Como se daba por seguro, el pulso que mantienen Donald Trump y varias ciudades demócratas por el control militar de sus calles ha llegado al Tribunal Supremo, en un caso que promete tener un profundo impacto en el sistema político de Estados Unidos. La Administración del presidente estadounidense ha presentado este viernes una apelación contra la orden judicial que le prohíbe el despliegue de soldados de la Guardia Nacional en Chicago.
El recurso se presenta después de una serie de reveses para la Administración en sus planes de desplegar a esa fuerza de reserva en una serie de ciudades de mayoría demócrata, donde aseguran que la violencia se encuentra descontrolada hasta límites que hacen falta una intervención militar, pese a que las autoridades locales sostienen lo contrario. Hasta el momento, la Casa Blanca ha ordenado movilizaciones en Los Ángeles en junio; en Washington en agosto, y en Memphis desde la semana pasada. En Portland (Oregón) y en Chicago, sin embargo, jueces de distrito han determinado que la presencia de esos militares en las calles es ilegal; otro magistrado en California ha determinado que la de Los Ángeles también lo fue.
En los tres casos, los argumentos de los jueces son similares. El trío considera que recurrir a los militares viola algún tipo de ley. El magistrado Charles Breyer, en San Francisco, considera que la movilización en Los Ángeles violó la ley Posse Comitatus, que prohíbe que los soldados estadounidenses puedan desarrollar funciones de policía. La jueza Karin Immergut, que activar soldados en Portland se salta la separación de competencias del Gobierno central y los Estados, y la prohibición de que funcionarios federales puedan acometer tareas que corresponden a las autoridades locales. La togada April Perry encuentra que desplegar en Chicago tropas agravaría una situación de confrontación sobre el terreno.
En el caso de Chicago, la Administración alega que unas protestas contra la política de deportaciones masivas de Trump, frente a un centro del ICE, el Servicio de Control de la Inmigración y Aduanas, en Broadview, en las afueras de Chicago, equivalen a un conato de rebelión.
El jueves, un tribunal de apelaciones mantenía la decisión de la jueza April Perry, que daba la razón a Chicago y al Estado en el que se encuentra esta ciudad, Illinois, y se mostraba de acuerdo en que no hay ningún indicio de rebelión en la ciudad.
En su apelación de urgencia al Supremo contra la decisión de la corte de apelación sobre Chicago, la Administración Trump alega que el bloqueo del despliegue “interfiere de manera impropia en la autoridad presidencial y pone en peligro de modo innecesario al personal y propiedades federales”. Los abogados del Gobierno han pedido a la máxima instancia judicial que permita el despliegue de los soldados mientras examina el caso.
La Guardia Nacional es un cuerpo militar de reserva habitualmente bajo el control de los Estados. El presidente puede activar esas tropas en caso de urgencia —por ejemplo, en caso de un desastre natural— pero necesita el permiso del gobernador del Estado implicado. Hay algunas excepciones, como las que contempla la ley de Insurrección, para casos extremos como el estallido de una rebelión. Trump ha indicado que podría plantearse invocar esa ley si lo ve necesario para desplegar esas tropas en las ciudades donde ya lo ha ordenado y otras en el futuro. Entre estas últimas ha llegado a mencionar Baltimore, Nueva Orleans o San Francisco, todas ellas bajo mandato demócrata.
En un mensaje en redes sociales después de que se conociera la apelación, el gobernador de Illinois, J.B Pritzker, ha escrito que Trump “seguirá intentando invadir Illinois con tropas, y nosotros seguiremos defendiendo la soberanía de nuestro Estado”. “Militarizar nuestras comunidades contra su voluntad no solo es antiamericano, sino que también nos lleva por un camino muy peligroso para nuestra democracia”, sostiene el demócrata.
El Supremo ha dado a los representantes legales de ese Estado y de Chicago hasta el lunes a las 17.00 horas locales (00.00 del martes, hora peninsular española) para presentar sus alegatos.
El máximo tribunal estadounidense, de supermayoría conservadora (6-3) ha tendido a dar la razón a Trump en las diversas demandas presentadas contra sus políticas de todo tipo desde el comienzo de su segunda Administración, a menudo pese a la oposición de los tres jueces de ideología progresista.
Este tribunal ha permitido a Trump prohibir que los transexuales puedan alistarse en las Fuerzas Armadas, cancelar partidas de miles de millones de dólares en gasto federal ya aprobado por el Congreso, tomar duras medidas contra la inmigración y cesar a altos cargos de agencias federales independientes.
