En la provincia con mayor peso electoral de Argentina, en el distrito donde necesita recuperarse de la paliza recién sufrida en los comicios locales, ahí, en Buenos Aires, el partido ultra de Javier Milei acumula escándalos y complicaciones. El principal candidato del presidente para las elecciones legislativas del 26 de octubre, José Luis Espert, debió renunciar por las denuncias sobre sus presuntos vínculos con el narcotráfico. Ante la caída de quien encabezaba la lista de diputados en Buenos Aires, el Gobierno de Milei intentó posicionar en primer lugar al tercer postulante, Diego Santilli, un avezado dirigente del partido conservador PRO. Pero este miércoles, la justicia resolvió que al frente de la lista debe ir la segunda candidata, Karen Reichardt, una exactriz y modelo sin experiencia en política.
Milei aspira ahora a que se reimpriman los 14 millones de boletas electorales, para sacar la imagen de Espert. Todas las agrupaciones que competirán en los comicios se pronunciaron en contra, por el dispendio de recursos y la escasez de tiempo.
Aunque no se trata de decisiones firmes y aún pueden ser apeladas, el escenario para la ultraderecha podría resultar insólito: la campaña en la que Milei se juega gran parte de su futuro sería liderada por Santilli —un hombre del expresidente Mauricio Macri—; la lista tendría al frente a Reichardt, pero en las boletas que llegarán a manos de los votantes figuraría primero el rostro inolvidable de Espert.
La caída del ya excandidato de 63 años, conocido por su discurso ultraliberal y de mano dura contra el delito, se concretó el domingo pasado, después de casi 10 días de agonía. Lo despeñó el financiamiento recibido para las elecciones de 2019 de parte de Federico Fred Machado, un empresario detenido y acusado por la justicia de Estados Unidos por delitos de narcotráfico y fraude. A Espert, quien hasta último momento fue defendido por Milei, este martes lo imputó un tribunal argentino por lavado de dinero. Además de renunciar a su candidatura, Espert pidió este miércoles licencia como diputado, hasta el final de su mandato, en diciembre próximo. El Congreso deberá definir si la acepta o si avanzan los pedidos de remoción. En cualquier caso, ya autorizó a la justicia a investigarlo, pese a que aún cuenta con fueros.
A la baja de Espert, el Gobierno reaccionó impulsando a Diego Santilli (Buenos Aires, 58 años) como cabeza de la lista de postulantes. En la provincia de Buenos Aires, el partido de Milei, La Libertad Avanza (LLA), se presenta en alianza con el PRO y Santilli, con más de 30 años en la política, era el mejor posicionado de los nombres sostenidos por Macri.
Para defender que el tercer candidato saltara al primer lugar, LLA se basó en la reglamentación de la paridad de género —contra la que Milei se ha pronunciado varias veces— y sostuvo que, ante la salida de un hombre, el lugar debía ser ocupado por otro hombre para no afectar la alternancia entre candidatos y candidatas. El juez federal Alejo Ramos Padilla rechazó el pedido y planteó que debe instrumentarse un corrimiento “natural” de los postulantes: el segundo pasa al lugar del primero y así sucesivamente, sin alterar la intercalación de hombres y mujeres. Retomando el dictamen de la fiscalía, el juez sostuvo que “una conclusión contraria […] implicaría tolerar que el remedio (paridad) se vuelva en contra del propio colectivo protegido [las mujeres] y tendería a agrandar la brecha que la ley de paridad de género pretendió achicar”.
El fallo es otro duro revés para las pretensiones del Gobierno, que apelará ante la Cámara Electoral. Si no consigue reposicionar a Santilli, el dirigente y actual diputado del PRO podrá, de todos modos, centralizar la campaña. Está claro que la ultraderecha no quiere delegar esa tarea a Karen Reichardt (Buenos Aires, 56 años), conocida por su trabajo como modelo y actriz en la década del 90 y, en los últimos años, por su actividad como conductora de programas televisivos sobre mascotas.
La otra batalla que libra Milei es por sacar la cara de Espert de las boletas de votación. Desde este año, las elecciones nacionales se realizarán con una boleta única de papel y, en Buenos Aires —donde residen unos 14 millones de electores, el 36% de la nómina del país—, la mayoría de las boletas ya están impresas y distribuidas. Este miércoles, el mismo juez Ramos Padilla convocó a una audiencia a todas las fuerzas que participarán de los comicios, para analizar la situación.
El Gobierno de Milei, que ha hecho del recorte del gasto público una de sus banderas, insistió en reimprimir todas las boletas. Aseguró que insumiría un gasto adicional de 12.000 millones de pesos (unos 8 millones de dólares) y que se podría realizar en cinco días. De acuerdo con las estimaciones del juzgado, la impresión de boletas ya realizada requirió 15 días.
Salvo los representantes de LLA y del PRO, todos los apoderados de agrupaciones que se expresaron en la audiencia se opusieron a la reimpresión de las boletas, por su elevado costo y por la falta de tiempo, apenas 16 días, para garantizar su producción y su distribución en una provincia con más de 307.000 kilómetros cuadrados. La junta electoral tomará una decisión en las próximas horas.
Las elecciones del 26 de octubre son cruciales para el Gobierno ultraderechista. Milei llega en su peor momento. Su debilidad política quedó desnuda en el Congreso, donde viene sufriendo sucesivas derrotas, y hace un mes los comicios legislativos bonaerenses mostraron que comenzó a perder apoyo popular, cuando el peronismo le deparó una paliza electoral. A su plan económico no le va mejor. Hoy el Gobierno negocia con Estados Unidos un nuevo rescate para una economía estancada que, en solo seis meses, dejó en el olvido el salvataje concedido por el Fondo Monetario Internacional.
