por imprimir camisetas con una estatura de Chávez cayendo.
Mientras tanto, a las puertas de El Helicoide, un grupo de madres, hermanas e hijos lleva ocho días durmiendo en la calle sobre cartones y trozos de tela. El benigno clima caraqueño es lo único que alivia unas noches largas que comenzaron tras el anuncio de Jorge Rodríguez en televisión. Rodríguez no solo dijo “un importante número” de presos, pero sin decir cuántos, ni quiénes, ni de qué cárceles. Esa palabra, “importante”, llenó de esperanza a miles de familiares y pronto comenzaron a circular listas falsas con nombres que nadie había confirmado. Y ahí siguen las madres, esperando en la calle y rezando para que los rumores que incluían a su hijo en una lista sean ciertos.
Entre los familiares que duermen en la calle hay muchas madres de militares, el grupo con el que más se ha cebado la represión. Soldados que han denunciado el lamentable estado en el que vive la tropa o la intromisión cubana. El régimen es especialmente duro con los uniformados con el objetivo de frenar cualquier tipo de revuelta interna. Por ese motivo, ningún soldado ha sido excarcelado. Solo el hermano de Javier Tarazona, Rubén Darío Osorio, ha recobrado la libertad. Tarazona, fundador de la ONG Fundaredes, dedicada a investigar el crimen organizado, había denunciado los vínculos entre Nicolás Maduro, la guerrilla colombiana y la minería ilegal y lleva cuatro años de cárcel. Para vengarse, detuvieron también a su hermano, Rubén Darío Osorio, un mayor retirado del Ejército, que ha pasado tres años en prisión hasta su liberación esta semana.
El temor entre la oposición está en la llamada ‘puerta giratoria’. O sea, liberan a cinco y detienen a diez. Según Rafael Uzcategui, fundador del Laboratorio de Paz, “desde el 3 de enero se han producido nuevas detenciones con el decreto del Estado de Conmoción Interior. Si no se desmorona al aparato represivo, estas excarcelaciones serán solo un gesto político”, dijo. Por el momento, siguen pendientes las liberaciones de nombres destacados de la vida política como Juan Pablo Guanipa, Rafael Tudares, Eduardo Torres, Javier Tarazona o Luis Tarbay…
“Aquí no hay presos políticos”, dijo el ministro del Interior, Diosdado Cabello quien trató de desprestigiar al grupo de tenaces abogados que documentan cada caso y a los que acusó de lucrarse con las familias. Según Gonzalo Himiob del Foro Penal “ni el Foro Penal ni nuestros voluntarios exigen a nadie contraprestaciones económicas por sus servicios legales. El mejor testimonio lo pueden dar las más de 15 mil personas, presos políticos y familiares en estos años, a las cuales hemos ayudado sin exigirles absolutamente nada”.
Todos estos años de encarcelamientos arbitrarios no han salido gratis a quienes han vuelto a la libertad. La Misión Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre derechos humanos confirmó con 122 testimonios detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales.
La alegría inicial y el bálsamo que han provocado las liberaciones entre la población contrastan con la existencia de 800 presos políticos más y la desesperación cruel en la que viven cientos de madres cada vez que se abre una puerta de la cárcel y no es su hijo el que sale.
