El líder ultraderechista de la Liga y vicepresidente del Gobierno italiano, Matteo Salvini, ha sido absuelto definitivamente este miércoles en el controvertido juicio del barco Open Arms, de la ONG española del mismo nombre. En este proceso estaba acusado de secuestro de personas y omisión de actos oficiales por impedir el desembarco de 147 migrantes rescatados en el mar en 2019. El Tribunal de Casación, equivalente al Supremo español, ha confirmado la decisión tomada por el de Palermo hace un año y cierra de este modo el caso.
“Defender las fronteras no es delito”, ha proclamado eufórico en las redes sociales Salvini, que había convertido el caso en un símbolo de su lucha contra la inmigración irregular, una de las banderas electorales de su partido. Por el contrario, el director de Open Arms, Óscar Camps, opina que “no es una decisión técnica, es una decisión política”.
“Tampoco hoy se ha hecho justicia, sino que se ha construido una impunidad. Decir que no hay delito cuando un ministro bloquea durante días a personas rescatadas en el mar significa legitimar el uso del sufrimiento humano como instrumento político. Lo ocurrido hoy es preocupante para el Estado de derecho”, ha declarado Camps.
En agosto de 2019, Salvini era ministro de Interior en el Gobierno de Giuseppe Conte, en el que la Liga estaba en coalición con el Movimiento Cinco Estrellas. Emprendió entonces una polémica cruzada contra las ONG que rescatan migrantes en el Mediterráneo, con una política declarada de “cerrar puertos”. Uno de los pulsos más largos fue con el buque de Open Arms. Durante 19 días Salvini impidió el desembarco de 147 migrantes, fondeados ante la isla de Lampedusa. Al final, en una situación crítica a bordo ―dos baños, todos durmiendo en el suelo, 13 personas se arrojaron al agua y 27 menores fueron evacuados―, intervino el fiscal de Agrigento. Ordenó que bajaran a tierra y abrió una investigación, que desembocó en un juicio.
El juicio se había convertido en un debate jurídico crucial, con un enorme trasfondo político, sobre los derechos de los migrantes rescatados en el mar, la actividad de las ONG que los auxilian en el Mediterráneo y las medidas que pueden aplicar los gobiernos para frenar su llegada. Como entonces, es una discusión muy vigente en este momento, en el que el Ejecutivo de Giorgia Meloni aplica la misma mano dura con la inmigración irregular.
Por eso, Óscar Camps considera que crea un precedente peligroso: “No solo borra el pasado, sino que también autoriza el futuro. Autoriza a otros gobiernos a cerrar los puertos, a retener a las personas en los barcos. Nosotros seguiremos en el mar, ellos seguirán en los palacios: la historia juzgará a quienes están del lado correcto”.
La primera sentencia estableció que Italia no tenía ninguna obligación legal de conceder un puerto a la nave y atribuyó esa responsabilidad a España, por ser el primer país con el que contactó el barco tras la operación de salvamento. Con todo, los jueces no dejaron de admitir que las reglas internacionales sobre rescates en el mar están desfasadas, pues no contemplan la actividad de las ONG en el Mediterráneo, y deberían cambiarse.
Los jueces vinieron a decir que con las leyes que hay, aunque las consideren “incompletas” e “inadecuadas”, no habían podido llegar a otra conclusión. La sentencia subrayaba que las leyes que regulan el rescate de migrantes en alta mar son “de hace 40 años” y “un contexto geopolítico completamente distinto del actual”. Es decir, “no contemplan las misiones de naves privadas de ONG (…) para suplir la incapacidad de los Estados y de las organizaciones internacionales de gestionar los flujos migratorios”.
El tribunal no dejó de señalar que sería “deseable, y seguramente no aplazable por más tiempo, vista la entidad de los actuales flujos migratorios, la adopción de un sistema de reglas internacionales dirigidas a imponer a los Estados, en temas de salvamento en mar y asistencia a supervivientes, deberes de cooperación y solidaridad”. Es más, subrayó que absolvía a Salvini por la “vaguedad” de los preceptos internacionales, que no le imponían ninguna obligación de conceder un puerto al barco Open Arms.
