Con un brevísimo mensaje a la nación, el presidente de transición de Perú, José Jerí anunció la noche de este martes el comienzo de un estado de emergencia para Lima y Callao, una de las ciudades más pobladas del país después de la capital, frente al desborde de la criminalidad. La medida se conocía desde la semana pasada, pero faltaba la oficialización. “Las guerras se ganan con acciones, no con palabras”, zanjó el mandatario. “A diferencia de otras ocasiones no puede ser simplemente una declaratoria etérea, subjetiva, que no sirva al ciudadano común”, había adelantado la semana pasada el primer ministro, Ernesto Álvarez. Pero el discurso de Jerí, de apenas unos minutos, ha dejado más de una pregunta flotando en el aire. Cuando la ciudadanía esperaba escuchar de su propia boca un paquete de medidas concretas, el sucesor de Dina Boluarte optó por lanzar frases llamativas sin dar mayores explicaciones.
“La delincuencia ha crecido de manera desmesurada en los últimos años, causando un enorme dolor en miles de familias y perjudicando, además, el progreso del país, pero esto se acabó. Hoy empezamos a cambiar la historia en la lucha contra la inseguridad en el Perú”, dijo Jerí desde Palacio, en compañía de sus ministros. Mencionó que el estado de emergencia entra en vigor a la medianoche de este miércoles y regirá durante 30 días, en Lima Metropolitana y Callao, bajo un nuevo enfoque: “Pasamos de la defensiva a la ofensiva en la lucha contra el crimen, una lucha que nos permitirá recuperar la paz, la tranquilidad y la confianza de millones de peruano”.
Desde que asumió la presidencia el 10 de octubre, tras la destitución o vacancia de Boluarte, Jerí se ha concentrado en proyectar la imagen de una autoridad que aplicará la mano dura en medio del desconcierto. Visitó cárceles, figuró en operativos, sobrevoló la capital en helicóptero e incluso, en una actitud considerada como provocadora, caminó el Centro de Lima durante las marchas que exigían su renuncia.
Durante el Gobierno de Boluarte se decretaron varios estados de emergencia que no fueron eficaces. De ahí que el 59% de peruanos considere que la inseguridad y la delincuencia son los problemas más graves del país, según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el primer trimestre del 2025. Las extorsiones han impactado seriamente en el transporte urbano. Se calcula que 180 conductores y cobradores han sido asesinados por no pagar cupos a las mafias locales a lo largo de este 2025.
Uno de los aspectos que más divide aguas es el toque de queda. El gremio artístico se pronunció hace unos días, pidiéndole a Jerí que no dejara sin trabajo a la cadena de trabajadores que labora en las noches, en bares y discotecas. El decreto, publicado después del discurso de Jerí, no contempla esta medida. Los artistas, en especial los músicos, se han convertido en el blanco de los extorsionadores. Si bien el atentado contra la orquesta de cumbia Agua Marina acaparó la atención de los medios, hace unos días dos integrantes de una agrupación de timba fueron acribillados en el Callao.
“La Policía Nacional mantiene el control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas para hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia”, se lee en el decreto. De esta manera los militares patrullarán las calles junto a los agentes policiales. Pero además podrán actuar en conjunto para frenar las movilizaciones en contra del Ejecutivo. Más de un analista ha denunciado que ese es el verdadero trasfondo del estado de emergencia. Apagar la llama del descontento popular y así capear el temporal.
Entre las principales disposiciones está prohibir el tránsito de dos personas en motos lineales. Además se redoblará el control de la población penitenciaria pues se ha alertado que desde allí se planifican los actos delictivos. Se limitarán las visitas a las cárceles, habrá apagones eléctricos en las celdas y se llevará a cabo la destrucción de antenas de telecomunicaciones ilícitas.
Por otro lado, la muerte del rapero Eduardo Ruiz Sáenz a manos de un policía encubierto ensombrece el mandato de Jerí, encargado de pilotar el país hacia las elecciones del próximo mes de abril. El Poder Judicial admitió a trámite un hábeas corpus a favor del suboficial Luis Magallanes que podría determinar su liberación inmediata. Fue el jefe de la Policía, Óscar Arriola quien aseguró que Magallanes había disparado en contra de Ruiz. Luego, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, negó esas afirmaciones y señaló que el caso se encuentra en investigación.
