No lo tienen fácil los investigadores alemanes para recomponer todas las piezas de uno de los ataques más graves en décadas contra una infraestructura en Europa (y para llevar a todos sus responsables ante la justicia). Tampoco lo tiene fácil Alemania para defender la aplicación de la ley y a la vez redimirse ante países como Polonia o Ucrania, que acusan a Berlín por su complacencia durante años con la Rusia de Vladímir Putin.
La onda expansiva del sabotaje, en las profundidades del mar Báltico, de Nord Stream 1 y Nord Stream 2 en septiembre de 2022, llega hasta hoy. Las autoridades alemanas ya han identificado a varios sospechosos de estar detrás de las explosiones que dañaron tres de los cuatro tubos de los gasoductos que conectaban Rusia con Alemania sin pasar por el territorio de Ucrania o Polonia.
Uno de los sospechosos, un ucranio detenido en Italia este verano, está en huelga de hambre, pero Alemania confía en que acabe prosperando la extradición. Otro ucranio, detenido en Polonia en septiembre, quedó en libertad después de que un tribunal de este país denegara la petición de extradición.
El caso en Polonia es distinto del de Italia. Los recelos históricos hacia Alemania se mezclan con una percepción más aguda de la amenaza que supone Rusia.
“En Polonia, uno de los pocos temas en los que la gran mayoría de políticos y de la opinión pública coinciden es una valoración muy crítica de la política de Alemania hacia Rusia”, dice el historiador polaco Pawel Machcewicz. “Nord Stream se ve como un ejemplo vívido de una cooperación económica entre Alemania y Rusia demasiado cercana, y que ayudó a Putin a acopiar dinero necesario para lanzar la guerra contra Ucrania”.
El rompecabezas empieza por una cuestión semántica. ¿Fue un atentado? ¿Un sabotaje? ¿O un acto de guerra legítimo contra una infraestructura fundamental para el presidente Vladímir Putin?
Según el juez polaco que denegó la extradición y dejó en libertad al ucranio Vladímir Z., la operación que provocó la destrucción de los gasoductos habría sido, en tiempos normales, un acto de sabotaje. Pero esto no son tiempos normales. El país del sospechoso, Ucrania, está en guerra, y la infraestructura se consideraba “una propiedad del agresor”. Es decir, de Rusia. El problema, según el primer ministro polaco, Donald Tusk, “no fue la destrucción del gasoducto”, sino “que se hubiese construido”.
Mala conciencia
El Gobierno alemán, encabezado por el canciller Friedrich Merz, se encuentra en una posición incómoda. No puede dar la razón a Tusk, pero, quizá por la mala conciencia de lo que simboliza Nord Stream en Polonia o Ucrania, evita criticarlo. “Las investigaciones están en curso”, dijo un portavoz alemán, en alusión a los casos polaco e italiano. “No haremos especulaciones”.
Nicola Canestrini, abogado del ucranio Serhii K., detenido en Italia, explicó esta semana a EL PAÍS que planteará un recurso ante la extradición y que su cliente “está en huelga de hambre desde [el 31 de octubre], porque se le niega un ambiente salubre y una alimentación adecuada”.
La destrucción de los gasoductos fue, para Alemania, un atentado contra un proyecto al que había dedicado años de esfuerzos políticos y económicos, y en que había fiado el suministro de gas y la prosperidad. Al mismo tiempo, cuando los tubos estallaron, la gran invasión rusa de Ucrania ya llevaba meses en marcha, Berlín había roto su dependencia energética de Moscú, y había abierto un debate autocrítico sobre el Nord Stream.
“Ucrania libra una guerra defensiva contra la agresión rusa. Esto es indudable”, explica Katja Gloger, coautora, con Georg Mascolo, de Das Versagen (El fracaso), una implacable disección de los errores de la política de Alemania hacia Rusia. “Y, sin embargo, [la acción contra los gasoductos] es punible de acuerdo con el derecho alemán. Pero la justicia polaca lo ve de otro modo. Aquí colisionan dos sistemas distintos”.
“Los polacos”, apunta el historiador Machcewicz, “no puede entender por qué las autoridades alemanas quieran procesar a las personas que hicieron explotar el Nord Stream: más bien tendrían que sean elogiados y tratados como héroes, como personas que defienden Polonia y Europa del imperialismo ruso”.
Tusk ha declarado que la denegación, por parte de la justicia polaca, de la extradición del sospechoso sienta un precedente que permite a Ucrania atacar intereses rusos en cualquier lugar de Europa. “Escandaloso”, reaccionó, en las redes sociales, el ministro de Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó. “Según Polonia, si no te gusta una infraestructura en Europa, puedes hacerla estallar”.
Las secuelas de Nord Stream dividen a la Europa prorrusa y la proucrania. Y colocan ante un dilema a Alemania, simultáneamente partidaria de Ucrania y de la aplicación de las leyes en su territorio.
La revisión de los errores pasados todavía está en curso. En esta revisión es posible que salgan mal parados los cancilleres que impulsaron los gasoductos, la democristiana Angela Merkel y el socialdemócrata Gerhard Schröder. Tras abandonar el poder en 2005, Schröder ocupó cargos de responsabilidad, y generosamente remunerados, en la empresa rusa Gazprom, primer accionista de Nord Stream.
Medios como Der Spiegel o The Wall Street Journal, han revelado que fue un equipo de seis personas el que perpetró el sabotaje, y que este incluía al militar en activo y civiles con experiencia marítima. También, que contaban con el visto bueno del general Valeri Zaluzhni, exjefe del ejército de Ucrania, cosa que el general, hoy embajador en Londres, ha negado. El Journal contó que el presidente ucranio, Volodímir Zelenski, inicialmente aprobó el plan, pero después intentó abortarlo, sin éxito.
Los detalles —los meses de preparación, el alquiler de un yate en el Báltico, la inmersión a 80 kilómetros de profundidad, quién supo qué y cuándo dio las órdenes— quizá se aclararen cuando llegue el juicio. Podría acabar siendo, también, un juicio a la propia Alemania. A aquellos años en los, mientras Rusia preparaba la guerra, ambos países entrelazaron como nunca sus intereses. En Berlín muchos preferirían no removerlo.
