El presidente de Gabón, Brice Oligui Nguema, ha hecho pública su intención de convocar un referéndum sobre la reinstauración de la pena de muerte, abolida en 2010. El mandatario gabonés ha encargado al Gobierno que organice una consulta nacional sobre la pena capital en un discurso recogido por la agencia de noticias estatal AGP en el que ha asegurado que “esta discusión debe ser liderada por el pueblo que [lo] eligió”.
Según la agencia gabonesa, el anuncio de este comandante —que participó en el golpe de Estado del 30 de agosto de 2023 que derrocó al presidente de la República, Ali Bongo—, pretende responder a las preocupaciones planteadas por Guy Bertrand Mapangou, presidente del Consejo Económico, Social, Ambiental y Cultural (CESEC), en relación con los crímenes violentos que azotan al país.
En su comparecencia, el líder militar ha defendido la celebración de la consulta nacional, pero no ha especificado cuáles serán las posibles fechas para su convocatoria. Además, ha asegurado que los autores de delitos violentos “no quedarán impunes”, conforme a la información del citado medio.
Mapangou, que ha atendido la comparecencia del presidente, ha afirmado: “Ciertamente, nuestro país es abolicionista por ley”, matizando que “Gabón debe mantener su soberanía e independencia cuando la integridad física y moral de sus niños sea violada, brutalizada o amenazada”, en declaraciones recogidas por el diario Gabon Review.
El Gobierno de Gabón abolió la pena de muerte en febrero de 2010, si bien tres años antes ya se habían eliminado del código penal los artículos que establecían la ejecución de condenados por delitos graves.
La pena de muerte contradice el derecho a la vida y el derecho a no ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, según la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. De acuerdo con la organización, unos 170 países han abolido o introducido una suspensión de la pena de muerte en la legislación o en la práctica. No obstante, “algunos estados también permiten la práctica de la pena de muerte para delitos que no sean de extrema gravedad y que impliquen un asesinato deliberado, entre otros, los delitos por drogas o acusaciones de terrorismo”.
Para Amnistía Internacional (AI), “las personas pobres, las pertenecientes a minorías étnicas, religiosas o raciales, y quienes carecen de recursos para pagar una defensa adecuada son quienes más probabilidades tienen de ser condenadas a muerte”, es por ello que califican esta práctica como “arbitraria y discriminatoria”. Además, AI explica que, en algunos países, las sentencias de muerte se dictan tras confesiones obtenidas bajo tortura o juicios sin garantías.
