El servicio británico de inteligencia interior, el legendario MI5, comparte la obsesión de su agencia hermana de inteligencia en el exterior, el MI6, respecto a la constante amenaza de intrusión y espionaje por parte de agentes exteriores a las órdenes de gobiernos de países como Rusia, China o Irán. Su director general, Ken McCallum, ha sorprendido y alertado esta semana a los diputados y lores del Parlamento del Reino Unido, junto a altos funcionarios e instituciones democráticas, con una guía diseñada para detectar posibles espías o supuestos intentos de lograr información de manera subrepticia.
“Cuando Estados extranjeros roban información clave y vital del Reino Unido, o manipulan nuestros procesos democráticos, no solamente están dañando nuestra seguridad a corto plazo. También están erosionando las bases de nuestra soberanía y nuestra habilidad para proteger los intereses de los ciudadanos”, ha dicho McCallum a todos los representantes públicos, a los que ha urgido a estudiar con atención la guía.
En realidad, algunas de las cosas indicadas en el texto son casi del manual del espía, y remiten a las prácticas reflejadas en el mundo que plasmaron en sus libros autores como Graham Greene o John Le Carré. “Resulta complicado distinguir una aproximación bienintencionada de otra realizada en nombre de un Estado con propósitos de espionaje o injerencia”, explica. “Los agentes de inteligencia extranjero suelen operar de incógnito, presentándose como diplomáticos, periodistas, académicos o representantes de algún grupo de presión”, añade.
No siempre son operativos que actúan con plena conciencia de su ilegalidad. A veces, señala la guía, pueden simplemente ser peones que están recabando información para un Gobierno rival sin ser conscientes de estar siendo utilizados.
El Reino Unido ya puso en marcha el pasado 1 de julio el llamado Esquema de Registro de Influencia Extranjera (FIRS, en sus siglas en inglés), un intento algo voluntarioso de controlar a los miles de agentes activos que, sospechan los servicios de inteligencia británicos, operan por la isla a su libre albedrío. El FIRS contempla dos niveles de actividad. En el primer caso, se trataría de personas o instituciones que pretenden ejercer alguna influencia en la actividad política del país. En el segundo nivel, tendrían el propósito de desarrollar actividades relevantes en el Reino Unido. El Gobierno dejó claro desde el primer momento que los dos Estados concretos que se ajustaban a estos parámetros eran Rusia y China.
Señales de espionaje
La guía ofrece una descripción detallada de todas aquellas actividades ante las que el representante público debe elevar sus sospechas. Por ejemplo, a través de intentos más o menos disimulados de sonsacar información a través de conversaciones informales. “Un agente que puede ser una potencial amenaza es el que te aporta información incorrecta, con el propósito de lograr que lo corrijas”, dice el manual.
Pero los más peligrosos, señala el texto, son aquellos que logran construir relaciones de amistad a largo plazo. “Cultivar este tipo de contactos empieza con una simple introducción: intereses compartidos o reuniones sociales que son fomentadas”, advierte. “Aunque te resistas a la manipulación, el agente-amenaza puede usar simplemente su relación contigo para obtener credibilidad frente a otros”, advierte.
Otras técnicas son más agresivas, como el chantaje directo, una vez obtenida información comprometida de la víctima (normalmente a través del pirateo informático) o si logra colocarla en una situación de difícil explicación.
Es bastante habitual que los supuestos espías usen técnicas online para acceder a sus objetivos, camuflándose como representantes de organizaciones o páginas web que ofrecen servicios profesionales o posibilidades de ampliar la red de contactos. En 2023, el director general del MI5 ya advirtió que se habían producido en todo el Reino Unido más de 20.000 intentos de este tipo de aproximación.
La tentación más habitual llega a partir de las donaciones económicas. En el caso más burdo, se trataría de sobornar con dinero, de modo ilegal, a los representantes públicos para influir en sus decisiones, en sus declaraciones públicas o en las políticas que impulsan. Pero también pueden ser aportaciones dentro del margen de la ley a partidos políticos. El agente aparecería como el representante de una organización filantrópica, por ejemplo, libre de toda sospecha.
En 2022, el MI5 ya alertó sobre las actividades de Christine Lee, que había transferido donaciones a las principales formaciones políticas con el propósito de adquirir influencia, y llegó a fundar el Proyecto Sino-Británico y a impulsar una comisión parlamentaria de amistad con China, con representantes de todos los grupos.
Finalmente, la guía señala una de las amenazas que más preocupa hoy a los Gobiernos, la desinformación. “Debes estar muy alerta ante cualquier llamada o mensaje que parezca provenir de un colega, pero que en realidad ha sido generada por un actor-amenaza, en forma de bulo o fraude”, advierte a los diputados el MI5. “Los Estados pueden cultivar hoy bulos o contenidos de desinformación que moldean la opinión pública y las decisiones políticas, y que pueden desacreditar a personas concretas”, añade.
La sombra de China
Las recomendaciones del MI5 llegan en medio de un escándalo que el Gobierno de Keir Starmer ha heredado de los anteriores mandatos conservadores, pero que igualmente ha logrado poner contra las cuerdas a su Gabinete. En especial, a su asesor en materia de Seguridad Nacional, Jonathan Powell, un hombre que fue clave en la era de Tony Blair para construir el Acuerdo de Viernes Santo que llevó en 1998 la paz a Irlanda del Norte, y que ha tenido mucha importancia en el diseño del actual plan de paz para Gaza.
En abril de 2024, dos asesores parlamentarios, Christopher Cash y Christopher Berry, fueron acusados de violar la Ley de Secretos Oficiales y pasar información a agentes chinos. Sin embargo, la Fiscalía de la Corona tuvo que sobreseer y anular su investigación, porque no logró obtener la confirmación del Gobierno de que Pekín suponía oficialmente una amenaza a la seguridad nacional.
El Ejecutivo conservador anterior hizo siempre un delicado equilibrio para no señalar a China directamente como amenaza, y preservar así las relaciones económicas y comerciales. Se usaron términos diplomáticos imaginativos como “desafío estratégico”, que el Gobierno laborista asumió como propios. En el ámbito penal, sin embargo, estas sutilezas no bastaban, y el equipo de Starmer fue incapaz de aportar información que sostuviera el caso. En un ejercicio de cierta hipocresía, la actual oposición del Partido Conservador acusa ahora a sus rivales de haber dejado morir la acusación para favorecer a Pekín.
