Este 28 de diciembre se celebran elecciones generales en Myanmar, donde gobierna una junta militar desde el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021. Organizaciones defensoras de la democracia en ese país y expertos de la ONU han instado a la comunidad internacional a no reconocer los resultados que salgan de las urnas este domingo. El principal motivo que alegan es que no se trata de un proceso democrático real, sino de una maniobra “fraudulenta” para legitimar el poder de los golpistas, que se han garantizado la victoria al impedir concurrir a los principales partidos.
Myanmar vive sumido en una guerra civil desde hace casi cinco años. Pese a que la Constitución de 2008 garantizaba al ejército un 25% de los escaños en el parlamento, las urnas no les dieron en 2015 ni 2020 suficientes representantes para alcanzar una mayoría de Gobierno. “La frustración desembocó en el golpe militar de 2021”, analiza Harn Yawnghwe, director ejecutivo de Euro-Burma Office, una organización que trabaja desde el exilio para promover la democracia en Myanmar.
“Desde que [los militares] tomaron el poder, el país se levantó en armas contra ellos. Y la mayoría de los países occidentales no reconocieron al Gobierno”, agrega Yawnghwe en una entrevista en Madrid a finales de noviembre, donde se reunió con representantes de diferentes formaciones y del Ministerio de Exteriores para instarles a que no reconozcan los resultados de las elecciones, que ya anticipan que ganarán los militares.
Según avanza el calendario hacia la cita electoral, la junta militar gobernante ha intensificado sus habituales ataques violentos en las zonas que todavía no controla, en torno al 50% del territorio. En el Estado de Rakáin, un ataque aéreo destruyó el pasado 11 de diciembre el hospital general de Mrauk-U, y mató al menos a 31 personas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), con este ascienden a 67 las ofensivas contra el sistema sanitario en el país en 2025. “Ningún lugar ni ninguna persona está a salvo de la violencia de las fuerzas armadas de Myanmar, que están extendiendo la represión antes de unas elecciones este mes marcadas por abusos contra los derechos humanos”, subrayó Joe Freeman, investigador de Amnistía Internacional sobre ese país.
Además de la creciente violencia y la dificultad de validar el censo elaborado en 2024, pues el Gobierno no controla todo el país, la Euro-Burma Office denuncia que estas elecciones no cuentan con las condiciones mínimas para ser consideradas como tales. “Los tres partidos que obtuvieron más votos en las elecciones de 2020 no tienen permitido presentarse en esta elección, lo que supone excluir cerca del 80% del electorado”, advierte Yawnghwe. De las 55 formaciones que concurren, solo nueve lo hacen a nivel nacional, ninguna de ellas ha ganado jamás un solo escaño y una treintena son cercanas al ejército, abunda el experto.
Y aunque las principales formaciones pudieran concurrir, no lo harían con normalidad democrática. Entre 22.000 y 23.000 opositores están en prisión, según las estimaciones de las organizaciones Civicus o Parlamentarios para los Derechos Humanos del Sudeste Asiático (APHR por sus siglas en inglés).
Preocupación sobre Aung San Suu Kyi
Entre los detenidos está la carismática líder de la oposición, Aung San Suu Kyi, de 80 años, quien permanece bajo arresto domiciliario, aunque se desconoce su paradero. “No está en su residencia habitual y no hay información sobre sus condiciones. La preocupación es creciente”, informa Yawnghwe. La fundadora de la Liga Nacional para la Democracia y premio Nobel de la Paz en 1991 por su lucha en favor de la democracia fue sentenciada a 33 años de reclusión en 2021, una pena que quedó después reducida a 27 años en 2022.
“La discriminación también es un factor importante en el proceso electoral, con rohinyás, tamiles, gurkhas y chinos, entre otros, excluidos del voto”, alerta James Rodehaver, responsable del equipo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Myanmar. “La sociedad civil y los medios de comunicación independientes tienen poca o ninguna voz. El ejército ha intensificado la vigilancia electrónica masiva para identificar a los disidentes, y se teme que esta se utilice en los colegios electorales”, agrega.
Lejos de ser un proceso que pueda impulsar una transición política de la crisis a la estabilidad y la restauración de un gobierno democrático y civil, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, afirma que este proceso profundizará la inseguridad, el miedo y la polarización en todo el país.
“Un rechazo firme y coordinado a estas elecciones fraudulentas es esencial para impedir que la junta fabrique credibilidad y legitimidad”, afirmó Tom Andrews, relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, al término de su visita el 12 de diciembre al Reino Unido, que manifestó su rechazo al plan electoral de la junta. “Insto al Gobierno británico a que se acerque proactivamente a otros Gobiernos, especialmente en Asia, para garantizar que hagan lo mismo”, solicitó.
Sin embargo, China, Rusia e India respaldan la celebración de las elecciones. En opinión de Yawnghwe, esos países no apadrinan una dictadura militar, pero temen que, si no intervienen ahora, el país colapse. “Confían en que las elecciones otorguen reconocimiento al régimen y eso permita encauzar la crisis. Pero creemos que no funcionará. Celebrarán elecciones, dirán que han ganado, que hay un nuevo gobierno, pero los ciudadanos no lo aceptarán y no se detendrá la contienda”, apunta el experto.
“Algunos sostienen que los comicios representan un nuevo comienzo que, quizá, nos dé una oportunidad de negociar con el nuevo gobierno civil. Pero mientras él [Min Aung Hlaing] siga al mando del ejército, ningún gobierno se atreverá a hacer nada contra lo que el general quiera. Así que no es un nuevo comienzo, solo se limitarán a seguirle”, continúa su alegato Yawnghwe para convencer a los líderes europeos de que no acepten los resultados. “Hasta ahora no reconocen a la Junta, pero tememos que, si cambian su posición, dejarán al movimiento democrático en Myanmar al borde del abismo. Abogamos para que la comunidad internacional no legitime elecciones. Sería un error que, por ser prácticos, los países reconozcan los resultados. Si se reconoce este proceso, la gente perderá la fe en las elecciones”, añade.
“El pueblo de Myanmar ha demostrado un valor extraordinario. Merece una respuesta internacional que esté a la altura de su determinación”, ha pedido Andrews. “El Reino Unido puede desempeñar un papel decisivo, y ahora es el momento de actuar”. El relator especial de la ONU para los derechos humanos en Mayanmar también llama a los líderes de la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático) a “rechazar firmemente” los planes de la junta militar de Myanmar de celebrar unas elecciones que califica de “ilegítimas” al estar “diseñadas para consolidar el régimen militar y aliviar la presión internacional”.
“Reconocer las elecciones fraudulentas de la junta equivaldría a hacer retroceder a Myanmar y defender lo indefendible”, declaró Andrews. “Los líderes de la ASEAN deben abstenerse de hacer cualquier cosa que legitime la farsa de la junta, incluyendo el envío de observadores para supervisar los comicios”. Y zanjó: “Las elecciones no pueden ser libres, justas ni creíbles si se celebran en medio de la violencia militar y la represión, con líderes políticos detenidos y libertades fundamentales aniquiladas”.
