El disparadero de la extrema derecha está repleto de objetivos. Los inmigrantes. Los impuestos. La izquierda en general. Quienes propugnan la solidaridad o los valores sobre los que se asienta un orden internacional cada vez más desdibujado. Y en su lista de piezas a batir han pasado a un primer plano las corporaciones de medios de comunicación públicos.
El objetivo de estas acometidas ultraderechistas es el mismo: laminar la confianza en un pilar clave de la información junto a la prensa independiente, que también recibe sus ataques. En caso de alcanzar el poder, la promesa es estrangular a las corporaciones de medios públicos, muchas de ellas de gran prestigio global. O ponerlas a su servicio. El reciente y mediático caso de la BBC británica y Donald Trump con la acusación de manipulación de un discurso suyo es, quizá, el más paradigmático. Pero no el único.
También en el Reino Unido, el partido del ultra Nigel Farage, Reform UK, lleva tiempo poniendo en la diana a la BBC, históricamente reconocida por sus estándares de calidad. Y sus compañeros de filas, desde el Reagrupamiento Nacional en Francia hasta AfD en Alemania o Vox en España —que solo duda si entrar en RTVE con “motosierra o con lanzallamas” en caso de gobernar— hacen lo mismo con sus conglomerados mediáticos nacionales. Una tendencia aderezada con críticas cada vez más subidas de tono, que también se ha extendido a varias formaciones de la derecha clásica.
La mayor amenaza “viene del Este”, según Luis Menéndez, responsable del comité de desarrollo de la Federación Internacional de Periodistas (IJF, por sus siglas en inglés). “Es un viento que no solo trae frío, sino también oleadas de desinformación, rachas siniestras de espionajes, precipitaciones de guerra híbrida-digital y vendavales contra el periodismo libre y la democracia que son caldo de cultivo para las teorías políticas de la conspiración ultraderechista poniendo a los medios públicos en la diana”. Y añade: “En la familia comunitaria no hay tregua. La amenaza sigue en Polonia, Eslovaquia, Malta y, por supuesto, Hungría”, donde a la habitual injerencia del primer ministro ultraconservador Viktor Orbán sobre los medios públicos ha sumado en los últimos días la compra del tabloide más leído del país por parte de un grupo empresarial próximo al mandatario.
Como apunta Paolo Cesarini, director del Observatorio Europeo de Medios Digitales (EDMO, por sus siglas en inglés), estos ataques ultras tienen conexiones con los perpetrados en otras democracias occidentales. Así ocurre, de manera particularmente evidente, al otro lado del Atlántico, con la asfixia presupuestaria a la que Trump está sometiendo a la televisión y la radio públicas estadounidenses, que ya ha provocado el cierre de la Corporación de Radiodifusión Pública de Estados Unidos (CPB). Más allá del “caso extremo de Hungría”, Cesarini mide las presiones a la independencia editorial de los medios públicos en territorio europeo con el calificativo de “altas” en Italia ―donde gobierna la ultra Giorgia Meloni―, Polonia, Rumania y parte de los Balcanes.
El director del EDMO ve “preocupantes los despidos, las interferencias políticas, los recortes presupuestarios y los intentos de centralizar el control o socavar la credibilidad de los medios de servicio público” que, dice, están aumentando en países “que hasta ahora estaban clasificados como de riesgo medio o bajo, como España, Francia y Alemania”. Cesarini también lamenta que “el debate democrático se vea cada vez más amenazado por la desinformación impulsada por la inteligencia artificial, la propaganda hostil y los algoritmos de las redes sociales que amplifican las divisiones sociales, priorizan el sensacionalismo sobre la precisión factual y fomentan la homogeneización cultural”.
Los medios públicos, zanja Cesarini, “siguen siendo una de las mayores salvaguardias contra la concentración del poder mediático privado, pero también son vulnerables ante la retórica populista y a la cacería política por parte de gobiernos autoritarios”. Su esperanza es que la aplicación efectiva del Reglamento Europeo de Libertad de Medios juegue un papel en la protección del ecosistema informativo.
Son muchas las legislaciones comunitarias que han dejado, en las últimas décadas, pocas dudas sobre la relevancia de los medios públicos como uno de los elementos de anclaje para la democracia. El Protocolo del Tratado de Ámsterdam estableció que “el sistema de radiodifusión pública de los Estados miembros está directamente relacionado con las necesidades democráticas, sociales y culturales de cada sociedad y con la necesidad de preservar el pluralismo de los medios de comunicación”. Y el más reciente Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés), de obligado cumplimiento desde el pasado agosto en la UE, dicta: “Los prestadores del servicio público de medios de comunicación desempeñan un papel particular […], ya que garantizan que los ciudadanos y las empresas tengan acceso a una oferta de contenidos diversa, incluida información de calidad”.
Pese a los distintos puntos de ataque del frente ultra, “los medios públicos todavía están entre los más confiables”, afirma Renate Schroeder, directora de la Federación Europea de Periodistas (EFJ, por sus siglas en inglés). “Sin embargo, o como consecuencia de este hecho, las fuerzas de extrema derecha lideran campañas alrededor de Europa para mermarlos o destruirlos. Los señalan como demasiado escorados a la izquierda, diversos, inclusivos y caros”. Schroeder sitúa en las amenazas que acechan al ecosistema mediático contemporáneo —desde la competencia de las plataformas digitales hasta la inteligencia artificial— la necesidad de contar con medios públicos saneados para contribuir al “combate de las cámaras de eco, la polarización, la desinformación y la posverdad”. Asimismo, “para luchar contra el populismo”.
A la hora de librar esa batalla, entre las recetas que más repiten diversos estudios está el fortalecimiento de la independencia frente a todo tipo de injerencias políticas, así como una financiación duradera y estable. Así lo dejó patente Thibaut Bruttin, director general de Reporteros Sin Fronteras, en el informe que su organización publicó el pasado verano sobre el estado de la cuestión en los Veintisiete bajo el título Presiones sobre los medios públicos: una prueba decisiva para las democracias europeas. El estudio destaca entre sus conclusiones que “para la mitad de los encuestados (55,17%), las presiones ejercidas sobre las radiotelevisiones públicas son de naturaleza política”. Y añade: “Las injerencias políticas en la gobernanza o los nombramientos y los cambios repentinos en la dirección general son los principales ejemplos de ello”.
De las injerencias perpetradas por gobiernos de turno y grupos de la oposición también deja constancia el informe anual del Centro para el Pluralismo de los Medios y la Libertad de Prensa en la UE (CMPF, por sus siglas en inglés). El análisis deja patente que las estructuras de gobernanza en los medios públicos en la UE y su independencia de los poderes políticos varían significativamente entre sus Estados miembros: “Los países con menos riesgo de padecer injerencias de este tipo suelen contar con consejos de administración plurales, con representación de distintos actores sociales”. El director del CMPF, Pier Luigi Parcu, añade la importancia de los medios públicos, “cuando son fuertes e independientes”, para “ayudar a contrarrestar la desinformación, fomentar la participación cívica y representar las voces de las minorías”. Y sobre los ataques externos que reciben, encuadra “los intentos de desacreditar su reputación y la confianza pública en la imparcialidad de las instituciones”.
Como ha propuesto en un reciente artículo en EL PAÍS el profesor de Estudios Europeos en la Universidad de Oxford Timothy Garton Ash, “los países que cuentan con una cadena pública de confianza, como el Reino Unido, Canadá, Australia, Alemania o los países escandinavos, deben aferrarse a ella con todas sus fuerzas, proteger todavía más su independencia editorial, duplicar su presupuesto y aumentar su presencia en las redes sociales”.
El epítome británico
La BBC siempre ha inquietado más de la cuenta al partido en el poder, pero la derecha británica ha decidido en los últimos años declarar la guerra a la corporación pública. Apretó las tuercas el conservador Boris Johnson durante su breve paso por Downing Street. Y la ultraderecha populista de Reform UK, el partido de Farage, promete asfixiar al ente si llega a gobernar. Hace poco tiempo, esa posibilidad hubiera sido poco realista, pero las últimas encuestas sobre la intención de los votantes colocan a ese partido en primera posición.
El modo en que unos y otros han presionado a la BBC es con la amenaza de acabar con la tasa anual que la mantiene. Todo ciudadano que utiliza la emisión por antena o cable para disfrutar de la programación televisiva —no solamente para ver los contenidos del canal público— debe pagar 174,5 libras (unos 200 euros) al año. Puede fraccionarse en pagos mensuales, y algunos grupos vulnerables como los pensionistas reciben descuentos o incluso la gratuidad del servicio.
En los últimos años, cada vez son más los usuarios que se han rebelado contra el pago. Se calcula que entre 2,4 y 3,6 millones, según cifras de la propia BBC, han dejado de hacerlo. El impago tiene categoría de infracción penal, y puede derivar en una multa de 1.000 libras (algo más de 1.100 euros). La reclamación puede realizarse a través de cartas conminatorias o visitas al domicilio que la ultraderecha califica de coercitivas.
Farage ha prometido acabar con este sistema de financiación y convertir a la BBC en otra plataforma más que se financiaría a través de las suscripciones. Quiere, además, reducir su escala, para que el ente público deje de ofrecer programación de entretenimiento y se centre en exclusiva en la información. Pero, sobre todo, el líder de Reform UK quiere controlar mucho más la línea editorial de una cadena pública que acusa de estar muy sesgada hacia la izquierda. Tiene además una vendetta pendiente con la BBC desde los tiempos del referéndum del Brexit por sus informaciones de entonces sobre las consecuencias negativas que la salida del Reino Unido de la UE iba a ocasionar.
Comisión de investigación en Francia
El Parlamento francés acaba de crear una comisión de investigación para analizar el sector audiovisual público. La iniciativa está impulsada por la Union des Droites pour la République (UDR) que lidera Éric Ciotti, exdirigente de la derecha tradicional y hoy aliado de la ultra Marine Le Pen. Oficialmente, tratará de estudiar la neutralidad, el funcionamiento y la financiación de France Télévisions y Radio France. Y prevé audiencias con directivos, periodistas y reguladores en un contexto de creciente debate sobre la imparcialidad y el uso de fondos públicos en el sector audiovisual.
De clara inclinación conservadora, la comisión ha sido criticada por sectores progresistas y sindicatos. El temor de fondo es que la iniciativa legislativa termine en una caza pública contra periodistas de France Télévisions y Radio France. Tanto Le Pen como Ciotti apuestan por su privatización, al menos parcial. ¿La principal razón esgrimida? Su coste.
Alternativa para Alemania: “Adelgazar y desideologizar”
La radiotelevisión pública en Alemania, fundada tras la II Guerra Mundial, es independiente del poder político y cuenta con una justificada reputación por su excelencia informativa. Sin embargo, afronta crecientes críticas por su cobertura, supuestamente inclinada hacia la izquierda, y por sus elevados costes. Al igual que en otros países, esas invectivas provienen, sobre todo, de la extrema derecha que encarna Alternativa para Alemania (AfD), primera fuerza de oposición, que lidera algunos sondeos. Sin embargo ―como también ocurre en muchos otros países―, la derecha moderada también acusa de sesgo a las cadenas públicas.
Las críticas han abierto un debate dentro de las cadenas nacionales de ZDF, así como en la ARD y sus delegaciones regionales o las emisoras de Deutschland Radio. Las tres se financian con la tasa de 18 euros mensuales que pagan todos los hogares, lo que eleva sus ingresos a más de 8.000 millones de euros anuales. El semanario Der Spiegel se preguntaba semanas atrás en portada si “todavía hay salvación” para ellas. Y subrayaba que “cada vez más se las percibe, y no solo desde la derecha, como un altavoz de las élites urbanas y progresistas”. AfD propone, si llega al poder, refundar directamente la radiotelevisión pública y eliminar la tasa obligatoria.
La formación ultra defiende que el cometido de las cadenas públicas debe ser “el suministro, libre de tasas, de programas de información, cultura y regionales”. En el este de Alemania, donde la extrema derecha es dominante, solo un 41% de ciudadanos confía en el periodismo del servicio público, según un sondeo de la cadena (pública) WDR.
Chega: invectivas desde los platós
En Portugal, el fenómeno del partido de extrema derecha Chega no se puede explicar sin la presencia constante de su líder, André Ventura, en los platós televisivos. Sin embargo, la cadena pública RTP fue la única que se mantuvo al margen de la desmedida proyección del fundador de Chega.
Ventura despliega hoy un discurso hacia los medios que va del victimismo al ataque, con unos planes para RTP que aún están por ver: aunque su programa electoral defiende la financiación mixta (publicidad y fondos públicos) y la independencia de la cadena pública, la volatilidad de su líder no ayuda a confiar en que eso se cumpla en el caso de que alcancen el poder. Y esto último ha dejado de ser una quimera. Tampoco invita a la confianza la dificultad de Ventura para lidiar con el escrutinio y la crítica: hace pocas semanas abandonó una entrevista en directo en la privada CNN Portugal, irritado con las preguntas.
Un ultra defensor de Putin, al frente a la RAI
Italia es, quizá, la mejor piedra de toque de lo que puede estar por llegar si los partidos ultraderechistas siguen ganando gobiernos en Europa. Frente a la ruptura con la RAI que promulgaba antes de ganar las elecciones, Giorgia Meloni está recibiendo numerosas críticas por la interferencia política en la radiotelevisión pública. La oposición y los propios trabajadores de la corporación han denunciado múltiples intentos de transformarla en un “altavoz” de su ideario.
En 2023, meses después de la llegada al poder de la ultraderecha, el director general Carlo Fuortes dimitió alegando presiones políticas para modificar la línea editorial. Fue reemplazado por Roberto Sergio, cercano al partido de Meloni, Hermanos de Italia. El actual administrador delegado, Giampaolo Rossi, en el cargo desde 2024, ha sido muy criticado por sus posiciones conspirativas y de extrema derecha y por su defensa de líderes como el ruso Vladímir Putin, el hungaro Orbán o el estadounidense Trump.
En mayo del año pasado, los periodistas de la RAI convocaron una huelga de 24 horas como queja contra el “control asfixiante” del Ejecutivo ultraconservador y denunciaron “el intento de reducir la televisión pública a un mero altavoz gubernamental”. El detonante de la protesta fue la cancelación de un monólogo antifascista del escritor Antonio Scurati que estaba programado para el 25 de abril, un día simbólico en el que se celebra la liberación italiana y el fin de la ocupación nazi y caída del fascismo.
Cuando estaba en la oposición, Meloni siempre fue muy crítica con la RAI y denunció en numerosas ocasiones que la televisión pública estaba dominada por el sesgo progresista. Una vez al frente del Ejecutivo, aunque ha habido algunos nombramientos de directores de la oposición en el consejo de administración, la sensación general es que la independencia de la RAI está seriamente condicionada, con una mayoría de sus dirigentes muy alineados con la visión de la ultraderechista.
Con información de Rafa de Miguel (Londres), Marc Bassets (Berlín), Daniel Verdú (París), Tereixa Constenla (Lisboa) y Lorena Pacho (Roma).
