Pasados 12 años desde la última gran movilización, Portugal vuelve a vivir una huelga general contra el Gobierno. El paro de este jueves fue masivo en áreas como los transportes, la educación, la sanidad, la función pública, la recogida de basuras y grandes industrias como Autoeuropa (casi 5.000 empleados). Según los sindicatos, fue secundado por tres millones de trabajadores (el 60% del total), mientras que el Gobierno minimizó el seguimiento a una parte “minoritaria” de la sociedad. El impacto en el comercio, la hostelería e incluso la construcción fue menor. Si el éxito de un paro general se puede medir por la impresión de anormalidad que ofrece una ciudad, se podría decir que Lisboa amaneció como la mañana de un sábado pero sin metro.
Había poco tráfico y poca gente, pero con albañiles a pie de obra y pequeños establecimientos despachando cafés y raspadinhas (la lotería instantánea con la que tratan de salir de la pobreza 100.000 portugueses). Abrieron los supermercados y las tiendas de lujo de la avenida de la Liberdade, donde a primera hora algunas limpiadoras que ganan a veces ocho euros por hora se afanaban en sacar brillo a los dorados. La jornada se ha desarrollado sin incidentes.
En las empresas de transporte marítimo, que usan miles de trabajadores de la margen sur del Tajo para acceder a Lisboa, la adhesión fue total, al igual que en la empresa pública ferroviaria Comboios de Portugal o en la aerolínea TAP, donde todos los sindicatos gremiales fueron de la mano y se suspendieron 220 vuelos. El paro afectó también a la actividad de otras compañías como Iberia o Air Europa.
En general, la protesta fue masiva en el sector público —se suspendió también la actividad informativa en la agencia pública de noticias Lusa— y limitado en el privado, donde la implantación sindical es menor. “Parece más una huelga general en la función pública”, afirmó el ministro de Presidencia, António Leitão Amaro. “El país eligió trabajar”, afirmó el ministro, que rebajó la incidencia del paro en el sector privado a menos del 10%. Horas más tarde, el primer ministro, Luís Montenegro, reforzó esta idea de que el paro había fracasado. “La parte del país que está ejerciendo su legítimo derecho a la huelga es minoritaria. La parte mayoritaria está trabajando”, aseguró.
En el ámbito sanitario hubo repercusiones generalizadas, con seguimientos superiores al 90% que obligaron a cancelar citas o cirugías no urgentes. Tanto los centros de salud como algunas unidades de hospitales suspendieron la actividad. Los colegios se cerraron en casi todo el país y obligaron a muchos padres a quedarse en casa con los hijos. El teletrabajo se convirtió en una opción para quienes no quisieron sumarse a la protesta contra la reforma laboral presentada por el Gobierno a finales de agosto. El anteproyecto cayó como un misil sobre los sindicatos, hasta el extremo de propiciar una unidad poco vista.
En el país no es frecuente que los dos sindicatos mayoritarios, uno nacido en 1970 en la órbita comunista (CGT, Confederación General de los Trabajadores Portugueses) y otro fundado en 1978 de una escisión de la anterior por afines a partidos moderados (UGT, Unión General de Trabajadores), consensuen estrategias. En esta ocasión han coincidido en que la reforma laboral diseñada por el Gobierno es tan grave para los intereses de los trabajadores que no se han movido un milímetro desde que anunciaron el paro conjunto, al que se han ido sumando sindicatos minoritarios y sectoriales.
Ni siquiera UGT, una organización con vínculos tanto al Partido Socialista como al Partido Social Demócrata (PSD, centro derecha), que lidera el actual primer ministro, Luís Montenegro, ha dado un paso atrás pese a las tentativas del Gobierno, que ha realizado leves modificaciones en su propuesta inicial para tratar de atraerse al sindicato más flexible, como dejar caer la exigencia de un certificado médico de lactancia para acceder al permiso. Pero las alteraciones son pequeñas cosas en un paquete laboral que los sindicatos consideran inaceptable. “Es uno de los mayores ataques de siempre”, ha repetido en las últimas semanas Tiago Oliveira, secretario general de la CGTP, la organización sindical mayoritaria. Para el líder de UGT, Mário Mourao, es una propuesta “ideológica” que no resuelve ni el problema de los bajos salarios ni ayuda a reforzar a las pequeñas empresas, dos de los principales lastres de la economía portuguesa.
La propuesta Trabajo XXI modifica varias leyes, decretos-leyes y cerca de un centenar de artículos del Código de Trabajo. El objetivo principal, según la ministra de Trabajo, Rosário Palma Ramalho, es adaptar el mercado a las condiciones del futuro y dejar de regularse con normas pensadas para el pasado. La propuesta gubernamental tiene el respaldo rotundo de los empresarios. En una entrevista en la RTP, la ministra negó que la reforma beneficiase a la patronal, aunque sí deslizó un juicio respecto a las normas que están en vigor actualmente: “Tiene algunos desequilibrios hacia los trabajadores”. Insistió, además, que los trabajadores de hoy persiguen objetivos diferentes (“nadie busca un trabajo para toda la vida”), un discurso que también defiende Armindo Monteiro, presidente de la Confederación Empresarial de Portugal. “Cada trabajador quiere cosas distintas”.
Una visión que no compartían los manifestantes que recorrieron el centro de Lisboa por la tarde para exigir la retirada de la propuesta. “Hasta el bacalao tiene más derechos que nosotros”, se leía en uno de los carteles diseñado por Tania Morais, una ilustradora de 32 años que se desplazó desde Oporto. “Espero que no vaya adelante porque aumenta la precariedad y la inestabilidad económica”, señaló.
El cartel de Gustavo Martins, un licenciado en Cine de 29 años, era de los más sorprendentes: “Mañana voy a emigrar porque aquí no consigo vivir”. Y era literal, según explicó: “Mañana vuelo a California, donde tengo familia, para intentar conseguir dinero para montar un negocio en unos años. Ya trabajé en un restaurante y en una gasolinera, es deprimente intentar tener una vida aquí”.
Si las alteraciones salen adelante tal y como están redactadas, aumentará la precariedad laboral ya que los contratos temporales podrán durar más (hasta un máximo de tres o cinco años, según la modalidad) y se abre una puerta trasera para ampliar la jornada laboral sin compensación económica a través de la creación de un banco de horas individual, negociado entre empresario y trabajador, que permite al primero ampliar dos horas al día la jornada (hasta 50 horas semanales) aunque limitado a 150 horas al año. El trabajador solo cobrará estas horas extraordinarias si la empresa no le devuelve las horas en tiempo.
El pago de estas horas es usado por muchos para compensar unos sueldos bajos, que no han crecido al ritmo del coste de la vida. El salario mínimo es de 870 euros. Los últimos datos de Eurostat muestran que es uno de los 10 países de la UE donde los trabajadores a tiempo completo tienen el salario medio más bajo: 24.818 euros en 2024 frente a los 39.800 euros de media comunitaria.
La tercera medida más contestada por los sindicatos es la derogación del artículo que impedía a las empresas recurrir antes de un año a la externalización de servicios después de despedir a sus propios trabajadores, una medida incluida en la Agenda del Trabajo Digno que había impulsado el anterior Gobierno socialista. Casi todos los cambios apuntan a un recorte de la protección de los trabajadores. Por ejemplo, los trabajadores despedidos de forma irregular ya no tendrían derecho a recuperar su puesto de trabajo si el juez consiente ante la petición del empresario de no reincorporarlo porque causaría perturbaciones en la actividad.
La reforma propuesta también afecta a medidas de conciliación. Una de las más criticadas es la disminución del tiempo máximo que da derecho a reducir horas por lactancia y la exigencia de presentar un certificado médico que acredite que la trabajadora amamanta a su hijo a partir de los 12 meses.
