En enero de 2025, con la atención centrada en Gaza por la firma de un alto el fuego que el primer ministro Benjamín Netanyahu acabaría rompiendo dos meses más tarde, el ejército israelí lanzó la mayor operación militar en Cisjordania desde el fin de la Segunda Intifada, en 2005. Su ministro de Defensa, Israel Katz, hablaba entonces de aplicar allí “la primera lección del método” empleado en la Franja, mientras helicópteros Apache, bulldozers y vehículos militares penetraban en tres campamentos de refugiados del norte: Nur Shams, Yenín y Tulkarem. Al menos 32.000 civiles huyeron con lo puesto, en el mayor éxodo forzoso en Cisjordania desde que Israel la ocupó militarmente en la Guerra de los Seis Días de 1967. Diez meses más tarde, siguen en casas de familiares, mezquitas, colegios o entidades caritativas, sin que las autoridades israelíes mencionen siquiera un horizonte de regreso. Todo ello ―la dimensión y duración del desplazamiento y el patrón de destrucción de infraestructuras― ha llevado a la ONG de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) a concluir que Israel está cometiendo también allí, y no solo en Gaza, crímenes de guerra y contra la humanidad.
Lo argumenta en un informe de 105 páginas que ha publicado este jueves con el título “Todos mis sueños han sido borrados”: El desplazamiento forzoso de palestinos por Israel en Cisjordania. Es el resultado de entrevistar a 31 de los desplazados, analizar imágenes satelitales y órdenes de demolición del ejército israelí en los campamentos; y verificar vídeos y fotografías de las ofensivas.
Un análisis de Human Rights Watch basado en imágenes satelitales reveló que, tras seis meses de ocupación de los campamentos, más de 850 viviendas y otros edificios han sido destruidos o gravemente dañados. Solo analizando las “zonas de destrucción masiva”. Desde altos en Yenín o Tulkarem, podía verse estos meses desde la distancia excavadoras echando abajo edificios o agrandando callejones. Las autoridades locales ven un patrón en la destrucción, a fin de crear dos avenidas en forma de X que permitan el movimiento a los vehículos militares.
Las tropas israelíes niegan a los residentes su derecho reconocido a regresar a los campamentos, pese a que no hay combates desde hace meses. Han disparado incluso contra quienes intentaban llegar a sus hogares y solo unos pocos han podido recoger sus pertenencias, recuerda la ONG. El ejército mantiene bloqueadas todas las entradas.
La autora del informe es la investigadora principal de derechos de refugiados y migrantes de la ONG, Nadia Hardman. En conversación telefónica con este diario, señala que Israel incumple “todos y cada uno” de los requisitos de la Convención de Ginebra que permiten extraordinariamente a una fuerza ocupante desplazar población a la fuerza. Insiste en que la necesidad militar o el intento de evitar daño a civiles no se justifica en una operación tan larga en la que no se ha garantizado una salida segura a espacios con refugio y agua durante un tiempo limitado. “Aquí, [las autoridades israelíes] no han hecho siquiera el esfuerzo de buscar un pretexto. En Gaza, al menos simulaban, exhortando a desplazarse a las que llamaba zonas humanitarias”, agrega.
Se trata, más bien, de una actuación “sistemática” como parte de un plan estatal que se extiende a tres campamentos y afecta a numerosas familias. El ejército israelí ha ido cambiando mientras la fisionomía de los campamentos ―hoy virtualmente vacíos―, dañando al menos 1.460 edificios, según el análisis de las imágenes satelitales de la ONU del mes pasado. “En cualquier caso”, matiza, “un desplazamiento forzoso no tiene que ser permanente para ser un crimen contra la humanidad”.
Al lanzar la operación, la portavocía castrense israelí ya anunció de que duraría “lo que sea necesario”. Y, significativamente, la bautizó Muro de Hierro. Es el concepto acuñado hace un siglo, antes de la creación del Estado de Israel en 1948, por Zeev Yabotinsky, padre intelectual de la corriente ideológica dentro del sionismo en la que se inscribe el Likud, el partido que lidera Netanyahu. Consiste en la necesidad de desarrollar un “poder fuerte” (que denominó Muro de Hierro) que quitase a los palestinos toda esperanza de detener el avance del proyecto sionista.
Oficialmente, es una “amplia operación antiterrorista”, pero el informe recoge también declaraciones de dirigentes israelíes que dibujan un patrón más similar a las intenciones en Gaza: la limpieza étnica. El influyente ministro de Finanzas y socio clave de Netanyahu, el ultraderechista Bezalel Smotrich, ha asegurado que si sus vecinos “continúan con sus actos de ‘terrorismo’”, los campamentos “se convertirán en ruinas inhabitables” y “sus residentes se verán obligados a migrar y buscar una nueva vida en otros países”. Es lo que la ultraderecha israelí llama eufemísticamente “emigración voluntaria”.
Por todo ello, Human Rights Watch pide al Tribunal Penal Internacional (que ya ha emitido órdenes de arresto contra Netanyahu y su anterior ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad en Gaza) que investigue ahora al primer ministro israelí por este desplazamiento forzoso en Cisjordania. También a los ministros Katz y Smotrich y varios altos mandos militares.
