La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado un proyecto de ley que asigna 900.000 millones de dólares para gasto de Defensa. El prolijo documento, que cuenta con el respaldo de los dos partidos, incluye medidas de apoyo a los aliados europeos, incluida Ucrania, en momentos en los que la Casa Blanca redobla sus críticas a sus socios en el continente. También añade una provisión para forzar al secretario de Defensa, Pete Hegseth, a hacer público el vídeo del ataque a una narcolancha en el Caribe en el que un segundo bombardeo mató a los supervivientes del primero. Y prevé una reforma del sistema militar de compras de armamento y una subida de sueldo del 3,8% para los soldados.
El proyecto de ley de Presupuesto para la Defensa Nacional, de 3.000 páginas, recibió el respaldo de 312 congresistas de los dos partidos, por 112 que se opusieron. Se espera que obtenga sin problemas el visto bueno del Senado la semana próxima, inmediatamente antes de las vacaciones navideñas, y el presidente Donald Trump la firme sin objeciones. Previamente, la Casa Blanca había expresado su “firme apoyo” a la amplia ley.
Entre otras cosas, la nueva medida busca proteger la presencia militar estadounidense en Europa de las veleidades de una Administración que, en su nueva Estrategia de Seguridad Nacional, acusa al continente de estar en riesgo de una “destrucción de su civilización”, de frenar la libertad de expresión de la extrema derecha y se muestra mucho más crítico contra los gobiernos aliados que contra la Rusia hostil. El Gobierno estadounidense ya ha retirado parte del contingente que mantenía hasta ahora en Rumanía para proteger el flanco este de la amenaza rusa, y los aliados temen que este paso solo sea el principio de una salida mayor.
El documento exige al Pentágono mantener al menos 76.000 soldados en Europa a menos que los aliados de la OTAN sean consultados y se determine que retirar esas tropas es necesario para los intereses estadounidenses. En la actualidad Estados Unidos mantiene un contingente de 80.000 a 100.000 militares en el continente europeo. Asimismo una provisión del proyecto de ley obliga a Washington a mantener al menos 28.500 soldados en Corea del Sur.
Pese a las presiones de Trump sobre el presidente ucranio, Volodímir Zelenski, para que acepte rápidamente un acuerdo de paz por el que cedería a Rusia el 20% del territorio de su país, y su amenaza de retirar su apoyo a la nación ocupada, el proyecto de ley también envía un espaldarazo a Kiev, relativamente modesto pero muy bienvenido: autoriza 400 millones de dólares anuales para 2026 y 2027 para fabricar armas destinadas a Ucrania.
La medida ha logrado algo que cada vez parece más difícil en un mundo político en Washington cada vez más polarizado: un compromiso en el que los dos partidos han cedido. Los republicanos consiguen recortes y eliminaciones de programas y partidas presupuestarias dedicados a la lucha contra el cambio climático y a apoyar la diversidad. El ala dura del Partido Republicano se lamenta, por su parte, de que la nueva ley no incluya más recortes a la presencia militar estadounidense en el exterior.
Los demócratas obtienen un mayor escrutinio sobre el Pentágono y la cancelación de varias autorizaciones a guerras ya antiguas. Incluida la quizá más simbólica de todas, la de Irak que Estados Unidos lanzó en 2003 con el argumento falso de que el entonces régimen de Sadam Husein contaba con armas de destrucción masiva. Con la aprobación de esta ley, Washington pondrá fin oficialmente a la invasión. Un paso necesario, según los legisladores, para subrayar que hoy día Irak es un socio estratégico y para evitar abusos en el futuro: la primera Administración de Trump recurrió en parte a la resolución que autorizaba la guerra en Irak como justificación legal para el ataque de drones que mató al general iraní Qasim Suleimani en 2020.
“Necesitamos una fuerza de combate dispuesta, capaz y letal porque las amenazas contra nuestra nación, especialmente las procedentes de China, son más complejas y desafiantes que nunca en los últimos cuarenta años”, ha declarado el presidente del Comité de Servicios Armados de la cámara baja, el republicano Mike Rogers.
La medida confirma el levantamiento de las sanciones estadounidenses contra Siria. Y uno de los cambios más significativos que introduce la medida es una reforma del sistema de compras de armamento en el Pentágono, que busca acelerar el proceso de adquisiciones, una de las prioridades para Hegseth. Según la Casa Blanca, el nuevo procedimiento “reforzará la base industrial de defensa al tiempo que elimina fondos para programas radicales y que desperdician dinero”.
El secretario de Defensa se ve también presionado a dar más información sobre el ataque del 2 de septiembre contra la narcolancha en aguas internacionales del Caribe frente a Venezuela, en la que viajaban once personas. Aquel ataque fue el primero de lo que el Pentágono denomina ahora “Operación Lanza del Sur” contra los carteles de la droga, que ha hundido al menos 22 embarcaciones y ha matado a 87 personas. Al anunciarlo en redes sociales, Trump incluyó un vídeo en el que se veía la lancha alcanzada por un proyectil. Hace dos semanas se supo que al menos dos personas sobrevivieron ese bombardeo, pero el almirante al mando de la operación ordenó un segundo golpe que los mató.
La nueva ley prevé retener el 25% del presupuesto para viajes de Hegseth si el jefe del Pentágono no divulga el vídeo completo del ataque y las órdenes exactas que se dieron para ejecutarlo.
