La propuesta estrella del ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir (que hacía campaña electoral en 2022 entre cánticos de “Muerte a los terroristas”), está desde este lunes más cerca de convertirse en realidad, con el apoyo del primer ministro, Benjamín Netanyahu. Se trata de la pena de muerte para los palestinos que asesinen a ciudadanos israelíes y la ha aprobado la comisión parlamentaria de Seguridad Nacional, por lo que pasa ahora al pleno. Su intención es votarla en primera lectura este mismo miércoles.
Israel ya tiene en su legislación la pena de muerte, pero su justicia lleva un cuarto de siglo sin pronunciar penas capitales y solo la ha aplicado en dos ocasiones, ninguna de ellas a palestinos. La última, en 1962 (el ahorcamiento del nazi Adolf Eichmann, secuestrado por el Mosad en Buenos Aires), es famosa porque la filósofa Hannah Arendt acuñó el concepto de banalidad del mal al cubrir el juicio.
Antes de la votación, el coordinador israelí para los asuntos de los rehenes, Gal Hirsch, aseguró que tanto él como Netanyahu (que nunca propuso una ley similar, pese a gobernar casi ininterrumpidamente desde 2009) apoyan ahora la iniciativa. Explicó que han cambiado de opinión porque Hamás ya no puede tomar represalias con los rehenes vivos que mantenía en Gaza porque devolvió a los 20 últimos el mes pasado, en el marco del alto el fuego. “Como ya están aquí, estamos en una situación diferente”, señaló Hirsch, al describir la medida como una “herramienta” más dentro de una “caja de herramientas”.
La iniciativa ―que abandera el partido de Ben Gvir, Poder Judío, y que pasó en 2023 su primer trámite parlamentario― consiste en ampliar la pena de muerte a “quien intencionadamente o por indiferencia cause la muerte de un ciudadano israelí cuando el acto se cometa por un motivo racista o de odio a un determinado colectivo […] y con la intención de dañar al Estado de Israel y el renacimiento del pueblo judío en su patria”.
La propuesta insiste en que la pena capital sea la única sentencia posible. Y permite a los tribunales militares aprobarla por mayoría simple, en vez de por unanimidad, como está obligado ahora. Son los tribunales que juzgan a los palestinos en los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania (los colonos judíos están sometidos a la legislación civil) y que mantienen a cientos encarcelados durante años sin conocer, ni ellos ni sus abogados, los cargos en su contra. Ben Gvir viene exhortando además a los soldados a abrir fuego contra los adolescentes palestinos que les lancen piedras, a los que incluye en la definición de “terroristas”.
En el debate parlamentario, que el ministro de Seguridad Nacional abandonó con una sonrisa de oreja a oreja, la ultraderecha insistió en dos ideas. La primera: excluir del proceso la discrecionalidad judicial, es decir, la facultad del juez para escoger otro veredicto. “La ley tiene que ser clara en que el castigo no lo decide el juez. Solo hay: culpable o inocente. Si es culpable, ejecución automática”, declaró en el debate Yitzhak Wasserlauf, ministro para el desarrollo del Negev, la Galilea y la Resiliencia Nacional. Ben Gvir subrayó que las “dudas o enmiendas” reducirían el “efecto de disuasión” que —argumentó— genera a “cualquier terrorista” saber que “le espera la pena de muerte”. En realidad, muchos atacantes con armas de fuego o blancas ya pierden la vida o resultan heridos al hacerlo.
Secuestros
La otra argumentación ha sido que la medida impedirá nuevos secuestros de israelíes, como los que las milicias palestinas efectuaron de forma masiva en su ataque de octubre de 2023, al no haber condenados por asesinato con vida por los que canjearlos. Lo resumió Limor Son Har-Melej, la diputada de Poder Judío que presentó la iniciativa y que perdió a su primer marido en un atentado: “Un terrorista muerto no volverá al terrorismo y, desde luego, no será liberado en un acuerdo”. Waserlauf abundó: “La mejor forma de que no haya secuestros es que no queden terroristas […]. No me da miedo usar la palabra venganza. Tiene un valor muy importante. Quien nos mate, lo dañaremos, lo mataremos, sí”.
Entre los detractores de la propuesta estaba Gilad Kariv, de Los Demócratas, la alianza entre el laborismo y el pacifista Meretz. Aseguró que la propuesta resulta “incompatible con un Estado judío y democrático” y que “parece escrita como propaganda electoral”.
En la comisión tomó la palabra Herzl Hajaj, padre de Shir Hajaj, uno de los cuatro soldados asesinados en 2017, atropellados a propósito por un camión cuando bajaban de un autobús en Jerusalén. Representaba a Elegimos la Vida, un fórum conservador de familiares de soldados muertos en combate y víctimas de atentados. La pena de muerte, dijo, es “lo más importante” porque ”salva vidas” y ―si se acaba aprobando y aplicando― “llegará un punto” en que ningún palestino matará israelíes en el marco del conflicto de Oriente Próximo. Defendió, además, extenderla no solo a quienes maten (como en la propuesta la ley), sino a “cualquier terrorista”, el término con que se suele calificar a aquellos palestinos que atacan a soldados y civiles israelíes, aunque sea con piedras o fuegos artificiales.
La propuesta recibió el apoyo a mano alzada de los integrantes de la coalición del Likud de Netanyahu con los partidos ultraortodoxos y de extrema derecha. Se sumó una formación de la oposición, Israel Beitenu, del exministro de Defensa y Exteriores Avigdor Lieberman, tan enfrentado a Netanyahu como duro hacia los palestinos.
Tras regresar al poder en 2022, con el apoyo de Ben Gvir, Netanyahu se pronunció a favor de la pena de muerte, con el argumento de que hay personas que “no merecen vivir” por haber “cometido crímenes abominables”. En 2023, tras el inicio de la andadura de la propuesta, la consejera jurídica del Gobierno, Gali Baharav-Miara, advirtió de que vulnera la Ley Básica (por la que se rige el país al carecer de Constitución), adolece de efecto disuasorio y va a contracorriente de la tendencia universal a la abolición.
La pena capital en Israel es una herencia nunca derogada del sistema legal del protectorado británico de Palestina previo a la creación del país, en 1948. Seis años más tarde, se circunscribió a delitos muy excepcionales por una mezcla de consideraciones legales, éticas y religiosas.
Las escasas sentencias han acabado tumbadas por el Supremo o conmutadas por cadena perpetua. Solo se aplicó a Eichmann, tras haber sido secuestrado por el Mosad en Buenos Aires y transportado en secreto a Israel; y en 1948, durante la primera guerra árabe-israelí, a Meir Tobianski, un judío ejecutado por espionaje, por decisión de un tribunal castrense improvisado. Un año más tarde, fue exonerado a título póstumo.
