El Senado italiano ha aprobado este jueves con la cuarta votación parlamentaria, necesaria para una modificación constitucional, una controvertida reforma de la justicia del Gobierno de derecha de Giorgia Meloni que prevé separar las carreras de jueces y fiscales y está llamada a marcar la pelea política en los próximos seis meses. Debe ser confirmada en referéndum en primavera, con fecha aún por fijar, entre marzo y abril.
La ley prevé una consulta en las urnas cuando una medida de este tipo no obtiene dos tercios de los votos parlamentarios. Por tanto, la batalla final, de resultado muy incierto por el dudoso interés de la población con este asunto, será dentro de seis meses. No se requiere un quórum mínimo, simplemente ganará la opción que obtenga más votos, al margen de la participación. Además de ser un asunto muy técnico, en la calle puede pesar que no se trata de una iniciativa para que la lentísima y desesperante justicia italiana funcione mejor, sino que se ve como una batalla casi exclusivamente política.
La reforma separa las carreras de jueces y fiscales (que en Italia investigan y hacen la instrucción de los casos), pues hasta ahora es la misma y podían cambiar de una función a otra a lo largo de su vida, aunque en realidad esta posibilidad ya se había limitado mucho y era marginal. Pero sobre todo dependerán de dos consejos superiores de gobierno distintos y es aquí donde se introduce el que es, en realidad, el cambio mayor: los miembros de la judicatura y la fiscalía en estos organismos ―dos tercios del total― se elegirán por sorteo, para acabar así, sostiene el Ejecutivo, con el poder del sistema de corrientes internas de las asociaciones de magistrados. Es como si en España los jueces miembros del Consejo General del Poder Judicial se eligieran al azar. El otro punto más novedoso es que los organismos de gobierno dejarán de decidir sobre denuncias a los propios jueces, y se crea un Alto Tribunal Disciplinar externo para juzgar denuncias por errores judiciales.
Simbólicamente, supone la realización de un viejo sueño siempre frustrado de Silvio Berlusconi, que lo veía como la solución definitiva a su guerra contra las odiadas “togas rojas”, pues veía en las investigaciones judiciales contra él una conspiración que era el perverso resultado de la politización de la magistratura. Hay que considerar el contexto de aquellos años: el escándalo de Manos Limpias, la gran investigación judicial contra la corrupción a partir de 1992 que acabó con la clase política dominante (Democracia Cristiana y Partido Socialista Italiano). El vacío de poder luego lo ocupó Berlusconi, que se vio también perseguido por los tribunales. Para él los jueces que le acusaban eran poco menos que agentes comunistas organizados para derribarle con juicios falsos. De hecho, los diputados de su partido, Forza Italia, han salido a la calle tras la aprobación de la medida con una gran foto suya, como si hubiera vencido una batalla después de muerto.
En realidad, es una batalla que ha heredado Giorgia Meloni, que esgrime idénticos argumentos populistas contra los jueces cada vez que le paran los pies, como ha ocurrido con las deportaciones de migrantes a Albania o la misma víspera de la votación con la paralización del proyecto del puente colgante para unir Sicilia a la península. Para Meloni son injerencias de los jueces que van contra la voluntad popular.
El Gobierno argumenta que de este modo se acaba con el corporativismo del gremio y se garantiza mayor independencia en el funcionamiento del organigrama judicial y en la disciplina interna. También que en los ascensos y nombramientos pesará más el mérito que la pertenencia a una corriente ideológica. “Hoy damos un paso importante hacia un sistema más eficiente, equilibrado y cercano a los ciudadanos”, ha dicho Giorgia Meloni. El ministro de Justicia, el exmagistrado Carlo Nordio, responsable de la reforma, ha declarado que “es una victoria dedicada a una idea liberal de la justicia”.
La oposición y toda la magistratura, por el contrario, creen que pone en peligro la independencia de los fiscales, pues ven un riesgo de que puedan estar sujetos a un mayor control por parte del Ejecutivo. Pero es que ni siquiera están claros los efectos de la reforma ni que no vaya a producir incluso uno contrario al deseado por el Gobierno, pues varios expertos han señalado que en realidad podría hacer de los fiscales una figura aún más poderosa. “El objetivo es debilitar la independencia de la magistratura, con la división en dos consejos, y hacer que se someta al poder”, ha clamado Elly Schlein, líder del Partido Democrático (PD), principal fuerza de la oposición. Asegura que la reforma solo sirve para que Meloni “tenga las manos libres y se coloque por encima de la Constitución”.
La mayoría de los constitucionalistas, en todo caso, considera equivocada la reforma y, cosa insólita, cuenta con el rechazo unánime de todas las asociaciones judiciales, siempre en guerra interna, de progresistas a conservadoras. Además, se ha aprobado sin apenas debate en el Parlamento ni diálogo con la magistratura: es la primera vez, no hay precedentes, que el texto de una reforma constitucional no cambia una coma desde su presentación a la aprobación definitiva, en solo 15 meses.
Advertencia crítica de la relatora de la ONU
Como opinión neutral en este enfrentamiento, este mismo jueves se ha conocido que la relatora especial de la ONU sobre la independencia judicial, Margareth Satterthwaite, envió la semana pasada una carta de seis páginas al Ejecutivo advirtiendo de puntos dudosos de la reforma, según ha adelantado el diario Il Fatto Quotidiano. Advierte que “podría privar al ministerio público del estatus y de la garantía de independencia externa que la Constitución asegura a través del principio de unidad de la magistratura”. También señala que se debe garantizar que los nuevos dos consejos superiores “queden libres de influencias políticas y de posibles controles por parte de otros poderes del Estado”.
Del mismo modo, la relatora critica el sistema de sorteo porque, según los criterios de referencia europeos, los magistrados deben poder elegir a sus representantes. Por último, cuestiona el nuevo tribunal disciplinario, pues no cabe el recurso al Supremo y no se garantiza una segunda instancia independiente. La Asociación Nacional de Magistrados (ANM) opina que estas advertencias de la ONU significan que considera la reforma “potencialmente dañina para los equilibrios democráticos”.
En cualquier caso, la reforma se ha envuelto en una bandera política aunque es un asunto bastante técnico, y que tampoco está claro, en realidad, que sea la solución mágica a los fantasmas conspirativos que veía Berlusconi y ahora, Meloni. Pero es desde luego una bandera reconocible de la derecha ―se habla de ello desde hace 30 años― y le da a la líder ultraderechista la oportunidad de presumir de una reforma de calado, porque lo cierto es que es la única que ha sacado adelante desde que llegó al poder hace tres años. Por eso, perder luego el referéndum sería un duro golpe para el Gobierno.
La consulta popular está llamada a convertirse en el choque central de Gobierno y oposición de los próximos meses, la única cita en las urnas hasta las próximas elecciones generales de 2027. Con todas las exageraciones y mistificaciones de estos casos ―ya hoy las valoraciones iban del día histórico a golpe a la democracia―. También con el riesgo para Giorgia Meloni de que se transforme en un plebiscito a favor o en contra de ella. Ya le pasó a Matteo Renzi en 2014, con otra consulta popular cuyo fracaso le llevó a dimitir (por si acaso, la líder de ultraderecha ya ha dicho que ella no lo hará en caso de perder).
Además, está por ver el interés real que la reforma puede suscitar en la ciudadanía, y la pelea política probablemente no ayude a comprenderla mejor. Además de resultar muy incomprensible en la calle, es aún más difícil de explicar en el extranjero, donde el sistema judicial es distinto o ya es incluso como se quiere hacer en Italia.
El Gobierno cuenta a su favor con un escándalo sonado, aún en el recuerdo de la opinión pública, que dio cuerpo a la idea de que los magistrado son una casta italiana más llena de amiguismo y corruptelas. Fue el caso de Luca Palamara, en 2019, un prestigioso magistrado ―llegó a ser presidente de la ANM―, que estaba siendo investigado por presunta corrupción y tuvo conocimiento de ello gracias al aviso de algunos colegas. Entonces se movió para influir en el nombramiento del fiscal que investigaba el caso y salieron a la luz, con grabaciones de conversaciones incluidas, cómo funcionaba el sistema de acuerdos y favores para promocionar y dar cargos a uno u otro magistrado en función de su colocación política y sus contactos. Fue un duro golpe para la credibilidad de la magistratura.
En todo caso el debate es complejo. Por ejemplo, Antonio Di Pietro, el célebre magistrado que encabezó la investigación de Manos Limpias, que luego entró en política para salir años después, se ha mostrado a favor de la reforma. Le parece bien que las acciones disciplinares ya no dependan de los propios jueces y el sistema de sorteo, que elimina el peso de las corrientes internas de la magistratura. “Decir que incide sobre la independencia y autonomía de la magistratura está fuera de la realidad”, opina. Estos días también se ha recordado que la propia izquierda intentó sin éxito una reforma similar en 1997 con el Gobierno de Massimo D’Alema.
