Las autoridades de Israel han comenzado este martes a demoler el complejo en Jerusalén de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA, en sus siglas en inglés). Estaba vacío porque hace un año le ordenó desalojarlo, al prohibirle operar. Ya en diciembre, la policía y empleados municipales irrumpieron en la sede (situada en la parte oriental palestina de la ciudad, ocupada desde hace décadas por Israel) y quitaron la bandera de Naciones Unidas para poner una de Israel. Ahora, la demolición marca “un nuevo nivel de desafío abierto y deliberado al derecho internacional, incluyendo los privilegios e inmunidades de Naciones Unidas, por parte del Estado de Israel”, ha lamentado el máximo responsable de la UNRWA, Philippe Lazzarini.
Desde primera hora de la mañana, las excavadoras han arrasado varios edificios grandes y otras estructuras más pequeñas dentro del complejo, donde antes trabajaban decenas de personas. Algunos exfuncionarios de la UNRWA han asegurado que las estructuras demolidas el martes se habían utilizado para almacenar ayuda humanitaria para Cisjordania y Gaza.
La ultraderecha en el Gobierno de Benjamín Netanyahu ha aprovechado para exhibir su alegría. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, se ha dezplazado al lugar para grabarse junto a una de las excavadoras celebrando un día “histórico”. “Lo prometimos y lo cumplimos: la UNRWA sale de aquí, la UNRWA, fuera”. Más lejos ha ido otro extremista, el vicealcalde de Jerusalén, Arieh King. Tras aplaudir la “victoria” (“son ellos o nosotros”, ha dicho) puntual de este martes, ha manifestado su esperanza de, “con la ayuda de Dios, expulsar, matar y destruir a todas las personas de la UNRWA”. El Ayuntamiento argumentó el año pasado un presunto impago de impuestos (negado por la agencia) para allanar las instalaciones.
El jefe de la UNRWA ha lamentado el “ataque sin precedentes contra una agencia de Naciones Unidas y sus instalaciones” y ha recordado que “Israel está obligado a proteger y respetar la inviolabilidad de las instalaciones de la ONU”, igual que el resto de sus Estados miembros. Hakam Shahwan, exjefe de gabinete de la sede demolida, ve en la destrucción “un nuevo mensaje al mundo de que Israel es el único país que puede violar el derecho internacional y salirse con la suya”.
Se trata del último episodio de la campaña israelí de larga data contra la UNRWA, recrudecida tras el ataque de Hamás de octubre de 2023. Israel acusó a 12 de sus empleados locales en Gaza de estar entre los miles que participaron en él, y Lazzarini despidió a nueve de ellos (por la gravedad de las acusaciones) antes incluso de investigarlo. En octubre, el Tribunal Internacional de La Haya concluyó que Israel no probó los vínculos con Hamás ni una brecha en su obligación de neutralidad, y le ordenó “facilitar la labor de UNRWA y respetar su trabajo y la inviolabilidad de las instalaciones de Naciones Unidas en los territorios palestinos ocupados”.
Netanyahu, sin embargo, viene acusando a la agencia de estar “totalmente infiltrada” por Hamás, y limitando y persiguiendo su actividad, dejando claro que no desempeñará rol alguno en Gaza. La UNRWA provee educación, sanidad primaria, ayudas para comprar comida y ropa y microcréditos para 1,5 millones de refugiados en Gaza y otros 4,4 millones en Jordania, Cisjordania, Líbano y Siria. Su misión emana de la Asamblea General de la ONU, que la renueva anualmente. En octubre de 2024, el Parlamento de Israel aprobó una ley que prohíbe a la agencia operar en el país y a sus funcionarios tener contacto con ella.
Este ha sido también el mensaje este martes del comunicado del Ministerio de Exteriores de Israel, al afirmar que “UNRWA-Hamás [sic] hace tiempo que dejó de ser una organización de ayuda humanitaria para convertirse en un invernadero de terrorismo”. La diplomacia israelí sostiene asimismo que el complejo demolido “no goza de inmunidad alguna” y que su confiscación “se llevó a cabo de conformidad con el derecho israelí e internacional”.
