Entre las primeras autoridades europeas y financieras que arquearon una ceja cuando se empezó a hablar de usar los activos rusos bloqueados en la UE para financiar a Ucrania, estuvo la presidenta del BCE, Christine Lagarde. Era el 19 de septiembre. La última pregunta de la rueda de prensa tras la reunión informal de ministros de Finanzas de la zona euro en Copenhague se la adjudicó ella para pedir desde el atril una pequeña aclaración a Valdis Dombrovskis, comisario de Economía y Finanzas, que estaba justo a su derecha en el podio, sobre lo que había dicho acerca de ese préstamo que estaba preparando el departamento que dirige el político letón. Fue solo un detalle. Nada más. Pero expresaba las dudas que ya existían.
Las reservas que pudiera tener la francesa han sido, desde luego, mucho menos ruidosas que las que ha mostrado el primer ministro belga, Bart de Wever, que en la misma ciudad, unos días después, ya empezó a mostrar sus reticencias. Las mismas que fueron creciendo y que este mismo jueves hicieron imposible usar los activos que el Banco Central de Rusia tiene en la UE y forzaron un plan b: el recurso de los eurobonos para dar un préstamo a Ucrania de 90.000 millones en 2026 y 2027.
Las dudas de Bélgica, que temía que los activos rusos se convirtieran en una espada de Damocles permanente sobre su cabeza, siempre fueron comprendidas por el resto de Estados miembros, al menos en público. En este país, que tuvo que cerrar varios aeropuertos algunos días de noviembre al avistar drones cerca en lo que sospecha que fue la acción de “un actor estatal”, eufemismo con el que evitó acusar directamente a Rusia, reside Euroclear, una entidad clave en los mercados financieros de la Unión que se dedica a la custodia de los valores que se compran y venden y que, además, se asegura de que las liquidaciones se hacen correctamente. Euroclear guarda unos 180.000 millones de euros de los 210.000 millones que Rusia tiene en cuentas en la UE (congelados por las autoridades comunitarias desde que empezó la invasión de Ucrania en 2022).
Esas cantidades convertían a Bélgica en el primer país, la primera jurisdicción legal, que se podía ver afectada si cambiaba la situación de los activos congelados. Lo primero que podía pasar —temía el Gobierno belga— era que al acabar la guerra se levantaran la sanciones, Rusia pidiera su dinero y este ya no estuviera disponible porque se lo hubieran dado a Kiev. Eso provocaría un problema legal claro a Euroclear, advierten Karel Lanoo, director del Centro de Estudios para la Política Europea, y Judith Arnal, investigadora de este mismo think tank (laboratorio de ideas), en un documento publicado este mes.
En teoría, esto estaba atenuado porque la Comisión planteaba que los activos utilizados financiarían las reparaciones de guerra que Moscú tendría que pagar a Kiev. No obstante, esto es un condicional que debería asegurarse en las negociaciones de paz.
“Genera un riesgo de refinanciación masivo para el depositario: si las sanciones se levantan antes de que Rusia pague reparaciones, Euroclear tendría que devolver 185.000 millones de euros al Banco Central de Rusia, aunque ese efectivo ya se haya prestado a la UE y desembolsado a Ucrania”, apunta Arnal, también investigadora del Instituto Elcano.
Hay otro elemento que Bélgica esgrimía: las posibles demandas rusas en tribunales de arbitraje internacionales y sus potenciales decisiones negativas hacia lo decidido por los europeos. Para el economista belga Paul de Grauwe, profesor en la London School of Economics, su Gobierno ha exagerado esto: “Rusia no tiene jurisdicción en otros tribunales europeos”, sostiene. Pero ese argumento no ha convencido a De Wever, que exigió garantías “sin límites de cantidad y tiempo” al resto de países de la UE de que, llegado el caso, todos los Estados miembros se harían cargo solidariamente de los costes. La gran mayoría de líderes de la Unión estaban por la labor, pero ese “sin límites” les parecía un exceso.
La Comisión diseñó un complejo sistema de garantías mutualizadas, que después se fue complicando más con la negociación fallida, que incluía una dotación inicial de 105.000 millones, más incluso de lo que estaba previsto tomar. “Este sistema de protección ilustra el principal problema estructural: el instrumento requiere enormes garantías políticas y fiscales”, apuntaban Arnal y Lanoo en su papel.
La primera apunta, además, otro problema “más grave desde el punto de vista de la confianza del mercado”. “Esta operación podría sentar un precedente peligroso en el que los activos soberanos depositados en jurisdicciones europeas pueden ser movilizados unilateralmente para fines políticos. Este precedente puede erosionar la confianza de otros bancos centrales en mantener reservas significativas denominadas en euros en infraestructuras europeas, debilitando el atractivo del euro como moneda de reserva internacional”.
Esto, probablemente, también pesaba en el ánimo de Lagarde cuando pedía esa pequeña aclaración a Dombrovskis en Copenhague hace tres meses. Igual venía a decirlo este mismo jueves, cuando se estaba celebrando el Consejo Europeo, al mostrarse convencida de que los líderes de la UE darían con una solución legal para prestarle el dinero a Ucrania. “Somos una región del mundo que se enorgullece de respetar el Estado de derecho. Estoy segura de que hay soluciones que se pueden debatir y discutir…”, abundó antes de recordar que el BCE no podía legalmente dar un aval de liquidez a un sistema de garantías como el que se planteaba en Consejo.
