Gambia ha acusado este lunes a Myanmar ante el Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas (TIJ) de tener intención genocida contra la minoría musulmana rohinyá, en un caso que puede repercutir en la evaluación de otras denuncias, como la presentada en 2023 por Sudáfrica ante los mismos jueces contra Israel por presunto genocidio en Gaza. Aunque el TIJ, en marcha desde 1946, nunca ha determinado que un Estado haya cometido genocidio, una investigación de la ONU concluyó en 2017 que la campaña militar a manos del ejército del país del sudeste asiático, que empujó a unos 730.000 rohinyás hacia Bangladés, incluyó “actos genocidas”.
“Los rohinyá han sido deshumanizados durante décadas, pero son gente corriente con los mismos sueños de vida digna y en paz que cualquiera de nosotros”. Así ha abierto este lunes Dawda Jallow, ministro de Justicia gambiano, las alegaciones de un caso presentado en representación de 57 miembros de la Organización de Cooperación Islámica. Canadá, Francia, Dinamarca, Alemania, Países Bajos, el Reino Unido, Irlanda y las Maldivas también se han unido a la demanda. Sobre las sesiones, planea también el fallo sobre genocidio dictado en 2007 por el propio TIJ.
Fue por Srebrenica, la localidad de Bosnia-Herzegovina donde 8.000 varones musulmanes fueron aniquilados en 1995 por tropas serbobosnias durante la guerra de los Balcanes. “Si aplicamos el mismo estándar probatorio legal de Srebrenica, concluiremos que Myanmar ha cometido actos de genocidio, con intención genocida, en 2016 y 2017”, ha dicho el jurista Paul Reichler, uno de los representantes de Gambia. En esos dos años tuvo lugar la campaña militar ordenada por Myanmar en el Estado de Rakáin, en la costa oeste, y que obligó a cerca de 730.000 rohinyás a huir a Bangladés en uno de los mayores éxodos poblacionales de la historia reciente.
Reichler ha señalado la “existencia de un plan bien organizado por el mando supremo militar para deshacerse de esta comunidad”, perpetrado en varias localidades, “y no en una sola, como ocurrió en Srebrenica”. Ha descrito las atrocidades cometidas contra los civiles, mujeres y niños incluidos, “que fueron asesinados, violados, quemados y mutilados”. Y ha señalado que la operación de limpieza de los rohinyás “servía para destruir a este grupo por su identidad”.
En una intervención anterior a la suya, Philippe Sands, experto en Derecho Internacional, explicó que “el contraterrorismo invocado por Myanmar en sus operaciones militares no anula la intención genocida, y que esta haya podido prevalecer e impulsar las acciones mismas”. En otro momento, ha apuntado que “las víctimas no han sido perseguidas aquí por lo que hacen, sino por ser quienes son”. Varios supervivientes podrán intervenir en sesiones cerradas al público por privacidad.
El TIJ, en marcha desde 1946, nunca ha determinado que un Estado cometió genocidio y, en el caso de Srebrenica, Serbia fue culpada en 2007 solo por no haberlo impedido. Para Reed Brody, miembro de la Comisión Internacional de Juristas, “el umbral para demostrar la intención genocida se fijó muy alto entonces, de modo que fuese la única conclusión posible”, explica. De ahí que en la demanda de Gambia, sus representantes legales “traten de demostrar que el hecho de que haya un conflicto armado no excluye la intención genocida”. Por eso le parece que han hablado “de 42 Srebrenicas” al citar a las localidades rohinyá atacadas, “siguiendo un plan establecido por el poder en Myanmar”. Y por eso cree que el caso de Myanmar “es un ensayo general para el de Sudáfrica contra Israel por el presunto genocidio de Gaza”.
Gambia, un país de África occidental de mayoría musulmana, presentó en 2019 su demanda contra Myanmar. Antes de acudir al TIJ, Myanmar calificó las investigaciones de Naciones Unidas de “sesgadas y erróneas”, y afirmó que la represión se dirigía “contra los rebeldes rohinyás y sus actos de sabotaje”. En 2019, Aung San Suu Kyi, que lideraba el entonces Gobierno de la Liga Nacional para la Democracia, presentó unas objeciones preliminares cuestionando la jurisdicción del tribunal en este caso. Ella atribuyó el éxodo de civiles a una batalla contra los insurgentes y negó la legitimidad de Gambia para presentar la demanda. Sus argumentos fueron rechazados por los jueces, dado que ambos países han firmado la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948), aquí invocada.
El general Min Aung Hlaing dirige la junta militar en el poder en Myanmar desde febrero de 2021, después de dar un golpe de Estado. Era el jefe del ejército señalado por orquestar la ofensiva contra los rohinyás en 2017. En otra instancia judicial, el Tribunal Penal Internacional (TPI), la Fiscalía pidió en 2024 a los jueces que emitieran una orden de arresto en su contra. El cargo es por crímenes contra la humanidad relacionados con la deportación y persecución de la minoría musulmana.
En diciembre de 2023, el Gobierno de Sudáfrica solicitó al TIJ que abriera un procedimiento contra Israel por haber violado supuestamente la misma Convención contra el genocidio. Pidió además que se dictaran medidas cautelares para que se suspendieran las operaciones militares israelíes en Gaza. Sudáfrica esperaba demostrar que Israel había emprendido acciones para destruir a la población palestina que superaban los límites de la legítima defensa.
Un año después, en enero de 2024, y ya en las audiencias del caso, la delegación sudafricana acusó a Israel ante el TIJ “al más alto nivel” del Gobierno israelí de incitar al genocidio en Gaza. Los jueces internacionales ordenaron a Israel —como medidas provisionales— que se asegurara de abstenerse de actos incluidos en la Convención; prevenir y castigar la incitación al genocidio; permitir la entrada de ayuda humanitaria, y tomar medidas para evitar la destrucción de pruebas. El TIJ no ha fallado todavía sobre este caso.
